Toma en villa 21-24: abajo el cerco policial, no al desalojo

El juez Daniel Rafecas del 3° Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, hizo llegar por medio de la Policía Federal la orden de desalojo a las familias de la toma que se desarrolla en terrenos ferroviarios en la villa 21-24. Varias horas antes que llegara la notificación, durante la madrugada, la Policía Federal y de la Ciudad estacionaban 16 carros de asalto; reforzaban y formaban numerosas filas en cada una de las entradas del predio; se quitaban las placas con sus identificaciones; y amenazaban con disparar balas de plomo al cordón de seguridad de las mujeres de la toma mientras cargaban sus armas.

Aunque no existe ninguna orden que lo prohíba, la Policía que asedia a las familias sin casa y continúa negándoles el ingreso de alimentos, medicamentos, pañales o frazadas. Tampoco han permitido que entren médicos y enfermeras para atender a personas enfermas, así como tampoco dejaron entrar otra vez al predio a las madres que debieron salir para llevar a sus hijos a la escuela. Durante la tarde del lunes, a vista y paciencia de los medios, el personal a cargo del comisario Ponce, de la PFA, agredió a un niño que intentaba ingresar al predio donde lo esperaba su mamá luego de volver de la escuela. “Tenemos menos derecho que un recluso que puede recibir visitas”, denunció Nahuel Arrieta, dirigente de la toma.

Desde las oficinas del ferrocarril también están haciendo lo suyo. Ayer en un comunicado señalaron que el “Control de líneas-II y Roca-1 mantendrán observación ante la posible desconcentración de personas” dado que el predio en cuestión se encuentra cedido a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); aunque también se han acercado ´funcionarios´ del Ferrocarril para traer el rumor de que llevarán adelante un paro si no hay pronto un desalojo; y de paso, se han ofrecido amablemente para ayudar con el mismo.

Repercusiones

Durante los últimos dos días distintos sectores se expresaron contra el desalojo. Las organizaciones del Comité de Crisis, la Junta Vecinal y los curas villeros del barrio, firmaron un comunicado donde rechazan la orden de desalojo y exigen un plan de urbanización.

Desde la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, se realizó una presentación a Rafecas, donde se pide el “cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas”.

Las expresiones de solidaridad más destacadas han llegado de la mano de los vecinos y trabajadores del barrio. Las donaciones de alimentos secos y frescos de vecinas y vecinos de la villa han sido permanentes, y se han acercado médicos, enfermeras, y asistentes sociales del barrio para ponerse a disposición.

Asamblea, conferencia de prensa y petitorio

Durante la tarde del pasado martes, las familias de la toma realizaron una asamblea en la que votaron tres puntos que luego fueron transmitidos por el abogado Pablo Viñas: 1) Que se conforme una Mesa de Diálogo con el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Ciudad y los delegados de la toma; 2) Que se acabe el asedio policial y se levante el cerco; 3) Que se retire la orden de desalojo; y 4) Se rechaza que los llamen “usurpadores” y que los gobiernos no les den una solución habitacional, mientras les regalan a las empresas privadas terrenos fiscales.

Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos a todas las organizaciones a solidarizarse frente a la posibilidad de un inminente desalojo y a colaborar con el sostén de la toma, reclamando junto a los vecinos que se constituya una Mesa de Diálogo y el Estado brinde una solución habitacional definitiva a las familias del predio.

Por la coordinación de todas las luchas obreras del barrio y la Capital. Por el triunfo de la lucha de las familias de la toma en villa 21-24.