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La patronal ha reclamado desengancharse de los “gastos Covid-19”, algo que fue respondido positivamente por el Ministerio de Trabajo. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo controla y regula que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) otorguen las prestaciones necesarias paras los pacientes con enfermedades profesionales. La patronal y las ART reclamaron contra los riesgos Covid-19, debido a que la “nueva normalidad” hace difícil rastrear si el contagio se produjo “dentro de la empresa”. Durante la pandemia, muchas empresas no aislaron según las regulaciones a las y los trabajadores con contactos estrechos, como sucedió en empresas de salud o de seguridad privada. La patronal ya había advertido que quiere acabar con la “industria del juicio”, que también provienen de la falta de prestaciones médico-asistenciales durante la pandemia.
Las aperturas indiscriminadas del gobierno de los Fernández -de la mano del acuerdo con el FMI, un plan de guerra contra trabajadores y jubilados- permitieron que muchos esenciales se contagien y mueran o queden secuelados (en muchos casos de por vida). Según Clarín “La cobertura de COVID está financiada por el fondo que el sistema acumuló, a lo largo de casi 24 años, para cubrir los costos de enfermedades profesionales no listadas”, lo que significa que no hubo gastos extra por parte de las aseguradoras. Sin embargo, buscan recapitalizar el fondo con dinero del Estado antes de que llegue la cuarta ola de Covid o que la cepa Delta se expanda.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos -ADIMRA- reconoce que “las principales causas de ausentismo laboral estuvieron vinculadas al Covid-19: el 25% fue por contagios, seguido por otros motivos vinculados como contacto estrecho”. O sea que abrieron las plantas a sabiendas de que los contagios iban a subir, eliminaron licencias y descontaron parte del salario a trabajadores exceptuados de la presencialidad por riesgo y ahora pretenden que el Estado pague las consecuencias de dicha apertura.
Formalidad e informalidad
Los casos de Covid-19 en el mundo laboral fueron, al 6 de agosto, 452.374. Según la actividad económica, “el 16% trabajadores de salud, 13% fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y bomberos, 9% venta minorista y servicios, 6% transporte, 5% limpieza y mantenimiento, 3% seguridad privada. Muchos de estos rubros todavía no están vacunados con dos dosis. En términos de mortalidad: 11% corresponde a transporte, 10% a salud, 8% limpieza y mantenimiento, 7% seguridad privada, y 7% seguridad, fuerzas armadas y bomberos. La apertura cambió los porcentajes, mientras que, al principio de la pandemia, los trabajadores de salud -que cobran sueldos miserables y salieron a pelear contra esto- registraban 2/3 partes de los contagios totales.
Todos estos informes se basan en datos del trabajo formal, cuando la informalidad, según CIPPEC, supera el 45% (Clarín, 5/9), sobre todo en rubros como comercio, construcción o la industria textil y derivados, empleo doméstico y tareas de la cuidad. En estos ámbitos “no hay control de la jornada, del ambiente de trabajo, ni de la utilización de los equipos de protección”.
Para tomar una muestra, de las trabajadoras domésticas informales sólo el 16% tiene acceso a alguna licencia por enfermedad, y apenas el 3% tiene cobertura por accidente o enfermedad profesional. Nueve de cada diez no accede a una obra social. Si se tuvieran en cuenta a los trabajadores informales, crecerían exponencialmente las estadísticas.
Fondo de Enfermedades e inflación
Desde septiembre entró en vigencia un aumento de la cuota de seguro Covid-19 que pagan las empresas por sus trabajadore, para financiar a aquellos que se contagiaron o fallecieron por la pandemia. Las muertes sobre todo afectaron a los adultos mayores. Pero debido a las subsecuentes aperturas laborales, el número de muertos y contagiados en los espacios laborales sigue creciendo. Sobre todo de cara a nuevas variantes, como la Delta o Mu. Los trabajadores entre 30 y 45 años fueron los más afectados por la enfermedad (Clarín, 5/9). Desde este mes la cuota que deben pagar las empresas al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de acuerdo a la resolución 47/2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pasa de $40 a $45,07 (Clarín, 2/9). La medida repercute sobre 9 millones de trabajadores y trabajadoras aseguradas. Se trata de una cuota según la evolución trimestral del RIPTE, un índice que toma la evolución de los salarios formales.
Se trata literalmente de “dos mangos” por trabajador, que ni siquiera cubre el valor con el cual había comenzado esa norma en los ’90 de 60 centavos (que equivalían a 60 centavos de dólar, hoy más de 100 pesos). Sobre todo considerando que estamos en pandemia y que los gastos sanitarios se multiplicaron. Cabe recordar que bajo el gobierno de Menem también se redujeron los aportes patronales, que los subsiguientes gobiernos mantuvieron, como así la mísera cuota aportada al Fondo de Enfermedades Profesionales.
“Presumible” enfermedad laboral y Comisiones Médicas
La Organización Internacional del Trabajo -OIT- realizó un informe sobre la pandemia y los trabajadores de 2020 -"La Covid-19 y el mundo del trabajo"- en el que sostiene que la región de América Latina y el Caribe fue la más afectada por la pandemia a nivel mundial, en términos de horas trabajadas e ingresos laborales. Ese informe muestra cómo los casos de Covid-19 en el mundo laboral se producen en los trabajos esenciales (salud), pero también en tareas donde “no se respetan las medidas sanitarias” o “existe contacto físico estrecho”, que es lo que sucede en la enorme mayoría de los empleos y lugares de trabajo. La presencialidad termina siendo mortal.
El informe indica que “la desaceleración económica, la precariedad del trabajo y los bajos salarios, la crisis sanitaria y económica aumentó las brechas y expuso las debilidades de los sistemas de protección social, así como la vulnerabilidad de amplios sectores de la población” (Clarín, 5/9).
La desprotección se evidencia en la Argentina donde el trabajador no recibe ni asistencia ni cobertura inmediata. En primer lugar, porque los testeos por habitantes son de los más bajos del mundo. Y al no haber testeos, no se puede “trazar” el origen del contagio. En segundo lugar, porque el trabajador contagiado debe hacer la denuncia, demostrar que se contagió en el trabajo, mientras que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo evaluará la “determinación definitiva” (Clarín, 2/9). En caso de ser rechazado, el trabajador debe ir a la vía judicial. Con la flexibilización de las cuarentenas y los aislamientos, las disipaciones oficiales consideran “presuntivamente” al covid-19 como una enfermedad laboral. Esto va en línea con lo expresado en marzo de 2020 por la OIT que consideró que las patologías contraídas por exposición al coronavirus “podrían considerarse como enfermedades profesionales”.
Desde que se abrieron más sectores de la economía, se levantaron las medidas sanitarias y aumentó la circulación de la población en el transporte público, se volvió más difícil constatar el “origen” de la enfermedad. Y las ART, que nunca hicieron tanta plata como durante la pandemia, comienzan a poner trabas en las prestaciones médico-asistenciales. “Si se pretende el reconocimiento de secuelas o los familiares desean cobrar una indemnización para los casos mortales, esto debe presentarse ante comisiones médicas” (Clarín, 5/9).
El sistema de riesgos del trabajo recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de la Nación, que en un fallo confirmó la constitucionalidad de las comisiones médicas dispuesto en la Ley 27.348 de Riesgos del Trabajo (ipro, 2/9). Es un espaldarazo a las ART ya que se establece que las “Comisiones Médicas (son) instancia previa, excluyente y obligatoria para la solución de los conflictos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, y ,sin embargo, no tienen nada de imparciales ni de independientes.
Al paso del acuerdo con el FMI que se disponen a votar todos los bloques luego de las elecciones, e implica no sólo más pobreza y desocupación, informalidad y precariedad laboral, la patronal avanza en medio de la apertura indiscriminada de los Fernández a mayor desprotección de los trabajadores en medio de la pandemia y a una reducción y eliminación de los “costos covid”.
