Las condiciones explosivas del “15N”

Muy lejos de la Argentina, donde en estos días se reanudan los entreveros electorales, el ministro Guzmán volverá a reunirse con el Fondo Monetario. La agenda que le espera es “el valor que debe tener el dólar después de las elecciones” (Clarín, 8/10). El reclamo de una devaluación del dólar oficial que arrime su valor al de los tipos financieros o paralelos estaría colocado, según la misma fuente, “incluso por encima del ajuste fiscal”. Después de todo, una devaluación del 30 o 40% implicaría un ajustazo monumental, ya que desvalorizaría al conjunto de los gastos sociales, salariales y previsionales de la administración del Estado. En cambio, del golpe devaluatorio quedarían exceptuados los acreedores de la deuda pública con títulos indexados, o por el tipo de cambio o por la marcha de la inflación.

En la semana que pasó, el gobierno adoptó un "recontra cepo", limitando las operaciones anticipadas de compra de dólares de los importadores y las transacciones con acciones o títulos que luego se liquidan en moneda extranjera. Es posible que los capitalistas respondan a esta limitación restringiendo drásticamente las importaciones y precipitando una parálisis industrial, en un caso, y reforzando la compra de dólares paralelos y su cotización, del otro. El recontracepo es el anticipo de una crisis devaluatoria.

Agotamiento

En otro plano, este "supercepo” es la confesión de que los ´cepos´ y regulaciones puestos en marcha por la administración F-F han sido una farsa, o mejor dicho, un mecanismo encubierto de sangría de recursos en favor del gran capital y de los especuladores internacionales. Con un superávit comercial acumulado de 25.000/27.000 millones de dólares entre 2020 y 2021, e incluso habiendo diferido parte de sus pagos de deuda externa, Argentina llegará a diciembre de este año sin reservas ´disponibles´. La salida de divisas perpetrada por las grandes corporaciones capitalistas fue financiada con los recursos que les aportó el propio Estado a partir de la pandemia. Parte de esos subsidios, exenciones impositivas y previsionales se dirigieron a la especulación y al mercado de cambios, llevando el dólar ´libre´ por arriba de los 180 pesos. Mientras tanto, el gobierno remuneraba a los bancos con un 40% de interés anual para que absorbieran los pesos emitidos con esa finalidad. Esa deuda con los bancos asciende hoy a los 40.000 millones de dólares, el 150% de la moneda nacional actualmente en circulación. Completando el panorama, el gobierno armó un precario mercado de deuda pública en pesos, cuya renovación, sin embargo, viene produciéndose a plazos cada vez más cortos.

La administración Guzmán-Fernández ha sobrevivido financieramente a través de esta combinación precaria: por un lado, reciclando generosamente la deuda en pesos; por el otro, premiando a esos mismos especuladores con una fuga de capitales “regulada”. Los economistas derechistas atribuyen el emisionismo a la “platita” transitoriamente concedida por el gobierno después de las PASO, cuando ese paquete “social” apenas representa lo que el Central fabrica, sólo en un mes, para solventar los intereses de las Leliqs, o sea, el lucro de los bancos privados.

¿Qué ocurre hoy? La posibilidad de seguir reciclando esta inmensa hipoteca se ha agotado, en términos financieros y políticos. La devaluación constituiría, en este sentido, una declaración manifiesta de quiebra del Estado, y una tentativa de transferir brutalmente sus costas al mundo del trabajo.

Deuda y mercado de capitales

La exigencia fondomonetarista de la devaluación se relaciona con otra cuestión crucial, a saber, el carácter impagable de la deuda externa argentina, pública y privada. Ni la hipótesis más optimista de superávit comercial alcanza a cubrir la previsión de los futuros compromisos de deuda, cuando se suman los pagos al FMI, incluso refinanciados, con los de los acreedores privados. Por eso mismo, el acuerdo con el Fondo sólo se concibe como la puerta de entrada de un nuevo endeudamiento (deuda para pagar deuda). Pero el ingreso de capitales está condicionado al levantamiento del cepo, y éste, a la “unificación cambiaria”, o sea, a la devaluación. Guzmán y Fernández fantasean con una corrección gradual del tipo de cambio, pero la crisis marcha a un ritmo mucho más rápido que esas elucubraciones. Por lo pronto, en el medio del camino estará el propio acuerdo con el FMI.

La devaluación constituiría la desembocadura de una crisis, pero a la vez, la puerta de entrada a nuevas contradicciones. Por lo pronto, elevaría colosalmente el peso de la deuda pública sobre el producto, haciéndola aún más insolventable. En ese cuadro ingresaría también la deuda en dólares de las corporaciones capitalistas, que superan los 80.000 millones de dólares. Para enjugar el quebranto, el gran capital agrario e industrial reclamará la liberación de precios internos y las mismas libertades para la exportación. Un caso especial, en este plano, es el de las empresas privatizadas de servicios públicos, que protestan hoy por un “atraso” de tarifas del 50% el cual, devaluación mediante, treparía a un 80 o 100%. Por sobre todas las cosas, la devaluación implicaría una demolición adicional a los salarios y jubilaciones, cuando ambas se encuentran en su menor valor histórico. El prometido ingreso de capitales, sin embargo, no tiene como único requisito a la liberación cambiaria, sino también a la suba de la tasa de interés. La crisis devaluatoria sería, por ello, también recesiva. En estas condiciones, sacudiría a todos los estamentos de la clase obrera, incluyendo a los precarios acuerdos paritarios de aumentos en cuotas o con cláusulas de ajuste.

Régimen político

A la luz de todo lo anterior, la pregunta del millón es ¿cuál es el régimen político que deberá hacerse cargo de este desenlace? Esta cuestión, que recorre a la burguesía y a todas sus fracciones políticas, detonó luego de la derrota electoral oficial en setiembre pasado. El gabinete emparchado de los figurones pejotistas no tiene los recursos para asumir un rodrigazo, y mucho menos si la derrota electoral se reafirma en noviembre. Guzmán, el “gradualista”, también tendría los días contados. Por eso mismo, el FMI no solo exige un acuerdo parlamentario para refrendar su acuerdo – reclama, también, un gobierno de “unidad nacional”. En esa sintonía, Larreta, en los pagos del Fondo, propuso gobernar “sin grietas”. Más que como promesa de gobierno futuro, ello fue interpretado como un planteo de salida a la actual crisis política. La discusión de poder divide a opositores y oficialistas: enfrentados a Larreta, Bullrich y Milei abogan por la descomposición definitiva del actual gobierno, y su sustitución, anticipada o en 2023. El cristinismo oscila entre despegarse del derrumbe social y político en ciernes, o tomar el timón del barco de la mano del capital financiero (Redrado) y la patronal exportadora.

Argentina no marcha a una mera renovación parlamentaria, sino a una crisis de régimen y, en última instancia, de poder político. Las organizaciones obreras y de luchadores deben tener presente esta perspectiva, que exigirá que presentemos un programa, una perspectiva de lucha y de poder político, contra los enjuagues que preparan los partidos del FMI y de la devaluación.