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El presupuesto para Educación de la Ciudad baja año a año; en la última década perdió 10 puntos, pasó del 27,8% al 17,2%. El recorte no afecta, sin embargo, a la educación privada. Lo contrario: en la Ciudad de Buenos Aires, siete de cada diez escuelas privadas están subsidiadas, y van en aumento. En 2015 eran 789. En 2020, 1.002, contando sólo los niveles obligatorios.
Las escuelas privadas, además, gozan de exenciones impositivas en IVA, Ganancias y aportes patronales. Los datos de esta nota surgen de un estudio que hizo la Auditoría de la Ciudad sobre aportes a las privadas durante el año 2018.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta gasta en subsidios, cada mes, 1.200 millones de pesos. Es el mismo monto que el presupuesto anual del 2021 para infraestructura escolar (subejecutado un 65% en 2020).
Recibir un subsidio del 100% no implica que el colegio sea gratuito. En el nivel secundario, los privados gratuitos son cuatro. Aunque la Constitución porteña ordena que se prioricen las instituciones “que reciban alumnos de menores recursos”, muchos subsidiados cobran entre 15 y 30.000 pesos de cuotas mensuales. Un monto significativo en una Ciudad donde el promedio de ingresos por familia ronda los 57.500 pesos.
A cambio de los aportes del Estado, la escuela se obliga a no superar cierto monto de matrícula. Sin embargo, nada les impide arancelar todas las actividades extra programáticas y cobrar cuotas de material didáctico, mantenimiento, equipamiento, seguridad y otras.
“Esto permite que un colegio como el Guadalupe, ubicado en el corazón de Palermo, tenga un subsidio estatal del 40%, por el cual recibió en marzo de este año casi 2,5 millones de pesos, y cobre una cuota de 23.278 pesos por mes. O como el exclusivo colegio ORT, cuya cuota supera los 30.000 pesos pero que no se privó de percibir subsidios en el nivel secundario hasta 2019. En la actualidad tiene subsidiado en un 80% el nivel superior, beneficio por el cual recibió en marzo de este año 3.251.685 de pesos para su sede en Almagro y 3.233.829 por la de Belgrano”, señalan desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis.
La Auditoria asegura que casi no existe control sobre el destino de los aportes estatales. En 2018, la mitad de los secundarios analizados no fueron supervisados y la otra mitad fue supervisada una única vez (sobre 12 entregas).
El gobierno de la Ciudad se negó a informar a la Auditoría cuánto dinero recibió cada establecimiento. “Lo único seguro es que en el 2020 el área tiene reservados 18.000 millones de pesos que, a diferencia de otros presupuestos, se ejecuta en su totalidad” añade el Observatorio.
En 2015, los subsidios a la educación privada representaban el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación. En 2020, el 17,9%. En 2020, a los casi 14.000 millones de pesos presupuestados se le sumaron 2.082 millones que fueron íntegramente utilizados.
“¿De dónde salieron esos 2.000 millones de pesos extra? Nadie lo sabe con certeza, pero el monto es similar al recorte que sufrió el área de infraestructura escolar, que en 2020 suspendió la construcción de dos escuelas y sólo utilizó el 31% de los 3.068 millones de pesos presupuestados inicialmente”, apuntan desde el Observatorio.
Lo único que no brilla en la educación privada son los sueldos docentes. Frente a los edificios rutilantes mantenidos con recursos públicos, las escuelas no reciben ni lavandina para higienizar los baños. La destrucción de la educación pública a través del desfinanciamiento y la promoción de los negocios de la educación privada, en general confesional, son una política de Estado.
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