Escribe Bárbara Carrillo
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El pasado jueves 15 de octubre, Atilra –sindicato de la industria lechera- convocó a un paro de doce horas en todas las plantas del país. La medida de fuerza había sido convocada por 24 horas, pero una conciliación obligatoria, solicitada por APYMEL (pymes lácteas), impuso un compás de espera de 15 días.
El paro tuvo dos ejes principales. Por un lado, la crisis en SanCor, que se acerca a un desenlace. Por el otro, la cuestión salarial, que todavía no ha sido cerrada. Esto en medio de una puja entre las dos fracciones que se disputarán una de las seccionales más importantes del país a fin de año.
En un extenso comunicado, el consejo directivo de Atilra convoca a la medida haciendo un llamado al gobierno nacional para que se involucre en la crisis de SanCor. Circula la versión de que se constituiría un fondo y un esquema de administración partiendo del recorte de la mitad de los actuales trabajadores de SanCor, afectando a más de 1.200 operarios. Estos trabajadores serían desvinculados sin indemnización, y mediante el pago de una suerte de IFE de diez mil pesos. Esa suma ya la viene cobrando un importante porcentaje de trabajadores que se encuentran "sin tareas asignadas" desde hace varios años.
En este mismo comunicado, el gremio conducido por Héctor Ponce desde hace más de dos décadas reivindica que el sindicato no puso "obstáculos a los planes de retiro anticipado y retiros voluntarios, sosteniendo y conteniendo a compañeros/as sujetos/as a planes de jornadas libres rotativas, reubicando trabajadores/as en otras empresas lácteas, resignando en el tiempo con esperas que aún perduran los pagos de aportes y contribuciones sin interrupción de los servicios de salud, manteniendo plenamente la paz social sin ninguna acción disruptiva". Cabe aclarar que los trabajadores han sido convidados de piedra en esta supuesta “paz social” que ha llevado a que miles de trabajadores estén cobrando menos que un plan social. Las asambleas, si es que se realizan, son meramente informativas.
En el mismo comunicado, se hace mención a la pelea por los salarios del conjunto de los trabajadores lácteos. Hablan de un desfasaje en la actualización salarial, pero no mencionan en ningún momento cuánto está reclamando el sindicato. Hay que tener en cuenta que "uno de los mejores salarios del país" -según el mismo Ponce- ha venido cayendo en picada durante los últimos años.
El paro y otras medidas de lucha aisladas que se adoptaron por Sancor tienen lugar en medio de un proceso de elecciones que tendrá lugar a comienzos de diciembre, y que consagrará una ruptura en el oficialismo. La burocracia irá en dos listas separadas en la seccional de Capital, una de las más importantes junto a la de Sunchales y General Rodríguez. Irán por un lado Gustavo Campos, aliado a Héctor Ponce, y del otro Cristian Oliva, actual secretario de Prensa y Propaganda, ligado al moyanismo. La disputa entre estas dos fracciones llevó a una intervención en la seccional Capital durante dos años.
La burocracia, en sus dos versiones, no da respuesta a la grave crisis laboral y salarial que atraviesa al sindicato. Los trabajadores de la industria láctea son quienes tienen que deliberar, votar un programa y un plan de lucha por todas sus reivindicaciones, incluidos los derechos que les han sido arrebatados luego de la reforma del convenio. No sé puede dejar pasar que esa reforma estuvo atada a la extorsión de que era para “salvar a Sancor”. Hoy, sus 1.200 trabajadores tienen a sus puestos de trabajo amenazados. La política de la burocracia ha fracasado. Abramos una deliberación en todas las plantas.