Escribe Mali Quintillán
Dos operarios fallecidos y una docente internada.
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El trágico saldo de dos operarios fallecidos y una docente internada a raíz de una explosión de gas en la escuela albergue del paraje rural Aguada San Roque, en la provincia de Neuquén, pone nuevamente en la mira las condiciones de precariedad de los edificios escolares del país, los riesgos que asume la comunidad educativa que acude a ellas y las consecuencias criminales de la gestión capitalista en políticas educativas.
Lo ocurrido en Neuquén, tres años atrás ocurrió en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando fallecieron Sandra y Rubén. Pudo haber ocurrido en el jardín Nº 60, de Bariloche, que hace una semana denunció en las radios locales una pérdida de gas que puso en alerta al populoso barrio El Frutillar.
Aguada San Roque es una Comisión de Fomento distante a 160 kilómetros de Neuquén capital, ubicada entre localidades petroleras a las puertas de Vaca Muerta. Su población vive de la cría de ganado o del empleo público en las escasas instituciones del lugar, entre ellas la escuela, que retomó las clases presenciales el 22 de junio. La tragedia de la escuela rural de Neuquén no afectó a niños de casualidad, porque se habían retirado pocas horas antes ya que aún no está habilitado el albergue escolar. El desastre pudo haber sido mucho mayor.
La explosión y posterior incendio sucedió cuando la empresa Arte Construcciones SRL trabajaba en una obra de ampliación y la instalación de agua y gas, pero no se ha hecho público aún cual es la responsabilidad de la empresa respecto de las condiciones de trabajo de sus operarios, ni las pautas, contratos o licitación firmados con el gobierno de Neuquén.
El sindicato docente de la provincia, ATEN, dispuso un día de paro sin movilización. Las seccionales multicolores, por su parte, convocaron a movilizarse este miércoles 30 y exigen la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni, responsable de habilitar escuelas que no están en condiciones de ser habitadas.
La docencia argentina debe mantenerse de pie y solidaria frente a eta tragedia absolutamente evitable, si no se hubiese habilitado la presencialidad mientras se encontraba en obra y si se mantuviese un control estricto sobre el funcionamiento de calefactores o artefactos riesgosos.
Solidaridad con las familias de los operarios fallecidos y con la docente Mónica Jara, que lucha por su vida. No a la presencialidad en pandemia. El Estado es responsable.