Sobre la enajenación de tierras de la Universidad de Luján

El próximo jueves 28 se decidirá en la asamblea del consejo superior la factibilidad del proyecto Procrear III dentro de un macizo de tierras perteneciente a la Universidad de Luján.

En junio de este año, el rector de la UNLu, Antonio Lapolla, informó en sesión ordinaria del Honorable Consejo Superior, acerca del proyecto. El mismo consistiría en la erección de 350 viviendas en un macizo de 20 hectáreas que se encuentra dentro del predio de la UNLu y que hoy es utilizado como campo experimental de los diferentes proyectos de investigación llevados a cabo por docentes y alumnos de la misma. El 70% de las viviendas serían destinadas a trabajadores docentes y no docentes de la universidad mientras que el 30% restante sería otorgado a vecinos de la localidad.

El proyecto, que es activamente promovido por el sindicato minoritario de docentes universitarios ADIUL (federado en FEDUN) y el sindicato no docente ATUNLu (federado en FATUN), está encuadrado en los planes Procrear I y III. El secretario general del Sindicato docente en cuestión, Juan Peralta, hace lobby del mismo al resaltar que la gran mayoría de las viviendas serán destinadas a trabajadores con o sin terreno propio, con “tasa de interés 0%” y cuya “cuota no supera el 20% del sueldo” (fmliderlujan.com, 4/10). También afirmó que el proyecto Procrear permitiría a la universidad regularizar la propiedad del predio de 250 hectáreas en el que está instalada, el cual habría sido otorgado como una donación. De cualquier manera, los términos del acuerdo no han sido dados a conocer a la comunidad local.

El fracaso de la planificación urbana con “justicia social”

La propuesta en cuestión, no se limita solo a la universidad de Luján. Forma parte del “Plan Nacional de Suelo Urbano” impulsado por la anterior ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa. Dicho plan se proponía “…vincular la política de suelo con el desarrollo territorial y contempla(r) la regulación del mercado del suelo de las distintas localidades…” (argentina.gob.ar). El fin de la pretendida “planificación urbana”, según la ex ministra, era la “descentralización territorial y un país más equilibrado"(treslineas.com, 26/07/2020). Para tal fin, se conformó un Gabinete de Tierras presidido por el entonces Jefe de Gabinete Santiago Cafiero e integrado por el ministerio anteriormente mencionado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (presidida por el sciolista Martín Cosentino) y el Ministerio de Desarrollo Social entre otros. La tarea de este gabinete era formar un banco de tierras. Pero este banco de tierras solo está formado por tierras públicas. Es decir que el Estado pretende regular el mercado de tierras, en la provincia con los suelos más ricos del país…sin tocar la propiedad privada de la misma.

El ministro Ferraresi pretende una planificación urbana que no existe. El tren a Lujan está obsoleto y su frecuencia es defectuosa. Luján sigue padeciendo problemas de inundación y una incorrecta provisión de agua, luz y cloacas. Una correcta política de planificación y “equilibrio” territorial, requiere una inversión pública histórica, algo fuera del radar de una clase gobernante sometida al pago de la deuda externa.

El gobierno universitario y la burocracia se arrodillan

Desde principios de año, el ahora ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, viene “gestionando” convenios con diferentes sindicatos y universidades, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la Universidad de La Plata. El gobierno en crisis de F-F pretende, con este “plan”, dividir a la comunidad educativa: otorgando casas a trabajadores universitarios que se encuentran alquilando o sin casa propia, pero comiendo el patrimonio educativo. En vez de lastimar los intereses del negocio inmobiliario o agrario para una correcta extensión del tejido urbano amputa el patrimonio perteneciente al Sistema de formación científica.

Hay algo más perverso, el gobierno aprovecha la crisis presupuestaria de las universidades para privarlas de los recursos materiales que sirven directa o indirectamente al desarrollo científico de toda la comunidad. Si la Universidad es la acreedora de los créditos, tal como lo afirmó Juan Peralta (fmliderlujan.com, 4/10) el estado se habría beneficiado por partida doble: por un lado, se ahorra la compra del predio y por otro le genera a la misma una caja de financiamiento propio que redunda en menos fricciones a la hora de discutir el presupuesto universitario. Tal vez por esto el rector haya sido tan confuso en sus explicaciones al respecto en la asamblea del consejo de junio.

Por otro lado, en su seguidismo al partido de gobierno, los sindicatos impulsores de este Proyecto olvidan que se están mordiendo la cola. Si hay vaciamiento de la Universidad pública el futuro de sus trabajadores es negro. Creen que el “plan” los beneficiará porque sus afiliados tendrán viviendas a tasa 0% y con una cuota de no más del 20% del salario. En vez de luchar por un aumento de salarios que permita el desarrollo integral del trabajador y por un aumento de los presupuestos universitarios, ADIUL y ATUNLu colaboran en el vaciamiento de la educación pública.

Los trabajadores dan pelea

En oposición a este seguidismo liquidador, los trabajadores docentes, no docentes y la comunidad de la UNLu en general, ya han dado los primeros pasos en la lucha por la defensa del patrimonio educativo. El jueves pasado llevaron a adelante una jornada de lucha, donde se discutió elaborar y llevar un petitorio de rechazo del proyecto a la próxima asamblea del consejo. Nos solidarizamos con ellos y apoyamos el rumbo emprendido de organización y lucha. La pelea por la regularización de la propiedad del predio, por el presupuesto universitario y por la vivienda debe ser una lucha independiente del Estado, embarcado en un ajuste brutal, y del gobierno universitario y las direcciones sindicales entreguistas, sus aliados.