Desocupación y miseria social: el programa de Arroyo y Fernández

Escribe Eva Gutiérrez

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El gobierno de Alberto Fernández y su ministro Arroyo han recalentado dos recetas archiconocidas.

Han anunciado un plan para la refacción y reparación de escuelas, manejado por los municipios y organizaciones sociales que ya se están postulando como capataces de ese trabajo ultraprecario. A cambio de participar en la cuadrilla, el compañero recibirá un complemento que, en el mejor de los casos, llegaría a duplicar el plan. O sea $17.000 por cuatro horas de trabajo… temporario. Un “salario” que no cubre ni el 50% de la actual canasta de pobreza.

Por su parte, el anuncio de la tarjeta alimentaria se limita a las madres con hijos menores de 6 años. Y deja afuera a desocupados que tienen hijos mayores de esa edad, a jóvenes sin trabajo y sin hijos, a mayores que aún no pueden jubilarse, a ancianos pensionados o que cobran la jubilación mínima, es decir, a la mayoría de pobres.

La tarjeta alimentaria de $4.000 representa $133 por día. El gobierno dice “preocuparse” por una “alimentación nutritiva”, cuando apenas alcanza para un paquete de fideos o menos de un kilo de pan.

Retomemos la lucha por el trabajo genuino

Desde el Argentinazo, los mismos gobiernos incapaces de terminar con el hambre se dieron a la tarea de desactivar a la rebelión popular y cooptar a los movimientos de desocupados. La base material de esta política de cooptación ha sido el asistencialismo (planes sociales, entrega de alimentos), como contracara de un régimen social que fue consolidando la desocupación y la precarización laboral como engranajes sistemáticos y permanentes de todos sus gobiernos.

Diversas organizaciones de desocupados fueron aceptando el manejo de las conquistas como forma de autoconstruirse a cambio de adaptarse a la perpetuación de la miseria social. La contrapartida de esta acción “social” es la completa sujeción de estas organizaciones a los partidos patronales.

Este seguidismo se aprecia en el apoyo a una de las vigas maestras de sus políticas –la reivindicación de la “economía popular”. Sobre esta base, se presentan como “emprendimientos” a la institucionalización del trabajo precario. “Cooperativas” para construcción, producción de pan casero o huertas comunitarias, que no pueden competir en el mercado, alimentan a punteros e intendentes que se valen de mano de obra de miles de compañeros a cambio de un plan social.

Al Ministerio de desarrollo social, y al gobierno en su conjunto, se han integrado como funcionarios o diputados dirigentes de organizaciones de desocupados o movimientos sociales. Es el caso de Alderete de la CCC, Menéndez de Barrios de Pie, Pérsico del Movimiento Evita, o Rafael Klejzer del movimiento La Dignidad, entre otros.

En el debut del nuevo gobierno (y de sus funciones) sus organizaciones no volvieron a la calle durante diciembre, cuando miles de compañeros fueron dados de baja en sus planes, la entrega de mercadería fue escasa y muchas organizaciones y provincias enteras no recibieron alimentos ni canastas navideñas. La integración al Estado, sin embargo, no dará salida ni respuesta a la carestía y la persistente falta de trabajo, que se agigantan ante el carácter ultralimitado de las medidas oficiales

Es necesario que defendamos la independencia frente al nuevo gobierno, y desarrollemos un frente único por los siguientes reclamos:

Derecho al trabajo, plan de obras públicas y viviendas bajo control de los trabajadores, con salario y convenio. Pase a planta permanente de todos los que trabajan en municipios y en el Estado, con derechos laborales, aporte jubilatorio y obra social.

Por una tarjeta alimentaria universal a todos los desocupados, incluyendo a pensionados y jubilados, equivalente a las reales necesidades de sus familias.

Sostenimiento de comedores y merenderos a cargo del estado.

Allí donde se plantee el ingreso a las cuadrillas u obradores, es necesario que entremos organizados y con un programa para superar el trabajo precario o la autoexplotación, así como una política dirigida a la unidad con los trabajadores estatales y municipales de cada distrito, y sus organizaciones.

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