Orán: el intendente despide a ex concejal del PO y 17 ordenanzas de escuela

El intendente de la ciudad de Orán, Pablo González, despidió a 18 trabajadoras ordenanzas de escuela. Entre ellas se encuentra Patricia Vaca, militante del Partido Obrero, histórica luchadora y concejal del municipio durante 2013-2015. La decisión fue comunicada vía telefónica a la directora de la escuela Arturo Ilia, Josefa Cardozo, quien además es delegada de los docentes autoconvocados del departamento de Orán.

Los despidos se producen luego de que un sector de trabajadoras impulsara un paro para exigir que el municipio abone los meses de trabajo que adeudaba. Como represalia contra las trabajadoras, González pretende imponer despidos.

La maniobra arbitraria e ilegal del intendente puso de relieve el mecanismo negrero con el cual los estados municipal, provincial y nacional explotan a los trabajadores. Las ordenanzas reciben como paga un plan social nacional, el “Potenciar Trabajo”. La limpieza de los establecimientos educativos es una actividad regladas por normativas laborales y provinciales, incluye obra social, ART, jubilación. Los trabajadores que desempeñan estas actividades deben pertenecer a la planta del estado y contar con todas estas garantías.

Sin embargo, en Orán, como ocurre en toda la provincia, el municipio se convirtió en Ente Ejecutor de planes precarizadores. Como un puntero, González se arroga la potestad de dar “altas por bajas” en los planes según su propia conveniencia, jugando con el hambre y la necesidad de las familias que dependen de este miserable ingreso. Fernández en el país, Sáenz en Salta y González en Orán, son un trío de negreros. Mientras las ordenanzas arriesgan sus vidas en el marco del agravamiento de la pandemia, el estado paga la tercera parte de lo que les debería pagar. Los gobiernos fuerzan la presencialidad en las escuelas, mientras crecen los contagios de Covid 19, a costas de una inmensa precariedad laboral.

En Orán, la masa de los trabajadores sufre el deterioro acelerado de sus condiciones de vida. La desocupación alcanza al 50% de los trabajadores; el 60% de los niños son pobres y lo que es peor, los trabajadores asalariados perciben ingresos muy por debajo de la línea de pobreza. El bagayeo en la frontera se riñe con la vida misma de hombres, mujeres y niños. Esto ocurre en el departamento donde se desarrolla la mayor explotación de caña de azúcar con la norteamericana Seaboard E.R.; con miles de hectáreas de cultivo de soja, con recaudaciones récords en 2020 en el mercado internacional para los pools de siembra. Lo que prospera en Orán es la ‘expansión de la frontera agrícola’ (expulsión de campesinos) y los negocios del narcotráfico.

El reclamo de las trabajadoras ordenanzas echa raíces profundas en el combativo pueblo de Orán, porque desenmascara la naturaleza parasitaria y punteril de todo el régimen político. En pocos días las ordenanzas ganaron adhesiones de decenas de docentes de distintos establecimientos, de padres que se pronunciaron por la reincorporación y hasta amenazaron con cerrar la escuela Arturo Ilia junto a las docentes, hasta que las ordenanzas sean reincorporadas.

De manera simultánea, los trabajadores municipales autoconvocados, un sector aún más precarizado que las ordenanzas, retomaron un viejo reclamo contra el municipio frente al incumplimiento del pago de sus sueldos.

En la lucha de las ordenanzas por su reincorporación y en la de los municipales, está en juego el interés general de los trabajadores frente a un régimen político empeñado en atacarla. Los despidos de González son un agravio para todos los trabajadores ya que pretenden imponerse como represalia contra quienes luchan para enfrentarlo.

Se pone a la orden del día una acción coordinada de los trabajadores municipales, ordenanzas, docentes y trabajadores de salud en todo Oran.