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El viernes 17 de septiembre, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integran organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas- realizará un acto en Plaza de Mayo por los 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en democracia.
Julio López fue un albañil sobreviviente a los campos de concentración de la dictadura videliana, que, tras testificar contra el genocida Miguel Etchecolatz (mano derecha del ex jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps), desapareció el mismo día que se daría a conocer la sentencia contra el represor. Todos los indicios apuntan al mismo Etchecolatz, quien mantenía -y mantiene- fluidos lazos al interior de la fuerza y con policías retirados. Al momento de su desaparición, todavía revestían en la fuerza al menos 9 mil efectivos que transitaron la dictadura militar.
La justicia ordinaria, en cambio, caratuló el caso como un “búsqueda de paradero” y lo encaró como si López se hubiera extraviado. ´La bonaerense´, que debía haber sido apartada de la investigación desde su inicio, la entorpeció por todos los medios a su alcance. Luego de las movilizaciones por su aparición con vida, la investigación pasó a la justicia federal. Tampoco avanzó un milímetro. Las primeras líneas investigativas apuntaron al ´entorno´ de López, esto es a sus propios compañeros. Luego se realizaron allanamientos que eran publicitados antes de realizarse, dando tiempo a remover pruebas. Se incorporaron al expediente centenares de fojas con supuestas “pruebas” que oscurecían más que lo que aclaraban.
Frente al impasse, en mayo de 2014, los organismos de derechos humanos recurrieron a la CIDH. Solicitaron que se investigue “la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López”. La respuesta, que finalmente llegó en 2018, fue instar a las partes -los organismos y los funcionarios del Estado- a “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa”. Esta convocatoria fue reiterada más recientemente, tras la asunción del gobierno FF. Los organismos reclaman una condena al Estado, no hay “solución amistosa” posible sin López. La continuidad de los Camps y Etchecolatz en las fuerzas represivas estatales es patente, como lo demuestran las masacres cotidianas del ´gatillo fácil´ y los vejámenes y crímenes en cárceles y comisarías. Los discípulos de Etchecolatz son responsables además por las desapariciones seguidas de muerte de Luciano Arruga y Facundo Astudillo Castro.
Durante los gobiernos kirchneristas y macristas, nada se hizo para saber el paradero de López.
López integra la lista de alrededor de 200 desaparecidos en democracia por gobiernos constitucionales, demostrando la continuidad represiva de la dictadura que todavía sigue vigente.
La desaparición de López fue un intento por amedrentar y atemorizar a víctimas y testigos de los juicios por la memoria y justicia, que comenzaron en 2003. El viernes volvemos a la Plaza a exigir su aparición con vida.
¡El estado es responsable! ¡Castigo a los culpables!
