El sistema sanitario desde adentro: del desquicio a la lucha

Algo une a los trabajadores de la salud que en estas horas estamos protagonizando importantes conflictos en nuestro país: el colapso sanitario está impactando de lleno en las condiciones de trabajo, agravando nuestras ya agraviantes jornadas laborales. La política de los gobiernos y autoridades sanitarias desconoce el desborde epidemiológico a la hora de garantizar aperturas y reaperturas a pedido de las patronales; pero se vale de éste para ajustar el torniquete laboral contra profesionales de la salud largamente sobreexigidos. La pandemia recrudece y, en plena emergencia, los trabajadores de la salud estamos pasando del agobio a la lucha.

En Córdoba, que ayer llegó al pico histórico con más de 5300 nuevos casos, una asamblea autoconvocada de residentes votó ir la huelga contra una resolución del gobierno provincial que disponía un traslado compulsivo de las residencias de Clínica, UTI, Neumonología, Medicina Familiar e Infectología al Hospital Rawson. El paro, acompañado por asambleas y protestas en sus lugares de trabajo, logró revertir, en cuestión de horas, la medida desesperada improvisada por las autoridades sanitarias.

En el Hospital Lacarde de San Miguel, en el conurbano bonaerense, 50 médicos renunciaron denunciando aprietes y patoteadas reiteradas de la directora del Hospital vinculada al Intendente macrista, Jaime Méndez. Se trata de una liquidación completa de los servicios de Clínica Médica y Cardiología. Los representantes de la CICOP que se acercaron en solidaridad fueron repelidos violentamente por la seguridad privada. El hostigamiento pretende ser el método para quebrar una huelga que ya llevaba dos semanas contra la misera salarial de médicos que cobran alrededor de 50 mil pesos por mes.

La renuncia se convierte, como advertimos desde estas páginas, en el recurso último de los trabajadores para denunciar una situación dramática, cuando ella se torna intolerable.

En La Matanza, centenares de trabajadores de la salud salieron a la calle a repudiar la paritaria firmada por el Intendente peronista, Fernando Espinoza, con la burocracia sindical. Los “esenciales” quedaron por debajo de la línea de pobreza. “Quisiéramos no tener que manifestarnos en pandemia”, rezaban en un flyer, “pero la indiferencia y la falta de respuestas de Espinoza y la Secretaría de Salud nos exponen a hacerlo”. El pico de casos en el municipio encontraba al Hospital de Niños de San Justo en un paro por tiempo indeterminado. Días atrás, los residentes de Malvinas Argentinas protagonizaron, por los mismos motivos, un paro y movilización.

En CABA, residentes y concurrentes del Hospital Tornú nos reunimos en asamblea frente al segundo intento de las autoridades del efector, en lo que va del año, de cortar las rotaciones por diferentes servicios y hospitales, que constituyen instancias formativas irreemplazables para las diferentes especialidades. “Tienen que ceder su formación por la pandemia”, nos decían, cuando la realidad es que el cierre de consultorios, prestaciones y servicios que abordan múltiples problemáticas, en función del Covid, está llevando a un nivel superior a la crisis sanitaria. Finalmente, las asambleas lograron retrotraer una medida que, como en Córdoba, amenazaba con un traslado compulsivo a las salas de internación.

En el Hospital Fernández, residentes de Medicina General y Familiar (MGyF) denunciaron que fueron amenazados con la “no promoción del año” si no aceptaban ser “refuncionalizados” en las salas de Covid. La residencia rechazó el apriete en defensa de la población que está bajo su área de responsabilidad en los centros de salud. Las residencias de MGyF son, muchas veces, la única puerta de acceso para un tratamiento frente a enfermedades crónicas, consultas pediátricas, ginecológicas, obstétricas y de todo tipo para poblaciones como, en este caso, de la Villa 31.

En la otra punta del país, en Mendoza, los residentes de Clínica, Tocoginecología, Cirugía, Pediatría y Gastroenterología de San Rafael se reunieron en asamblea y denunciaron el intento del director del Hospital de ponerlos a cargo de la terapia intensiva, sin supervisión ni capacitación alguna. Atraviesan una situación límite: en turnos de dos residentes, de primero y segundo año, tienen que hacerse cargo de alrededor de 160 camas de internación. Además, como ocurre en muchos efectores, no pudieron tomarse los días de vacaciones completos porque esto significaba dejar a la población sin asistencia. Funcionarios del gobierno provincial viajaron a San Rafael para intentar contener los reclamos.

La situación que describimos delata, a un año y medio de iniciada la pandemia, la completa falta de planificación y de medidas elementales para el fortalecimiento del sistema de salud. Las nuevas salas y terapias se abrieron sin ampliar las plantas estables de los hospitales. Se cubren con “contratos Covid”, que se pagan a precio basura, lo que sumado al riesgo que implica la tarea redunda en una rotación constante del personal. Frente al desborde, las autoridades hospitalarias reaccionan apretando lo que tienen más a mano, que son los residentes precarizados. La población trabajadora que asiste a la salud pública es víctima de todos estos desmanejos, al deteriorarse de forma brutal sus posibilidades de atención… y sobrevida.

Las burocracias sindicales en la salud, tanto en el ámbito público como en el privado, consienten estos atropellos patronales, les han dado la espalda a los conflictos y solo esbozan un tímido reclamo de actualización salarial, sin organizar medida práctica alguna, ni hablemos de un plan de lucha.

A propuesta de la agrupación Tribuna de Salud (Tendencia) se está organizando una asamblea nacional de residentes y concurrentes para los próximos días. Es necesario extraer y colectivizar todos los aprendizajes de estas experiencias. Es hora de superar las fragmentaciones corporativas, sindicales, por jurisdicción, especialidad o forma contractual y confluir en una coordinación general. Por el fin de la precarización laboral, el aumento inmediato de las dotaciones, cargos de planta, capacitaciones a cargo del Estado, un salario mínimo que cubra la canasta familiar y la centralización de los recursos sanitarios bajo el control de los trabajadores. La lucha de los profesionales de la salud, junto a la población trabajadora, es la única salida al desquicio oficial. Pongámonos en marcha.