Diario Jornada y el PRO unidos contra los luchadores en Chubut

En la página 2 de la edición impresa de diario Jornada de este lunes 11 de octubre, en la columna intitulada “De Boca en Boca y #DesdeElTwitter”, un intento de editorial de vuelo bajo y rudimentaria prosa, en la que el medio combina chismerío político y bajada de línea procaz en defensa de petroleras, mineras y terratenientes, se informa de una denuncia que la militante del PRO Silvina Celeste Vázquez hizo contra mí persona y que la Justicia rechazó un pedido de prohibición de acercamiento porque no se presta a ninguna confusión que yo no tiré ninguna piedra al local macrista en una movilización en defensa de la lof Quemquemtrew. Sin embargo, el diario propiedad del secretario General del Sindicato Luz y Fuerza, Héctor González, decidió hacer de eso una “noticia” nombrándome no una sino cuatro veces con la indisimulable intención de poner mi nombre en la picota y alentar una campaña de criminalización de la protesta social que incluye a otras organizaciones, como el MTE y la agrupación mapuche “Aukaliwen”. La patraña se dio en una semana en que las autoconvocatorias de trabajadores estatales contra las políticas de ajuste de Arcioni desbordaron en algunos casos a las burocracias sindicales llegando a realizar un piquete en la ruta Nacional N3 por apertura de paritarias y salarios acordes a la inflación.

Diario Jornada recurre a una redacción enmarañada con el fin de que mediante la confusión se instale mi nombre sin importar si de lo que se me acusa es verdad o no. En lo referente al supuesto ataque al local del PRO, señala que en la denuncia a la que tuvo acceso se describe: “Luego de los gritos, algunos de los presentes arrojaron pintura negra a la fachada del local. ´Posteriormente, un individuo masculino de 1,90 mts de estatura, pelo largo ondulado, con bigotes, arrojó piedras de cantos rodados, contra dos cristales, dañándolos”. Continúa: “El 4 de octubre, algunos días después del hecho, la Justicia denegó un pedido de prohibición de acercamiento que había requerido la denunciante, Silvina Celeste Vázquez, en contra de la persona alta, de pelo largo y bigotes. Resultó ser Iván Marín, un conocido periodista de la zona, militante social, que según la denuncia había participado activamente del ataque”. Y prosigue con los detalles ridículos de la denuncia: “Vázquez sindicó a Marín como el autor de tales daños y, además, dijo en sede policial que le habían dicho que el nombrado había circulado por el frente de su vivienda ´mirando para adentro y que ello la atemorizaba”. Luego de detenerse en otras descripciones, finaliza afirmando que “la Justicia rechazó dictar la prohibición de acercamiento contra Marín. Además, también rechazó una solicitud de allanamientos a las sedes del MTE y de la agrupación Pueblo Mapuche ´Aukaliwen´ (Rebelde Amanecer)”.

El principal referente del PRO en Chubut, actual diputado nacional y candidato a senador, Ignacio Torres, fue el primero en salir a atacar a la izquierda y a movimientos sociales e incluso responsabilizó al intendente Trelew, Adrián Maderna de lo que habría ocurrido en su local partidario. Entre otros improperios y falsedades, acusó: “Estas supuestas agrupaciones sociales no son tales, son delincuentes financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación”. Dejando en claro que es el PRO en su conjunto quien se encuentra detrás de estas calumnias, comunicó: “Llevamos a Fiscalía los videos donde se ven perfectamente las banderas y se identifica a los actores que están involucrados. Espero que haya una medida ejemplificadora. No es la primera vez que pasa, también pasó en otros partidos” (diario El Chubut, 30/09).

Por la poca información oficial a la que pudimos acceder hasta el momento desde Política Obrera, la investigación no solo que desmiente la participación de estas organizaciones sociales en el supuesto ataque sino que incluso ni siquiera se pudo probar que desde la movilización se hubiera agredido al local en cuestión.

Diario Jornada se suma a esta embestida colaborando masivamente con la difusión de la susodicha patraña reaccionaria. Lo hace no solo aportando a un clima persecutorio contra los luchadores en general, sino contra los trabajadores de prensa en particular. Quien escribe este artículo trabaja hace más de 14 años en diario El Chubut y es un activista sindical público en el sector. En agosto del año pasado denunció en su blog “Prosa Urgente” que Héctor González, -el sindicalista que es patrón-, no le paga los feriados a sus empleados. Hasta el momento la conducción del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Noreste del Chubut (SITPRENCH) no ha dado muestra de repudiar este ataque contra uno de sus afiliados y todo parece indicar que hará la vista gorda como lo viene haciendo con todos los atropellos patronales de las empresas comunicación contra los trabajadores en la zona. Con este silencio cómplice el SITPRENCH también hace su aporte a la criminalización de la protesta social.

Descontento social y campaña electoral

Esta pantomima se desenvuelve en un escenario signado por un creciente descontento contra las políticas de ajuste y megamineras del gobierno provincial de Mariano Arcioni y nacional del binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández. Durante los últimos meses han proliferado las autoconvocatorias en docentes y auxiliares de la educación y se desarrollaron semanas enteras de paro en salud. La situación se combina con un progresivo desprestigio de las mayorías de las conducciones sindicales por sus prácticas burocráticas y sus pactos de gobernabilidad para sostener a Arcioni en el Ejecutivo. El derrumbe electoral del oficialismo provincial de Chubut Somos Todos y el nacional del Frente de Todos fue aprovechado en las PASO por Juntos por el Cambio. La absurda acusación del PRO contra la izquierda y movimientos sociales tiene al menos dos pretensiones: la primera, polarizar con el progresismo y la izquierda, en busca de un voto de derecha; la segunda, crear un clima de intimidaciones contra quienes enfrentan las políticas de ajuste. La primera de ellas tiene como límite que en general la mayor parte de sus votantes se concentran en el rechazo a las fuerzas pejotistas más que en darle un visto bueno a su orientación reaccionaria.

No es el primer intento de criminalización de la protesta social en el último tiempo. Desde que comenzó el proceso de rebeliones contra las políticas de ajuste y megamineras hace 4 años, que tuvo sus picos en 2018 y 2019, se registraron varias causas contra luchadores sociales. El jueves 14 de octubre se llevó adelante una audiencia de pedido de apertura de investigación contra 4 policías por vejaciones a militantes del “No a la Mina” en las detenciones que sufrieron mientras protestaban afuera de Legislatura en diciembre de 2019. En el sur de la provincia varios dirigentes sindicales se encuentran procesados.

No asistimos a una avanzada fascista o cosa por el estilo, como esgrime la mayor parte del progresismo chubutense, incluso sectores vinculados a organizaciones de derechos humanos. Se trata de la respuesta del régimen político a la refutación en las calles del pueblo movilizado contra estas políticas de ajuste y megamineras. La contribución que hacen las burocracias sindicales y de los movimientos sociales, como así también el PJ-kichnerismo, a estas maniobras intimidatorias -cuando no de represión- contra los luchadores no podría ser mayor: ellos son los principales responsables de la contención y desvío de los procesos de luchas en curso. A las provocaciones del régimen se las combate con movilización en las calles. Política Obrera se encuentra inmersa en el enorme esfuerzo que hacen las bases estatales por autoorganizarse y coordinar acciones de lucha. Advertimos que el señalamiento o criminalización de algún otro compañero de nuestra corriente por parte de estos sectores no será fruto del azar sino de una decisión concienzuda con vista a golpear el proceso de resistencia en curso.