Abusos en el jardín de infantes del Instituto Don Orione

Desde hace poco más de un mes, familias del Jardín San José de Victoria, localidad de San Fernando, vienen movilizando contra abusos sexuales a los chicos que asisten a la institución eclesiástica Don Orione. Al día de la fecha, se denunciaron en el colegio una decena de abusos contra niños y niñas de entre 3 y 5 años, realizados por el maestro de música, de los cuales seis ya cursan proceso judicial. Denuncian que la escuela no cumple, ni ha cumplido, ningún protocolo de resguardo de los menores, ni ofrecido ayuda alguna a las familias, y por el contrario ha tenido una actitud de encubrimiento.

El Instituto Don Orione es una de las empresas educativas más grandes de la Zona Norte. Sus representantes legales son la Diócesis de San Isidro, uno de los obispados más poderosos del país, fuertemente ligados al Opus Dei. En Victoria, están en los tres niveles educativos, y el ingreso a las escuelas se da por familia o por recomendación, tanto de alumnos como del personal docente. Si bien la cuota ronda los 10 mil pesos mensuales, el colegio goza de una subvención del Estado. No hay organización más "planera" que la Iglesia Católica, que recibe millones de pesos anuales y a cambio no respeta ninguna ley educativa (ni laboral, ni de derechos humanos o de las infancias).

Del organismo estatal encargado de supervisar a las escuelas privadas, la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada), no se conoce ni una inspección al establecimiento. El municipio de San Fernando y el concejo escolar tampoco han emitido siquiera una palabra al respecto, y como siempre se patean la pelota con las instituciones provinciales. Al parecer, si llevas a tu hijo a un colegio privado se anulan todos los derechos universales, constitucionales o legislativos y nadie en el Estado se ocupa de garantizarlos. Andreotti, y todos los representantes del distrito, son responsables de lo que ocurre en los establecimientos educativos, sobre todo cuando han permitido un crecimiento enorme de las instituciones privadas por el vaciamiento de las escuelas públicas. Y no solamente de lo ocurrido ya en el jardín San José, sino de todo lo que ocurre y pueda ocurrir en todos los jardines, primarias y secundarios del municipio. La misma responsabilidad le cabe a la jefatura sexta de la DIEGEP y a la Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Las denuncias penales siguen su curso legal gracias a que las familias se mueven para exigir el avance en la investigación. Ya han cortado la calle en tres oportunidades. El abusador se encuentra con prisión preventiva ante el peligro de fuga y entorpecimiento del proceso, según lo señalado por la fiscalía. A pesar de la insistencia de los padres, solamente le han tomado la denuncia a dos de los casos y cuatro de ellos fueron sumados a la causa como "testimoniales", negándose la fiscalía a que se conviertan en denuncia. Esta falta grave ha sido justificada porque hay niños que no pueden expresarse bien para realizar una cámara gesell, siendo ésta un recurso en la investigación que no es condición excluyente para la realización de una denuncia, mucho menos cuando se trata de niños de 3 años.

Las instituciones confesionales en Argentina, con miles de denuncias de abuso infantil y pedofilia, gozan de total impunidad por parte de todos los organismos del Estado, que por acción u omisión encubren los delitos cometidos. Nuestros niños y niñas están sometidos a lo que se le cante a la patronal educativa dictar en contenido educativo, metodologías, formatos y protocolos. Mientras las familias obreras realizan un esfuerzo descomunal, en este contexto de salarios a la baja, para intentar dar la mejor educación posible a sus hijos pagando cuotas exacerbadas a colegios que encima reciben subsidios millonarios por parte del Estado.

Exigimos que se tome inmediatamente la denuncia a todas las familias que así lo soliciten y no solamente como testimoniales a dos casos. La DIEGEP debe inspeccionar y realizar los procedimientos en todos los establecimientos educativos de Don Orione, no sólo respecto a esta causa sino en general para que se realicen los protocolos que eviten que se sigan cometiendo abusos sexuales, y publicar esos informes para conocimiento de los sanfernandinos. Exigimos que estas inspecciones se realicen en todas las instituciones privadas del distrito, para prevenir situaciones similares, con participación de toda la comunidad educativa. El municipio de San Fernando debe involucrarse, tener conocimiento y garantizar los derechos y legislaciones vigentes en el ámbito educativo. Que se vote en el Concejo Deliberante la aplicación inmediata de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas públicas y privadas, importante herramienta para prevenir casos de abuso en la infancia.

Justicia por los niños y las niñas abusadas en el Jardín San José. Basta de impunidad al clero. Separación de las iglesias del Estado.