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Si se la despoja de sus aires conventillescos, la pelea desatada entre Beatriz Sarlo y el gobierno Kicillof pone de manifiesto las consecuencias profundas del carácter capitalista del proceso vacunatorio, en Argentina y en el mundo. Localmente, revela la mediocridad política del elenco de gobierno que se autopercibe como “nacional y popular”.
Cuando Kicillof anunció la posible campaña de “notables” promoviendo la vacunación con Sputnik V, explicó que “la vacuna no era obligatoria” y, que por lo tanto, era necesaria una acción publicitaria para vencer el temor a la Sputnik, aparentemente generado por la campaña en su contra. En cambio, no se detuvo a explicar por qué la vacunación no es obligatoria: ocurre que, como condición para proveer las vacunas, los laboratorios productores le transfirieron a los estados nacionales la responsabilidad civil o penal por los eventuales daños o efectos colaterales de su uso. En estas páginas hemos explicado con detalle la crisis que llevó a la ruptura de pre-contratos con Pfizer. Pero los estados tampoco quieren asumir esa factura. Por lo tanto, la vacunación es “privada” a dos puntas: en la apropiación de los beneficios que redundan de su producción y de su venta, por un lado, y en la responsabilidad que asumen los vacunados por haber "elegido" hacerlo.
Los “registros de inscripción” son el testimonio de que cada persona se vacunó por voluntad propia. Pero esa vacunación voluntaria tiene otra consecuencia: habilita la vacunación de mercado, sin que se adopte ninguna norma que establezca la responsabilidad por sus efectos, sean ellos causados por los productores o quienes administran la inoculación. Lo único cierto es que por la vía de la no obligatoriedad y la libre elección, el último eslabón de la cadena, o sea, la persona vacunada, asume la responsabilidad jurídica por la consecuencia de sus actos. El kirchnerismo debe confiar que los recursos a la Justicia que deja este desatino como única vía, acabe como con las jubilaciones, donde se apuesta al fallecimiento del damnificado.
Por ahora –sólo por ahora-, esta “vacunación de mercado” se encuentra mediada por los estados nacionales, que le compran a los laboratorios las vacunas. La disputa por el mercado se desarrolla, hasta cierto punto, entre grandes potencias, aunque ya ha comenzado la demanda de la vacuna por farmacias y corporaciones privadas. Los estados amparan a “sus” laboratorios – aunque varios países de la UE están rechazando la provisión de AstraZeneca porque no protege a los mayores de 60 y porque acaba de conocerse un caso de trombosis en una vacunada. La lucha por la supremacía mundial se manifiesta en algo paradójico, pues China está restringiendo las inoculaciones internas para arrebatar mercados en el exterior. De todos modos, los laboratorios y sus “hermanos” capitalistas quieren compartir con el Estado esa intermediación, con la vista puesta en una vacunación que habrá de repetirse por décadas. El Senado brasileño aprobó recientemente la compra-venta privada de vacunas, y la UCR, en Argentina, presentó un proyecto similar.
En el marco de esta guerra comercial, la Sputnik soportó una feroz campaña internacional en su contra, que en Argentina tuvo como impulsores a los agentes financieros fastidiados por el fracaso del acuerdo con Pfizer. La provisión de la Sputnik fue en su momento un salvavidas político para los Fernández. Pero ahora debe lidiar con el escaso envío de vacunas de Rusia y con la crisis de AstraZeneca, con la que había contratado la producción y el envase de la vacuna en Argentina y en México, respectivamente. La “burguesía nacional” (grupo Sigman, afín a los K) está asociada en este negocio, el cual, por cierto, aún no le aportó una sola vacuna a la Argentina. En A24, Rolando Graña denunció que los Fernández rechazaron un acuerdo por diez millones de dosis de Sputnik V, para salvar los contratos con Astra-Zeneca-Sigman. Debido a la política de ajuste pactada con el FMI, los nacionales y populares le mezquinan dinero al Instituto Malbrán para avanzar en una vacuna de Argentina, como le ocurre también al Instituto Butantá de Brasil. Pero no a Cuba, ya lista para lanzar la vacuna Soberana.
Así las cosas, los K enfrentaron la crisis vacunatoria con encubrimientos. Evitaron, por sobre todas las cosas, una lucha política y una denuncia a los lobbystas de Pfizer-AstraZeneca, a los cuales, en este último caso, se encuentran asociados. Y trataron de salvar la vacunación con la Sputnik a través de maniobras publicitarias. Los figurones que se prestaran a la campaña se verían recompensados por una vacunación anticipada. Sarlo lo entendió como un privilegio y una cooptación, y rechazó el ofrecimiento. No se equivocó: la vacunación de funcionarios, gobernadores o “notables”, con el pretexto de desarrollar la “confianza popular”, es una gigantesca impostura. Los únicos habilitados para generar esa “confianza” son los científicos y médicos –la mejor manifestación de “confianza” debería residir en la vacunación de todos los trabajadores de la salud, ¡que aún no se ha completado! Más ‘generosa ha sido la vacunación especial para funcionarios y punteros, e incluso alcahuetes mediáticos. En esa lista, revistan desde los Fernández hasta las decenas de intendentes, jefes y subjefes que se vacunaron con los dos dedos en “V”.
La vacunación masiva plantea una lucha política, como ha ocurrido, en todo el año, y sigue ocurriendo (“presencialidades”), con la pandemia. La cuestión de la salud y la vida no es “natural”, sino que expone el carácter vencido o agotado de una sociedad y de los métodos con que se reproduce, y ello plantea la más extraordinaria de las luchas políticas. Una sociedad que priorice la vida y la salud sólo puede construirse por los trabajadores, sobre las ruinas del capitalismo.
