Chubut: se suspendió el inicio del juicio contra dirigentes de la ATECh y CTA de los Trabajadores

Cuando el activismo estatal del Valle conoció el fallecimiento de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz en un accidente automovilístico camino a Comodoro Rivadavia tras participar del Primer Congreso Provincial de Delegados Docentes del Chubut, la tristeza y la bronca se canalizaron movilizando a la Legislatura provincial, donde se había emplazado un acampe contra las políticas de ajuste del gobernador Mariano Arcioni. La noche del 17 de septiembre de 2019 congregó a casi un millar de personas en el lugar, que de forma espontánea apuntaron contra las dos principales instituciones del Estado en la capital provincial: Legislatura y Casa de Gobierno, incendiando sus puertas y vituperando contra los diputados y el gobernador. La rebelión fue reprimida en horas de la madrugada. El gobierno acusa como responsables de estos hechos a Santiago Goodman, secretario general de la ATECh; Matías Schierolh, delegado de la ATECh; Marcela Ancaleo y Mariana Castro, ambas dirigentes de la CTA de los Trabajadores. La conducción del sindicato convocó a un paro de 48 horas para esta semana en el marco de la lucha por recomposición salarial y para acompañar a los dirigentes en la primera audiencia del juicio, que se tendría que haber realizado esta mañana pero fue suspendida sin fecha de inicio por inconvenientes de la jueza María Tolomei.

Según comunican la CTA de los Trabajadores y la propia ATECH, desde 2017 hay más de 15 procesados por luchar en la provincia, entre ellos Estela Juárez, secretaria general de la regional Suroeste de la ATECh, y Carlos Magno y Daniel Murphy también de la conducción del sindicato, esta vez de la regional Sur. Estos tres casos son por participar de piquetes en rutas petroleras.

Como se señala en una declaración de Política Obrera de Trelew al respecto, “la criminalización de la protesta social es la respuesta del conjunto del régimen político chubutense a la refutación en las calles de los trabajadores a las políticas de ajuste del gobierno provincial, que es acompañada por los distintos gobiernos nacional de turno -en un principio Macri, ahora los Fernández-Fernández-”.

El repudio a esta política de criminalización de la protesta social y la exigencia de absolución de todos los procesados por luchar no debe dejar de señalar que si el gobierno logra responder de esta manera es, entre otros motivos, por responsabilidad de las conducciones sindicales que han apoyado las políticas de ajuste. El propio Goodman el año pasado calificó de “caceroleros de derecha” a cientos de trabajadores estatales autoconvocados que se manifestaron en las calles en plena cuarentena por la pandemia, exigiendo reapertura de paritarias y aumento salarial. Estas acusaciones reaccionarias colaboraron objetivamente con las directivas represivas de los Massoni y Arcioni, como también lo han sido pactar a espaldas de las bases, no cumplir con los mandatos de asambleas, “hacer la plancha” durante 2 años en que no hubo recomposición salarial y promover la desmovilización.

El ajuste, la megaminería, la criminalización de la protesta social y la represión no vienen en compartimentos separados. Son parte de una política antipopular general de las clases dominantes en las que desaparecen las supuestas grietas entre el PJ-kirchnerismo, la UCR, el PRO y el resto de las fuerzas políticas patronales. La única manera de enfrentarla es con unidad de las bases, coordinación de las luchas y una intervención de las masas independiente de estos sectores.