Fernández-Larreta: entre la presencialidad escolar o el adelanto de las vacaciones de invierno

Escribe Mariano Hermida

Tiempo de lectura: 2 minutos

Todos los medios dan por hecho que el 31 de mayo próximo se termina el “confinamiento estricto” que el gobierno estableció en el último DNU, e incluía la suspensión de las clases presenciales en los distritos y provincias que se encuentren en “alarma epidemiológica”. En rigor, la suspensión de la presencialidad escolar a nivel nacional sólo se produjo durante tres días hábiles. Son los mismos que bregaron en marzo por un "regreso seguro” a las aulas y que, afirmaban más tarde, “las escuelas no contagian”.

Actualmente, la suspensión de la presencialidad tiene lugar en 130 distritos bonaerenses, y en algunas provincias. En el caso de la Capital Federal, Larreta suspendió también la educación virtual. El verso de que les “importa la educación de los chicos” se desmoronó y la Corte Suprema en este caso no ha abierto el pico para garantizar el “derecho a la educación”. El gobierno porteño está analizando volver de inmediato a la presencialidad en los niveles inicial y primaria, mientras que la secundaria continuaría con la “bimodalidad” (presencial-virtual), a partir del próximo lunes. Lo mismo han dejado trascender Schiaretti en Córdoba y Omar Perotti en Santa Fe. El ministro de Educación Nicolás Trotta ya adelantó que “en algunas provincias se va a poder sostener la presencialidad porque están en zona de bajo o medio riesgo” (Ámbito, 22/5).

El gobierno ha declarado que insistirá en el cierre de escuelas solamente allí donde el "semáforo" se ponga en rojo. O sea ‘ex post facto’, después de que los contagios y los fallecimientos desborden. Es lo que propone también Eduardo Salas, del aparato de los Pitrola. El proyecto de ley “semáforo” que ya tiene la aprobación del Senado, establece que “los parámetros para definir la situación epidemiológica se basarían o estarían divididos en bajo riesgo: entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; mediano riesgo: entre 150 y 250 contagios; alto riesgo: entre 250 y 500 casos y alarma epidemiológica: más de 500 positivos y 80 por ciento de ocupación de UTI” (Página/12, 28/5). Las decisiones de cierres, de todas maneras, las tomarían los gobernadores; la Nación solo podría intervenir si después de 21 días la jurisdicción continúa en alarma epidemiológica (ídem). Una ley semejante, en Alemania, ponía el ´rojo´ con 150 casos, lo cual la convertía en preventiva, no en fiasco que han parido los Fernández. En Nueva Zelanda hubo un cierre a partir de un solo contagio. Las direcciones sindicales vinculadas a la CTERA acompañan al gobierno nacional, cuando se registran alrededor de 100 docentes fallecidos por covid-19.

Las agrupaciones referenciadas en el FIT-U, hicieron punta en lo de la ´presencialidad segura´ - más papistas que el Papa, como ocurre con los conversos. Ahora plantean la suspensión allí donde el colapso sanitario ya haya llegado (semáforo "rojo”). El hecho de que centren su posición en un proyecto de ley sobre vacunas delata que van mucho menos rápido que el virus, cuando se necesitan paros, huelgas y movilizaciones para cerrar, primero, todos los ámbitos no esenciales y financiar con fuerza el sostenimiento de las familias trabajadoras, e imponer por la misma vía la nacionalización de los laboratorios y la elaboración de una vacuna propia por parte de los laboratorios estatales – el Malbrán.

La docencia, en cada provincia, está deliberando acerca de los propósitos oficiales de reiniciar las clases. De nuestra parte, impulsamos asambleas, auto convocatorias y comités de base, para dar una lucha contra la presencialidad criminal.

Que el Estado garantice todos los recursos necesarios para el sostenimiento de la Educación Virtual, un salario básico por cargo igual al costo de la canasta familiar y una garantía salarial para todos aquellos docentes sin trabajo.

Suscribite a Política Obrera