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Ni siquiera el gobierno se animó a presentar a la jubilación anticipada para desocupados menores a 65 o 60 años como una conquista para el mundo del trabajo. Por empezar, el requisito de contar con 30 años de aportes para acceder al retiro es una condición que no cumplirían más de 20.000 o 30.000 eventuales beneficiarios. La jubilación, en este caso, se pagaría por el 80% del haber que le correspondería a cada uno. Al reconocer que el desocupado “mayor” no volverá a conseguir trabajo, la jubilación adelantada es un subsidio por desempleo “sui generis”, pagado por el Anses. Deja afuera al grueso de los desocupados adultos, a quienes el trabajo precario o los largos períodos sin empleo los dejó sin los aportes necesarios.
En un acto de impostura, el gobierno coloca la condición de los 30 años de aportes –como si el sistema previsional guardara alguna relación entre lo que recauda y los haberes que paga. Esa relación ha sido largamente quebrada por los sucesivos desfalcos de los gobiernos capitalistas a las cajas previsionales: primero, al traspasar los aportes a las AFJP y desfinanciar al sistema público; después, al reducir los aportes patronales a la previsión social; más tarde, al convertir al fondo de garantía del Anses –ya “estatizado”- en un vertedero de la deuda pública; y finalmente, al desvalorizar sistemáticamente esa deuda y, con ella, pulverizar al capital del Fondo de garantía. La contrapartida de este vaciamiento, del lado de los “egresos”, ha sido la transformación de las jubilaciones en una pensión asistencial. La jubilación adelantada de los desocupados “mayores” no escapa a esa regla, ya que representaría –según se anunció- un pago promedio del orden de los 200 dólares, la tercera parte de una canasta familiar. Por este mismo motivo, el gobierno tampoco conseguirá el supuesto objetivo de esta jubilación adelantada, que es el retiro de los desocupados mayores del mercado de trabajo. Con seguridad, estos semi-jubilados seguirán buscando trabajos parciales o informales para poder sobrevivir.
Más allá de esto, la “jubilación adelantada” desnuda el completo impasse de la política previsional y laboral del Estado capitalista, y no solo en la Argentina. En los últimos años, todos los “expertos” previsionales de los partidos del régimen batieron el parche de la “prolongación de la expectativa de vida” y del “horizonte laboral”, como justificación de un futuro aumento en la edad jubilatoria. Con el mismo argumento, señalan que el sistema previsional sería inviable, no por los desfalcos que ellos mismos perpetraron, sino por causa de la “pirámide poblacional”. El aumento en la edad para jubilarse es el meollo de la futura reforma previsional atada al acuerdo con el Fondo Monetario.
Pues bien: al disponer la jubilación adelantada, ese mismo régimen social confiesa que, si prolonga la vida laboral a los 65 o 70 años para mujeres y hombres, no haría más que agravar colosalmente a la desocupación actual. El capitalismo se declara incompetente para asegurar el sustento de los desocupados mayores y los jubila. Pero a renglón siguiente, tampoco puede alimentar a los jubilados, a quienes exige que sigan trabajando. Parafraseando a Nicolás Guillén, podríamos decir: “me matan si no me jubilo, y si me jubilo, me matan”.
La lucha contra la miseria previsional, “adelantada” o “prolongada”, exige la incautación de todos los aportes sustraídos por la clase capitalista a través del trabajo en negro, la reducción de aportes y el vaciamiento del Anses en favor de los acreedores de la deuda pública. Sobre esa base, el reconocimiento de una jubilación mínima equivalente al 82% de la canasta familiar hará del retiro o la continuidad laboral una decisión verdaderamente libre, y nunca condicionada por la miseria social o el desempleo crónico.
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