Chubut en llamas: no es el fuego, es el capitalismo

Escribe Iván Marín

Ante la desidia estatal y el crimen social de los incendios en cordillera, la población se autoconvoca en solidaridad con los pobladores que perdieron todo.

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La calamitosa situación que vive la población de la Comarca Andina chubutense no tiene parangón en el corto plazo. Según se denuncia en distintos lugares, alrededor de 200 familias perdieron sus casas, habría al menos 12 personas desaparecidas, decenas de vehículos fueron alcanzados por el fuego, cientos de animales muertos y miles de hectáreas arrasadas por los distintos incendios desarrollados en El Maitén, Las Golondrinas, El Hoyo, Cholila y Cerro Radal. Las pérdidas son millonarias y en su inmensa mayoría se descargan sobre las familias trabajadoras de la zona, que en muchos casos han perdido hasta su fuente laboral, como es el caso de varios talleres convertidos en cenizas. Un crimen social que vuelve a poner de manifiesto la responsabilidad del Estado y la decrepitud del régimen político y social. Como ocurre con la megaminería, solo el pueblo salva al pueblo: las autoconvocatorias en solidaridad con las víctimas se desarrollan a largo y ancho de toda la provincia.

El Gobierno de Mariano Arcioni declaró “zona de desastre” a las localidades que sufren las consecuencias de los incendios que aquejan desde la tarde de ayer al Paralelo 42 chubutense. El prominero ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, manifestó que se hará presente en el lugar y realizará una denuncia penal, ya que le "llama la atención que en 3 horas hubiera incendios en 7 localidades", lo que lo llevó a afirmar que estamos en presencia de un “ecocidio”. No utiliza el mismo criterio para calificar las catástrofes ambientales producidas por la megaminería, el agronegocio y demás industrias en manos de los grandes capitalistas.

La pusilánime parsimonia con la que respondieron a la crisis los gobiernos de Arcioni como el de Alberto Fernández fue contrarrestada por la anhelada lluvia que se precipitó en la zona en horas de la medianoche y durante el transcurso de la jornada. Así y todo, los peligros no se disiparon, pues el fuego subterráneo y en la superficie suele ser el más engañoso. Por lo que se hace imprescindible aumentar los recursos para esta ardua tarea.

Ajuste y desidia, un combo mortal

La provincia atraviesa una crisis económica, social y política histórica. Hace más de tres años que las políticas de ajuste se sienten en todos los servicios del Estado, y esto incluye no solo el pago atrasado a los trabajadores y jubilados, sino también al desfinanciamiento en salud, educación y áreas como el Servicio Provincial del Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Bosques. Los trabajadores de este sector han sido activos protagonistas de las rebeliones populares en 2018 y 2019, obteniendo logros importantes, como por ejemplo que el plantel que se encontraba en situación de precariedad laboral -el 50% del total- pasara a planta permanente. De todas formas, a ellos también les caben las generales de la ley y a todos les deben el sueldo de febrero y a otros también el de enero. En lo que hace a la Indumentaria específica para el combate de incendio cuentan con la misma ropa desde el 2015 cuando en realidad tiene una vida útil de dos temporadas, es decir trabajan con trajes obsoletos en una actividad sumamente peligrosa.

Si bien desde el Gobierno se expresa que los incendios fueron todos intencionales, vecinos de la zona denuncian que el ocurrido en La Golondrinas habría sido producto de un cortocircuito en un transformador, posiblemente por el roce con ramas de árboles. Ya habría ocurrido en otras oportunidades. La falta de financiamiento también sería la principal responsable, al menos de este foco en particular. Recordemos que en la provincia el servicio de electricidad se encuentra en la mayoría de los casos en manos de cooperativas locales, todas ellas con deudas millonarias con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

La sospecha de que detrás de la mayoría de los focos estaría el negocio inmobiliario suele ser esgrimida a modo de certeza por los pobladores. Por ello han nacido iniciativas en otras oportunidades para que se preserven por ley las tierras incendiadas y se prohíba su venta. Grandes terratenientes como Benneton o Joe Lewis también están entre los acusados de pretender hacer negocios con estos siniestros.

Del otro lado, no hay que descartar que el Gobierno y estos terratenientes aprovechen la ocasión para volver a embestir contra los pueblos originarios. Hoy en ADN Sur se volvió a hacer referencia a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La criminalización de la protesta social en esa zona viene acompañada del sicariato y de la propia represión estatal, como lo registran en el pasado reciente la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La solidaridad popular

Como ocurrió en 2017 con las inundaciones en Comodoro Rivadavia, la respuesta de la población chubutense en toda la provincia fue inmediata. En las primeras horas de la madrugada se empezaron a conocer decenas de iniciativas espontáneas, ya sea personales o colectivas, en solidaridad con las víctimas de los incendios en cordillera. Hay que seguir desarrollando estas autoconvocatorias con control popular de la distribución de lo que se recaude para que no caiga en las manos corruptas del funcionariado estatal y sus punteros.

En los lugares donde se desarrollaron los incendios, la indignación y bronca debe dar paso a asambleas populares para conformar comisiones independientes que investiguen a los responsables de este crimen social. Allí también se debe deliberar una exigencia para que se concreten las innumerables promesas incumplidas de mayor presupuesto para el combate del fuego: hace falta más personal, maquinaria, herramientas y equipamiento de alta tecnología.

El pueblo chubutense viene de lograr la suspensión del tratamiento en Legislatura del proyecto de zonificación minera, que podría llevarse adelante el próximo martes 16 de marzo. No hay que bajar la guardia con la deliberación de las bases y las movilizaciones. Hay que concretar la marcha a Casa de Gobierno votada por unanimidad en el corte de Ruta 3 el jueves último. Las consecuencias catastróficas del capitalismo en el medio ambiente las estamos viviendo en todo el mundo con la crisis humanitaria por la pandemia de Covid-19. Este sistema no tiene nada para darle a la inmensa mayoría de la población, más que penurias, explotación y opresión. No es el fuego el responsable de lo que ocurre en cordillera, es el capitalismo. Las asambleas populares son un ámbito propicio para el avance de la consciencia al respecto y discutir salidas de conjunto. Son los embriones del poder obrero y popular que precisamos para un régimen político y social que se sostenga en la defensa del medio ambiente y de las mayorías populares. ¡Por la Huelga general en defensa de los salarios y el medio ambiente!

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