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El jueves 5 se conoció que, entre los elementos que debían ser peritados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, faltaban el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel y los subfusiles de Javier Pintos, el principal imputado por el asesinato del mapuche, y de Ramón Obregón. Todos los subfusiles de los prefectos del Grupo Albatros que reprimieron el 25 de noviembre del 2.017 y que terminó con la vida de Rafita, debían ser sometidos a peritajes por tercera vez. Con el primer peritaje, la Cámara Federal de General Roca procesó a Pintos como el autor del homicidio; sin embargo, este fallo fue revocado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal por el resultado del peritaje realizado por Gendarmería de Salta, cuya conclusión fue que el subfusil de Pintos no estaba involucrado en el ataque. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, ordenó un tercer peritaje de parte frente a los resultados contradictorios de los dos primeros. Cabe señalar que los elementos “extraviados” se encontraban en Bariloche rompiendo la “cadena de custodia” de la Prefectura de Seguridad Aeroportuaria.
Encubrimiento de Sur a Norte
Que los elementos más importantes a ser peritados el miércoles 4 de marzo en la provincia de Salta, hayan desaparecido implica un nuevo encubrimiento. El primer encubrimiento fue la designación de la “custodia” bajo otro cuerpo de las fuerzas armadas como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que remite al dicho: “Entre bomberos no nos pisemos la manguera”. El segundo encubrimiento corresponde al propio Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los familiares que luchan contra el gatillo fácil en Salta tienen elementos de sobra para cuestionar esta sentencia. El caso de Cristian Gallardo, que produjo un fuerte cuestionamiento al ex-gobernador Urtubey, delató el carácter encubridor del CIF determinando que la joven víctima “había sufrido descompensaciones perdiendo la vida” durante un traslado. Gallardo había sido detenido por un supuesto robo. El informe del hospital donde llegó el cuerpo de Cristian determinó que tenía hematomas y signos de tortura; hace un par de meses, un testigo que aducía haber sido víctima de robo por parte de Gallardo fue arrestado por falso testimonio.
Otro elemento probatorio del encubrimiento del CIF es la pericia de parte que realizó Jorge Farfán, padre de Gury. El informe de la junta médica del CIF establece que Gury murió por una sobredosis y alcoholismo. Recordemos que Gury fue asaltado mientras salía de una reunión de amigos y familiares y en defensa propia corrió para recuperar sus pertenencias donde fue golpeado por sus asaltantes y luego detenido por la policía, que lo torturó hasta la muerte. La autopsia de parte y la junta médica determinaron los signos de tortura y que Gury no contenía sustancias tóxicas en la sangre. Así se podría enumerar una larga lista de casos de gatillo fácil que el CIF encubre. Actualmente, de todos los casos, solo están detenidos los policías asesinos de Cristian Gallardo pero con prisión domiciliaria. El organismo en cuestión ahora esta bajo la dirección de la fiscal Sodero Calvet quien ha sido la responsable de que no avancen todas las causas de víctimas de gatillo fácil, por lo menos, que se nuclean en la Comisión de Familiares de Salta.
Abajo el régimen del gatillo fácil.
Las fuerzas represivas de General Roca ya han sido encubiertas por la Gendarmería de Salta en el segundo peritaje. ¿Por qué tanto encubrimiento? Rafael Nahuel fue asesinado por intentar recuperar, junto a su comunidad, sus tierras enfrentando a los grandes terratenientes como Benetton. La “Conquista del Desierto” sigue su curso. El peritaje de parte para esclarecer el caso del crimen de Rafael Nahuel nuevamente corre riesgo de impunidad bajo la órbita del CIF y el gobierno de Sáenz y Fernández. Sáenz continúa la línea represiva heredada de los anteriores gobiernos. En la provincia hay alrededor de 500 agentes de la policía denunciados por violencia familiar. La designación de Sodero Calvet frente al CIF y el sostenimiento de Abel Cornejo, responsable de las muertes tras las represiones entre el 2000 y 2001 en General Mosconi, como Procurador de la provincia, son la clara expresión de impunidad que pretende llevar adelante el gobernador Sáenz.
Justicia
Organicemos la más amplia movilización de Norte a Sur y de Este a Oeste para terminar con el gatillo fácil y la impunidad como ya lo vienen haciendo las comisiones de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Abajo el régimen del gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo. Elección popular de jueces y fiscales con mandatos revocables. Justicia por Rafael Nahuel y todas las víctimas del gatillo fácil.
