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La campaña, mediática primero, judicial después, contra las organizaciones de desocupados representa una persecución macartista bajo el velo de la lucha contra el punterismo. La acusación del fiscal Marijuan refiere al delito de “extorsión” y solicitó al ministerio de Desarrollo Social que los planes sociales escapen al control de las organizaciones sociales y se manejen “sin intermediación de organizaciones o de terceros". La medida, sin embargo, no se aplica para el conjunto de las instituciones del Estado que, a una escala incomparablemente superior, lleva adelante los peores métodos de regimentación y control sobre la población trabajadora. Han buscado un chivo expiatorio para absolver así a todo un régimen político punteril.
La mención a los “intermediarios” resulta llamativa porque es imposible por parte de un fiscal que olvide que el pueblo tiene prohibido deliberar y gobernar sino es a través de sus representantes; es decir que fue la Constitución Nacional la que consagró desde 1853 la figura del intermediario. El Estado actúa como intermediario con el imperialismo cuando saquea los recursos nacionales para pagar la deuda externa. Cuando Marijuan dice que pretende eliminar los intermediarios, quiere decir que le reserva al Estado la facultad única de confiscación a los trabajadores.
El Estado moderno, sin embargo, es inviable sin una regimentación en regla de la clase obrera en todos los ámbitos. El Estado se vale permanentemente de otros grandes intermediarios para establecer un método de disciplinamiento y control sobre el movimiento obrero. Este punterismo está institucionalizado e incluso reglamentado por las leyes vigentes. Basta observar que las paritarias que firma la burocracia sindical no pasan por ningún tipo de consulta ni aprobación de los trabajadores que se ven afectados directamente en su salario. El trabajador no tiene ningún poder de decisión sobre cuestiones que hacen directamente a sus ingresos. Vale recordar también que los “punteros” de la Unión Ferroviaria que perpetraron el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra manejaban el ingreso y egreso de trabajadores del ferrocarril. A lo largo de las últimas décadas, el régimen político se fue sosteniendo cada vez más sobre una casta de “punteros” al interior del movimiento obrero.
El congreso extraordinario de la CGT de 1950 llevó a cabo una reforma de sus estatutos que entregó al presidente de la nación el poder de decisión última en materia de actividad sindical. Este congreso no sólo representó una subordinación política al peronismo, sino además un sometimiento, consagrado en sus estatutos a la política salarial del gobierno, sea cual sea la que se aplique. Asimismo, otorgó a su consejo directivo el atributo de intervenir las seccionales. Es decir que fue la consagración de un régimen punteril al interior del movimiento obrero y de cooptación de su dirección por parte del Estado.
El congreso de 1950, que fue cerrado con discursos de Evita y de Perón, fue un punto de inflexión en el proceso de estatización de los sindicatos con la intención de maniatar a los trabajadores. La regimentación del movimiento obrero en favor de estos “punteros” allanó el camino para la destitución del propio Perón en el '55. La ley de asociaciones profesionales de Frondizi, de 1958, reestableció el mecanismo de sindicato único por rama, dotado del derecho exclusivo de negociación con la patronal, y entregó enormes privilegios para la burocracia sindical. El Estado coronó una casta gremial con apetitos propios y la dotó de herramientas de dominación (persecución de opositores, restricción de la democracia sindical), para valerse de ella en su política antiobrera.
El retorno de Perón en 1973, que traía bajo el brazo una política de ajuste y represión, necesitaba reforzar esa regimentación del movimiento obrero y, por lo tanto, robustecer a estos “punteros” del movimiento obrero. Así lo hizo mediante la ley aprobada en el Congreso que extendió el mandato de los dirigentes, amplió los plazos de convocatoria a asambleas, reforzó la intervención de los sindicatos por parte de las federaciones e impidió recurrir a la justicia en caso de disputa intersindical. Criticada por la propia ala izquierda del peronismo, el diario La Nación llegó a calificarla como “poco menos que única en su género” por el nivel de atribuciones que le entregaba a la burocracia. Se trata de la piedra basal del régimen político actual, que ha estatizado los sindicatos y que ha corrompido a su dirección.
En 2013, la Corte Suprema de justicia se vio obligada a autorizar la organización de sindicatos diferentes del sindicato oficial, a pesar de lo cual desde entonces ningún gobierno otorgó ninguna personería gremial a sindicatos alternativos. La burocracia sindical se integró completamente al Estado desde el primer peronismo, al punto que distintos dirigentes asumieron como funcionarios estatales en diversos cargos. La integración actual de los dirigentes de las organizaciones de desocupados al Estado es la orientación consecuente de un régimen político punteril que se basa en la estatización de las organizaciones obreras y la cooptación de sus dirigentes. No es posible explicar la desocupación real superior al 30% y la pobreza por encima del 50% sin esa integración al Estado tanto de los sindicatos como de las organizaciones de los desocupados.
El reciente ataque del Estado a las organizaciones con la excusa del punterismo tiene el objetivo de desarticular a las organizaciones sociales debido al creciente peso de los desocupados en la situación política y social. No es casual que la última vez que el Estado hizo este intento fue en el año 2001, cuando Patricia Bullrich como ministra de Trabajo de la Alianza anunció un “seguro de desempleo” con el que se pretendía transferir “la responsabilidad de la administración de los planes nacionales de empleo al Ministerio de Trabajo de la Nación”. El Estado pretendía con esto someter a aquellos que cobraban un plan social a una “inspección” oficial, a través de la cual determinarían la continuidad o baja del plan, y la implementación de un sistema de explotación de mano de obra barata. La respuesta del movimiento de desocupados fue la movilización masiva que culminó al final de aquel año con la caída del gobierno.
Hoy, las organizaciones de desocupados volvemos a responder con movilización. El Polo Obrero Tendencia sale el martes a la calle contra esta persecución macartista y por la satisfacción de todas las reivindicaciones de los desocupados. Para terminar con este régimen político punteril es necesario luchar contra la estatización y regimentación del conjunto del movimiento obrero y forjar la unidad de ocupados y desocupados con independencia del Estado, para emerger ante la sociedad con una fisonomía de clase propia.
