Tiempo de lectura: 2 minutos
El asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, en el barrio rosarino de Arroyito, desató una crisis política de grandes proporciones en la provincia de Santa Fe. Tras el acontecimiento, unas 8.000 personas se movilizaron y cortaron la Avenida Alberdi, en el norte de Rosario. El pedido de seguridad tuvo un claro destinatario, el régimen político santafesino. El “que se vayan todos” resonó en las calles del sur provincial.
Invitados por el hermano del joven asesinado, tanto el gobernador Omar Perotti como el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin (Frente Progresista), asistieron a la convocatoria. Fueron recibidos con gritos, insultos y empujones. El caldero social devino en una corrida al mandatario santafesino por la calles de la ciudad, hasta que salió del lugar en un vehículo.
Perotti fue literalmente fue echado por la gente. Lo mismo ocurrió con Javkin. Lo acontecido muestra el hartazgo social con el régimen político “narco-sojero” y la endémica crisis de inseguridad en la provincia. Rosario se ha convertido en la “Sinaloa Argentina”. La putrefacción del aparato represivo provincial es el corazón de esta crisis.
Si bien el PJ santafesino salió a apoyar a Perotti, desde la Casa Gris saben que, en términos electorales, el oficialismo perdió mucho. En gran medida, el episodio es un punto de inflexión en la gestión peronista, como le sucedió a Miguel Lifschitz con la multitudinaria marcha Rosario Sangra en 2016.
Régimen político gánster
Si hay algo que no se puede esconder es la complicidad estatal con el crimen organizado. Así lo demuestran distintas causas, como la que investiga el juego clandestino, en la que el senador por el PJ del departamento San Lorenzo y socio de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, Armando Traferri, junto a otros senadores -peronistas y radicales-, jueces, fiscales y policías, están acusados (y algunos detenidos) por estar vinculados al negocio de juego ilegal.
Unos pocos días antes del asesinato de Joaquín Pérez, Aníbal Fernández, con el aval del gobierno provincial y de la intendencia rosarina, enviaron a la provincia 575 efectivos de gendarmería con el objetivo de " prevenir el delito". Esto se traduzca en la militarización de los barrios, pero no resuelve nada. Esta medida, como ya ha pasado anteriormente, está destinada a fracasar, justamente, porque los responsables de "cuidar" son las que la organizan y amparan el delito. Sin ir más lejos, Rosario cuenta con 5.400 policías, a los que se suman 3.000 efectivos federales, siendo una de las ciudades con más saturación policial del país. Esto se ha traducido en ´zonas liberadas´ y en el recrudecimiento de los asesinatos a sangre fría, muchos de ellos ligados al narcotráfico. Por esto mismo el desplazamiento de la conducción de la Policía de Rosario al director Luis Maldonado, es un manotazo de ahogado de Perotti en su intento de contener la crisis.
Cuando el FITU llama a terminar con el narcotráfico por medio de la liberación de la marihuana (Del Caño, en el debate de A Dos Voces, de lo que se trata es de destruir el aparato del estado que cobija a estas mafias y protege al conjunto de la clase capitalista.
