Educación especial: un informe a la medida de la presencialidad en pandemia

El pasado 11 de junio, el Ministerio de Educación nacional y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dieron a conocer los resultados de un estudio sobre la continuidad pedagógica de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas de nivel primario en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19. El estudio fue realizado por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) y la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE).

Uno de los objetivos específicos de la evaluación era "conocer las condiciones, capacidades y estrategias de las y los docentes de escuelas de los niveles educativos a cargo de estos estudiantes en el contexto de la continuidad pedagógica no presencial y la reapertura de las actividades presenciales del ciclo lectivo 2020/2021".

El informe coloca como "desafío" de la docencia el pasaje a la virtualidad que acarreó la pandemia y el replanteamiento del vínculo con los alumnos y las familias, omitiendo que el Estado no proporcionó un solo instrumento para que esta fuera consistente. Por supuesto que fue un desafío, con nuestros salarios paupérrimos, poner en condiciones nuestros equipos personales -o de uso familiar-, pagar la conectividad, conseguir dispositivos para que nuestros alumnos no pasen tiempo sin ver a sus pares y a sus docentes y puedan tener una continuidad pedagógica, entre otros. También tuvimos que acercarnos a las escuelas, e incluso a los hogares, para brindarles material didáctico, ya que los cuadernillos elaborados por el ministerio no alcanzaban o nada tenían que ver con las trayectorias individuales de cada alumno.

"La formación docente continua", señala el informe como otro “desafío”, nuevamente colocando la carga sobre la responsabilidad de la docencia.

El propósito último del estudio es imponer que los alumnos con alguna discapacidad retomen las clases presenciales, al cabo de una enumeración de “dificultades” y “desafíos”. Ha sido confeccionado a la medida de las aspiraciones del lobby de la educación privada.

El Estado no planifica una mejora en equipamientos tecnológicos, salarios y apertura de cargos, para que docentes de educación especial acompañen la escolaridad en un marco de cuidado de la salud y de la vida. Indica, por el contrario, que "es preciso fortalecer las condiciones para que sea posible retomar la presencialidad para los y las estudiantes con discapacidad".

¿De qué condiciones estarán hablando cuando nos cansamos de despedir compañeras y compañeros que mueren por covid y las escuelas vuelan por el aire mientras buscan un poco de calor, entre el frío y el abandono?

Todo apunta a seguir normalizando la muerte a la par del ajuste en educación.

Docentes, estudiantes y familias no necesitamos una puesta en escena con fines electorales, sino una respuesta del Estado a todas nuestras necesidades y reclamos.