Incendios en cordillera: La Cámpora pacta (otra vez) con Arcioni

“Las construcciones de las viviendas se están haciendo pero gracias a la gente que dona. El Estado no está presente”. “En la parcela 26 la única asistencia que hemos tenido del municipio fueron 20 metros de manguera y bidones con nafta. Es penoso porque a nosotros no nos quedó ni una motosierra. Nosotros no comemos nafta ni banderas. Que se hagan responsables”. “Hay gente todavía internada con quemaduras, hay vecinos que fallecieron”. “Va a haber que tomar alguna medida para que nos vengan a dar una respuesta inmediata, porque se nos acerca el invierno. Hace dos días ya hicieron 4 grados bajo cero”. “Los políticos están jugando con nuestras necesidades, van a sacar las cosas que a nosotros nos llegaron dentro de dos meses cuando haya elecciones”. “Están jugando con nuestras necesidades, se están quedando con nuestras cosas porque las van a usar para hacer campaña, todo lo saben”. “Ellos están buscando que vayamos y prendamos fuego el municipio. No somos gente violenta pero que se preparen porque esto va a ser muy groso si nos llegamos a enojar de verdad”. Estas afirmaciones se escucharon en la conferencia de prensa que realizaron el 30 de marzo vecinos de los barrios Eco Aldea, Bosques al Sur y Parcela 26 (también conocido como El Pinar), de algunas de las zonas destruidas por los incendios cordilleranos del 9 de marzo.

Como se observa, todos los dardos de la población, ya sea por su responsabilidad en los incendios como por su falta de asistencia a los damnificados, apuntan al Estado, en sus tres estamentos, nacional, provincial y municipal. Augusto Sánchez, el intendente por el PJ-kirchnerismo de Lago Puelo y Pol Huisman, mandatario por Nuevo Encuentro en El Hoyo, está en el ojo de la tormenta. A 26 días de los incendios aún no se restablecieron los servicios de agua y electricidad.

El explosivo escenario se desarrolla en una provincia ya de por sí convulsionada por las políticas de ajuste del gobernador Mariano Arcioni y los intentos por implantar la megaminería. Con sus flujos y reflujos se vive desde hace aproximadamente 4 años un estado de movilización permanente en las calles, proceso bautizado por sus protagonistas como “Chubutazo”, en alusión a otro de similares características que se llevó puesto al gobernador pejotista Néstor Perl en 1990.

Las bravuconadas entre el diputado nacional por La Cámpora, Santiago Igón, y el facistoide ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, a raíz del fallido operativo de seguridad que rodeó a la visita del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo a los pocos días de los incendios, y que no pudo evitar el repudio popular a su presencia en la zona, se entienden en este contexto. Los “pases de factura” si bien expresaron una crisis política entre el oficialismo provincial (Chubut al Frente) y Nación, también evidenciaron rencillas estrictamente electorales: se rumorea que ambos personajes pretenden ser candidatos a senadores por sus fuerzas políticas. El encontronazo tiene un antecedente. En noviembre de 2019, tras una represión a la docencia, Igón tuiteó exigiendo la renuncia de Massoni, entonces ministro de Gobierno, y logró su cometido. Al igual que en aquella oportunidad, el “progresismo” provincial procura revestir de ropaje “democrático” la exigencia de renuncia encubriendo sus pretensiones políticas: en 2019 presionar a Arcioni para tener más injerencia en el Gobierno; en 2021 de cara a las elecciones de medio término.

La camorra fue desactivada desde esferas nacionales. Primero Arcioni se reunió con Sergio Massa, su padrino político, y acordaron bajar los decibeles y sostener a Massoni. Luego, el 31 de marzo, el gobernador se encontró con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en Buenos Aires. Detrás de este pacto de “gobernabilidad” entre La Cámpora y Arcioni está la concreta amenaza de rebeliones populares en las zonas de los incendios, como quedó claro en la conferencia de prensa mencionada más arriba. Si hasta el momento no se produjeron grandes movilizaciones es porque los vecinos están preocupados en las reconstrucciones de sus viviendas ante la inminencia de la temporada de lluvias y cuando ya se hacen presentes las primeras heladas. La Cámpora y Arcioni no se “sueltan la mano” no solo porque ambos pertenecen al Frente de Todos, sino, y principalmente, porque se necesitan mutuamente: unos defendiendo las gestiones municipales y nacional y el otro la provincial.

La catástrofe ígnea cordillerana, un indiscutible crimen social contra la población de la zona, concentra todos los ingredientes de una fenomenal crisis política. Por un lado, pone en evidencia, el rol histórico del Estado en defensa de los grandes capitalistas de la zona: desmantelamiento del bosque nativo en favor de empresas madereras y negocios inmobiliarios, implantación de vegetación exótica. Por el otro, denota las graves consecuencias de las políticas de ajuste: falta de mantenimiento de las redes eléctricas y de gas y de inversión para el combate del fuego. La responsabilidad no deja afuera a ninguna de las fuerzas políticas patronales, ya sean las que actualmente se encuentran en gobierno, Frente de Todos (PJ-kirchnerismo en sus distintas variantes, como así también el oficialismo provincial de Chubut al Frente), y las que lo estuvieron en la zona o a nivel nacional, por ejemplo Cambiemos (UCR y PRO).

De todas formas, el pacto entre La Cámpora y Arcioni se sostiene en el fangoso terreno de un creciente descontento social hacia la política tradicional, es decir, hacia las fuerzas políticas patronales. Es lo que expresan las multitudinarias autoconvocatorias en solidaridad con los afectados por los incendios que nada quieren saber con la intervención del Estado y los partidos políticos del régimen en la distribución de las donaciones recolectadas. El repudio al presidente Fernández se inscribe en ese descontento. La situación amerita desarrollarlo con una intervención independiente de las masas en el conjunto de la provincia contra las políticas de ajuste y en defensa del medioambiente.