Multitudinaria marcha piquetera, sus desafíos

Escribe Jorge Altamira

Las patronales y sus gobiernos, entre el FMI y la rebelión popular.

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La marcha organizada por la Unidad Piquetera superó en número a la multitudinaria de mayo pasado. Los medios de comunicación hostiles al gobierno le dieron una cobertura excepcional. En parte, para meter una cuña ‘popular’ contra el kirchnerismo; en otra parte importante porque se interrogan todo el tiempo acerca de la posibilidad de una rebelión popular similar a la que recorre otros países. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, repitió no obstante que las organizaciones convocantes son “un factor de contención”, tanto barrial como político, con quienes hay que negociar. La presencia en la calle de decenas de miles de compañeros desocupados, encuadrados en una veintena de organizaciones, es por sobre todo un llamado de atención al conjunto de la clase obrera y un emplazamiento político a los partidos de izquierda. Se trata de una lucha de los sectores más golpeados por el capitalismo y por la crisis humanitaria que ha creado como consecuencia de la pandemia. La masividad que exhibe lo convierte, objetivamente, en un factor político. Tiene lugar cuando crecen las luchas obreras autoconvocadas y cuando aumentan las tensiones en los lugares de trabajo, como consecuencia de los contagios y las muertes, la falta de vacunas, el deterioro de los salarios y el avance del trabajo no registrado. Queda planteada la necesidad de la unión del movimiento de trabajadores desocupados y el movimiento sindical y las organizaciones que emergen de las autoconvocatorias. La movilización del viernes tiene una connotación política adicional, porque ha desplazado del escenario de la calle a las organizaciones ‘vaticanas’ del oficialismo, aunque la prensa no se ha privado de señalar a los convocantes que se disponen a alinearse con la candidatura de Randazzo y aquellas que siguen en el campo oficialista. Lo que enseñan las rebeliones de Chile y Colombia, es que las masas necesitan la unificación política que brinda un programa, para desarrollar una unidad sólida entre todas las categorías de la clase obrera.

La marcha fue una respuesta al hundimiento de los planes de asistencia del gobierno. De entrada, los planes laborales, con o sin Unidades Ejecutoras, cubren apenas el 40% de una canasta de indigencia, que el gobierno no consigue atender porque es diezmada por la inflación. De otro lado, el oficialismo afirma y reafirma que no saldrá del déficit fiscal que ha presupuestado, de un lado para salvar un acuerdo con el FMI, del otro para garantizar el pago de la deuda pública que contrae todas las semanas. Entre los reclamos piqueteros, de un lado, y la política K, del otro, existe una completa incompatibilidad. Ni hablar de reponer el Ingreso Familiar de Emergencia, que alcanzaría a diez millones de personas. El gobierno y el macrismo se encuentran en competencia acerca de quién abre más actividades económicas, para que la ‘normalidad’ de la acumulación capitalista no se vea más afectada. Dentro de estos parámetros, la inmovilidad del gobierno para atender la crisis social se acentúa, mientras del lado opositor las miradas están colocadas exclusivamente en la crisis electoral de JxC.

Como viene ocurriendo con todas las organizaciones de desocupados, la Unidad Piquetera denuncia que el volumen de alimentos en los comedores es insuficiente. Que los compromisos de otorgamiento de nuevos planes no se cumplen o se postergan indefinidamente. “Economía no giró los fondos”, es la respuesta que suelen otorgar los funcionarios de desarrollo social a los representantes de las organizaciones. La ‘tarjeta alimentaria’, al no ajustarse por la inflación de alimentos, se empobrece en proteínas, porque no alcanza para frutas, verduras y carnes. En este cuadro, el anuncio del ministro Arroyo de un bono de 6.000 pesos para los beneficiarios del plan potenciar sonó como lo que es – una gota en el océano. El esquema asistencial oficial suma otro cepo: el de las “unidades ejecutoras”, verdaderas plataformas de trabajo precario a cambio de un plan de 12.000 pesos. Y un régimen de sanciones -e incluso de bajas- para quienes no cumplan con la “contraprestación”. El Polo Tendencia ha denunciado severamente este régimen negrero, que pretende convertir a las organizaciones sociales en arietes de la precarización laboral y la destrucción de conquistas laborales.

Programa

Advertido de la crisis final del asistencialismo oficial, el jefe de las organizaciones ‘vaticanas’ anunció que llevará un proyecto de ley para asegurar una renta mínima a toda la ciudadanía. El valor de la propuesta depende de cuál será el monto de esa renta y de si el proyecto es que muera en una comisión del Congreso. O sea que no pasa de un gesto para la tribuna y una falsa salida. Tiene el mérito metodológico, sin embargo, de señalar una salida que pretende ser más o menos general. Para los trabajadores de Argentina un planteo de conjunto es una necesidad vital, porque la presencia de las masas en las calles, de desocupados y autoconvocados (docentes, salud, transporte, plantaciones, fábricas) se va convirtiendo en un factor político central, con independencia de lo que piensen sus direcciones. La marcha del viernes ratifica esta perspectiva. No se nos escapa, por cierto, que el comienzo del ciclo electoral será utilizado para ‘distraer’ la atención hacia estas luchas, que el gobierno pretende acentuar con una campaña de vacunaciones aún incierta. Los acuerdos salariales que se van alcanzando por encima de la pauta oficial, procuran también oficiar de factor de contención, aunque no recuperan lo perdido, ni se ajustan a la inflación que ser prevé. El capital, bajo presión, echa lastre, aunque no se priva de despedir, como ocurre en Bimbo. Desde estas páginas sostenemos que la disputa electoral debe ser aprovechada para acentuar la lucha por las reivindicaciones. Es fundamental, entonces, un programa que agrupe al conjunto de las luchas de la clase obrera.

En la misma mañana de la movilización de los desocupados, un piquete de trabajadores de la Salud cortó el Puente Pueyrredón en reclamo del salario y del agobio laboral bajo la pandemia. Para el movimiento de desocupados es crucial una acción común de la clase obrera. Las organizaciones piqueteras deberían discutir el llamado a una asamblea o congreso de toda la clase, y unificar, por de pronto, cada lucha en curso, en los territorios en que se libren, formando coordinadoras de trabajadores autoconvocados, de desocupados y ocupados.

El reclamo de una IFE equivalente a la canasta básica para todos los desocupados o precarizados; el pase a planta de todos los compañeros que prestan tarea en municipios, escuelas o hospitales en forma precaria; la asistencia incondicional a los comedores, estas reivindicaciones deben asociarse al planteo de ningún despido, reparto de las horas de trabajo; apoyo a la ocupación de empresas que suspendan o cierren; por de reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, y por una Bolsa de Trabajo para contratar a los desocupados; vacunación para toda la clase obrera y rechazo la presencialidad en todas las actividades no esenciales.

Los medios opositores que le dieron un tiempo que siempre le niegan a las marchas piqueteras, y que lo usan para descalificarlas, se limitaron a una condescendencia con la población excluida o necesitada. Quieren confinar al movimiento en límites estrechos. Las movilizaciones de desocupados, sin embargo, a las que debemos sumar las de tercerizados despedidos, trabajadores de la salud o docentes, son la punta del ovillo de una gran movida histórica de la clase obrera. El aniversario de la gesta del Puente Pueyrredón y de la masacre del gobierno de Duhalde y Aníbal Fernández, el próximo 26, es una oportunidad para reivindicar la unidad de obreros ocupados desocupados, como en 2001.

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