Provincia de Buenos Aires: con el ATR sigue el derrumbe educativo y laboral

Escribe Emiliano Fabris

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En la llegada de la primavera, el gobernador Kicillof (re) lanzó otra medida para intentar revertir la derrota “sin precedentes” (según CFK) del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, en el ámbito educativo y con el objetivo de “recuperar contenidos” que se haría con la implementación de clases presenciales a contraturno y los días sábados mediante el programa “Más ATR”.

Ante la profundidad de la crisis educativa, esta medida tendrá el mismo destino inocuo que el resto de las miserables medidas de asistencia social. Sucede que todo el aislamiento preventivo que se mantuvo en 2020 no contó con el sostenimiento del Estado para garantizar la educación por medios remotos, sino bajo los recursos personales y sobreesfuerzos de la docencia. Kicillof anuncia que son 4 millones los alumnos que debieran recibir este “complemento” educativo. Que millones de estudiantes hayan quedado afuera del sistema educativo es otra de las realidades que el gobierno descubre después de sufrir un cachetazo electoral.

La realidad es que no solo no ha existido la inversión necesaria para ampliar la infraestructura escolar, abrir nuevas divisiones y nombrar más personal -medidas elementales para sostener la educación publica bajo pandemia- sino todo lo contrario. La “presencialidad plena” está demostrando el estado ruinoso de las escuelas en donde se procede a un amontonamiento del alumnado en contexto de previsibles nuevas olas con la cepa delta de COVID. Los nombramientos de cargos bajo estatuto se realizan a cuentagotas y sin los plazos oportunos.

Kicillof, que despotrica por los canales de TV “contra la precarización laboral” ha impulsado desde fines del 2020 un nuevo plan de precarización laboral (además del FINES), que es el “ATR”, que supone la contratación de docentes por fuera del estatuto docente, sin ninguno de sus derechos, por tiempo parcial y con extendidos plazos de pago. Esta violación al Estatuto Docente viene siendo amparada y hasta celebrada por la burocracia sindical Celeste (Baradel). Es la reforma laboral que exige el FMI.

El programa ya está teniendo limites insuperables, al momento que las escuelas tienen que “identificar todos los espacios que puedan ser utilizados y realizando acciones de vinculación con el municipio y con la comunidad para ampliar los espacios educativos cuando sea necesario” (ámbito.com, 23/09). Concretamente, se refiere a precarizar también el propio ámbito de trabajo educativo que podría tener lugar en clubes, sociedades de fomento, iglesias, etc.

En estas condiciones deberían asistir los alumnos que además de no disponer wifi y computadoras, no tienen para comer y por eso crecen los reclamos por la asistencia alimentaria en las escuelas.

Abajo la reforma laboral y el ajuste sobre la educación pública. Más escuelas, mejoras edilicias y nombramientos docentes bajo el estatuto docente lo cual es incompatible con un nuevo acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa.

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