Escribe Ana Belinco
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El 15 de junio pasado, el gobierno nacionalista y ultraconservador de Hungría sancionó una ley que prohíbe hablar a menores sobre la homosexualidad porque sería una forma de “promoción” de la misma. La medida legislativa ha desatado la respuesta de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad LGBT, con manifestaciones multitudinarias en las calles de Budapest y ha encendido la discusión en toda Europa.
La ley aprobada en el Parlamento controlado por el partido Fidesz de Viktor Orban, formaría parte de una serie de medidas para combatir la pedofilia. La norma establece que "la pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años". Quienes la infrinjan sufrirán multas, serán expuestos en una base de datos de ´pedófilos´, de carácter público, y se les prohibirá ejercer profesiones específicas.
Organizaciones de derechos humanos y la oposición centroizquierdista denuncian que la ley análoga la homosexualidad a la pedofilia y que bajo el supuesto de "proteger los derechos de los niños", ésta habilitaría a la cancelación de programas de educación sexual y la censura de cualquier obra que aborde la homosexualidad en su temática. También denuncian los puntos de contacto con la ley rusa que prohíbe la "propaganda homosexual”.
Docentes húngaros replicaron que desconocerán la ley y que hablarán en sus institutos sobre homosexualidad a menores de 18 años. El conflicto llegó a las propias canchas de la Eurocopa, en ocasión del partido entre Alemania y Hungría: la UEFA no autorizó al ayuntamiento de Munich iluminar el estadio Allianz Arena con los colores del arco iris, bandera del colectivo LGBT, como forma de protesta contra la ley de Orbán.
Orbán llegó al poder hace ya diez años, en 2010, prometiendo instaurar una "nueva era" cultural para defender los valores ´cristianos y tradicionales´, en contraposición al liberalismo occidental. El resultado fue el endurecimiento de la legislación contra lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Antes, Hungría era uno de los países más progresistas de la región. La homosexualidad había sido despenalizada a comienzos de los 1960 y, desde 1996, la unión civil entre personas del mismo sexo estaba reconocida.
El paquete reaccionario va desde la prohibición del reconocimiento legal a la identidad de género hasta la definición en la constitución húngara de 2011 del matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer y la prohibición de la adopción a parejas homosexuales. El presidente del Parlamento, el oficialista László Kövér, trató de ´pedófilos´ a las parejas homosexuales que quieren adoptar. Orbán planteó que "Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, siempre que dejen en paz a nuestros hijos".
Naturalmente, la dictadura de Orbán no se limita a atacar a las minorías sexuales. En 2018, el parlamento húngaro aprobó una reforma a la ley laboral impulsada que se conoce popularmente como la "ley de esclavos", que favoreció a las automotrices alemanas instaladas en el país, que elevó de 250 a 400 el número de horas extra anuales autorizadas, empujando a muchos trabajadores a trabajar seis días a la semana y permitiendo a las empresas aplazar el pago de ese tiempo extra hasta 36 meses. Este ataque generó una oleada de protestas y huelgas de miles y miles de manifestantes de sindicatos y organizaciones estudiantiles que se extendieron a lo largo de varios días y fueron duramente reprimidas.
La línea reaccionaria del gobierno húngaro se agudizó en el comienzo de la pandemia. En marzo de 2020, el Parlamento votó un proyecto de ley para entregar "plenos poderes" al Primer Ministro bajo la excusa de la "emergencia sanitaria", que habilitaron a Orbán a promulgar y suspender leyes por medio de decretos; cerrar el Parlamento o impedir futuras elecciones, siendo el único que puede decidir cuándo cesará el "estado de emergencia". Estas medidas fueron acompañadas por la introducción de una pena de uno a cinco años de prisión para aquellos que difundan "noticias falsas", una clara medida persecutoria para silenciar la oposición de cualquier tipo.
Este nuevo avance reaccionario produjo el repudio y la movilización de miles de manifestantes, amalgamando demandas democráticas y sociales muy profundas.
Los funcionarios y principales líderes de la Unión Europea atacaron la ley de Orbán en nombre de “los valores” de la UE".
Sin embargo, la comunidad LGBT más pobre está condenada a vivir en la miseria por la fuerte discriminación laboral y social que sufre en la Europa “democrática”, por la dificultad en el acceso a los servicios sanitarios, sexuales y reproductivos, por los asesinatos de trans y otras disidencias. Los funcionarios de la UE, devenidos en ´demócratas´, promueven una política nacionalista, racista y xenófoba frente a la crisis migratoria, con campos de concentración a cielo abierto donde son sometidos miles de migrantes que escapan de la miseria y la persecución política, eso en caso de alcanzar la costa sin morir en el intento. Las minorías migrantes no reciben un trato que pudiera considerarse “tolerante” por parte de las policías de la Europa “democrática”.
A días del 52 aniversario de la rebelión Stonewall, se impone unificar la lucha por los derechos de las minorías sexuales, étnicas, de las mujeres trabajadoras y de los migrantes con la lucha del movimiento obrero de conjunto para terminar con toda opresión y explotación sobre nuestra clase.