Deuda externa y lucha obrera

Un informe reciente de la consultora Analytica “proyecta que la economía se contraerá entre 2,5 y 3%, con el consumo cayendo entre el 3,3 y 3,8%, y la inflación entre 42.3 y 39.4 por ciento”. ¿Dónde está la salida a la crisis?

Para Analytica, “el crecimiento, en el corto plazo, no depende ni de las exportaciones, ni de las inversiones, ni del crédito”; “las claves, agrega, serán el salario, el tipo de cambio y las tarifas”.

Estos datos secos hablan mucho, porque descartan que un acuerdo de deuda con los fondos internacionales sirva para mover la variable del financiamiento: inversiones y créditos. En su columna de Infobae de este domingo, el analista Pablo Wende anticipa que la “reestructuración” de deuda en ciernes, incluso si se concretara, dejaría al costo del financiamiento argentino en una tasa exhorbitante del 10% anual en dólares, anulando cualquier perspectiva de crédito para los capitalistas privados. Ahora, un acuerdo con acreedores que no contribuya a la recuperación económica de la empresa en quiebra o default está condenado al fracaso, por definición, y a ahondar la crisis política cuando se trata de un país. El escenario de la consultora es lógico cuando la previsión de inflación es tan alta, a pesar de tarifas y tipo de cambio congelados, y cuando se sabe que los bancos son convidados a invertir los recursos que recogen en Leliq, que llegan al billón y medio de pesos. Lo más razonable, en estas circunstancias, es declarar una cesación de pagos en forma unilateral e indefinida, para utilizar los recursos presupuestarios y la autonomía monetaria para financiar un plan de obras públicas, inversiones industriales, aumentar salarios y jubilaciones. Para que esto funcione, el control del comercio exterior debe pasar enteramente al estado, lo mismo que el sistema bancario, a lo que hay que agregar los recursos estratégicos, para priorizar metas económicas. Esto significa, por un lado, incursionar fuertemente en los derechos de propiedad del capital y, por el otro, establecer un control obrero en los lugares de trabajo. No es este el horizonte histórico de los Fernández y su coalición política.

En cualquier caso, sin embargo, Alberto Fernández reaccionó de mala onda, para la tribuna, ante el fracaso del ‘reperfilamiento’ que intentó Kicillof, con la deuda bonaerense, y todavía peor cuando su ministro Guzmán trató de canjear, con quitas, un bono llamado dual, por u$s1.660 millones. Insinuó la posibilidad de entrar en default si se repiten estos fracasos. Pero un default no puede ser circunstancial, tiene que ser estratégico, pero por sobre todo plantea una reorganización radical de la economía, responsable, en primer lugar, de los endeudamientos crecientes y de las bancarrotas que las acompañan.

El default está planteado objetivamente y así lo descuentan los bonos de la deuda de Argentina, que cotizan por debajo del 40 por ciento. A esto se añade la presión política, para que los bolivarianos y sanmartinianos del Río de la Plata se alineen con Trump frente a las crisis políticas en Bolivia y Venezuela. En la agenda, Trump ha metido exigencias para que se anulen o paralicen inversiones chinas, lo que de ocurrir privaría a Argentina de financiamiento alternativo. ¿Pero cómo evitar el condicionamiento de las guerras económicas, inherentes al capitalismo? El impasse está instalado en el corazón del sistema.

Es en este contexto que se presentan grandes desafíos para los trabajadores, porque un arreglo de la deuda viene acompañado con un ajuste – monetario, laboral y social. Los Fernández han puesto más empeño en suprimir la movilidad jubilatoria y eliminar las cláusulas gatillo de los convenios, que en organizar la pelea contra quienes le sabotearon el ‘reperfilamiento’, en un caso, y el canje con quita, en el otro – los fondos Fidelity y Templeton, secuaces del macrismo. La pelea contra un ataque a los derechos laborales y sociales debe desarrollarse con toda la convicción de que hay una salida fuera del capitalismo, y que además no hay otra.