“La cuestión policial no puede separarse de un Estado y de una cierta organización social”

Escribe Marcelo Ramal

Discurso de Marcelo Ramal en la Legislatura porteña del 17 de noviembre de 2016, en ocasión de la creación de la Policía de la Ciudad con el voto conjunto de macristas, radicales y kirchneristas.

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Discurso de Marcelo Ramal en la Legislatura porteña del 17 de noviembre de 2016, en ocasión de la creación de la Policía de la Ciudad con el voto conjunto de macristas, radicales y kirchneristas.

Señora presidenta: comienzo señalando que el debate de esta ley se da en momentos en que asistimos en el país y en la ciudad a una de las crisis más profundas del llamado “aparato de seguridad del Estado”, de sus instituciones policiales y represivas. Dan cuenta de esa enorme crisis los hechos ocurridos en los últimos nueve o diez meses, entre ellos, la triple fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci -a comienzos de año, prácticamente en las barbas y con la complicidad del aparato policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-, y otros episodios posteriores en la Provincia, incluso las intimidaciones a la propia gobernadora. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se dieron situaciones que hace pocos días editorializó el diario La Nación, por ejemplo, la existencia de un comisario prófugo. Estamos debatiendo esta ley, que supuestamente tiene que ordenar la seguridad pública en la ciudad, con un comisario prófugo, después de haber organizado un sistema de extorsiones, de comisiones y de coimas con comerciantes y también con los trapitos. Es bueno decir esto acá, ya que hay tanta insistencia para tratar una ley para penalizar a los trapitos cuando está prófugo alguien que practicaba coimas y extorsiones con ellos. Quiero señalar, incluso, respecto de este comisario prófugo, cuando se detectaron las operaciones que hacía, su jefe superior en la Superintendencia de Seguridad Federal diseminó a varios de sus subordinados en otras comisarías de la ciudad. El entrelazamiento entre el aparato policial represivo y el crimen organizado probablemente está en su punto más alto; éste es un síntoma no solo de la descomposición policial, sino también de la descomposición de todo un Estado. Esta situación de gravedad que -quiero mencionar- ocurre este año ahora, después de la fusión que se votara el 18 de enero entre parte de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, tiene otra faceta grave. Tiene que ver con los atropellos policiales en la ciudad y con las acciones arbitrarias. Acabamos de vivir un episodio escandaloso en el barrio Zavaleta con la detención y tortura a los chicos de La Garganta Poderosa y también numerosos casos en la zona, en la Villa 21-24, de atropellos e intimidaciones policiales contra organizaciones sociales y políticas que hemos denunciado hace unas semanas en esta Legislatura en una conferencia de prensa. Esta policía unida ha sido un injerto, una transferencia de todo un aparato policial sospechado en forma entera y única. Ahora que veo ingresar a la diputada Ocaña -y no se asuste-, quiero recordar la sesión de hace algunas semanas, cuando ella denunció a otro comisario de la ciudad en ejercicio, con clara complicidad y encubrimiento con relación al caso de la mafia de la efedrina.

Ese es el sistema de seguridad que vamos a tratar de emplomar -yo no, pero ustedes sí-, recauchutar y maquillar con la ley que se quiere votar. Esta ley es un gran operativo de encubrimiento sobre un aparato de seguridad que está descompuesto hasta sus vísceras y sus entrañas. Para ingresar ya en el debate sobre la propia ley, es indudable que su objetivo es tratar de disimular o enmascarar esta descomposición. Veamos su primer punto: el tema del control civil. Toda la ley parece redactada para refutarnos: “Es cierto. Estás hablando de que hay una descomposición policial. No lo ocultamos, pero vamos a establecer el control civil”. ¡Qué hipocresía! Se quiere presentar a esta descomposición de la Policía Federal como un fenómeno particular y ajeno al Estado y a la sociedad que maneja esa Policía Federal. Señores de la Coalición Cambiemos: ¿no tienen ustedes una interna feroz en torno de las políticas civiles que manejan la justicia y la policía en el país y en la propia ciudad? ¿No ha denunciado la diputada Carrió al presidente de un importante club de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, que manejaría el conjunto del sistema policial y de justicia en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No es ese presidente del club de fútbol de la ciudad el que ha manejado designaciones de comisarios, incluso de aquellos que hoy aparecen sospechados en distintos tipos de abusos y corruptelas? Ya hay un control civil; es el control que ejercen los popes del juego, de los bingos, del lavado de dinero. El gran error, si se quiere, o el gran dislate conceptual de esta ley es tratar de presentar al problema policial separado de un aparato de Estado y de una determinada organización social. Esa organización social es la que acaba de determinar, por ejemplo, un régimen de blanqueo de capitales que permite, y ya está llevando adelante, una gran operación de blanqueo y hasta un boom inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires con esos fondos. Es la organización social la que ha unido la especulación inmobiliaria con los beneficios del juego privado, de la fabricación de metanfetaminas, de la introducción de drogas en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con control y participación civil. Esta es la realidad. Y entonces, con esta presunta administración civil, se quiere encubrir ese entrelazamiento de fondos entre el Estado, sus partidos políticos, sus mafias, sus grupos capitalistas y, naturalmente, luego el aparato policial. Probablemente, el gran elemento de enmascaramiento de esta ley pase por estos foros de participación civil. Se va a llevar adelante toda una serie de normas, que después veremos son fuertemente represivas, pero se quiere colocar a la sociedad civil como participante, de alguna manera encubridora, con una cosmética de supuesta participación.

Si uno lee en el punto respectivo en qué consiste esta participación y estos foros, encuentra, como en muchas partes de la ley, fórmulas vacías. Los foros deberán formular propuestas, desarrollar una relación permanente, realizar talleres y cursos, pero en ningún momento hay una injerencia o control real alguno de los vecinos sobre lo que ocurre dentro de las comisarías. Lo que ocurre dentro de las comisarías sigue siendo un secreto celosamente guardado del aparato policial. Ustedes me dirán: “No, momento, hay un artículo posterior que se refiere al acceso de la información en materia de seguridad”. Efectivamente, hay un artículo de la ley que se refiere a ese punto. Pero cuando uno lee con atención en qué consiste, resulta que las excepciones son mucho más importantes que la regla. Virtualmente, el sistema de seguridad no está obligado a dar ningún tipo de información. Cuando uno lee el artículo 33 y se mencionan todas las excepciones dispuestas con relación al problema de la información, llega a la conclusión de que en nombre de la seguridad, de la confidencialidad, de la cadena de mandos, etcétera, no hay virtualmente ninguna obligación de dar información. Por lo tanto, se ha revestido a la ley de una ficción de participación ciudadana, que no tiene otro objetivo que el de legitimar la existencia de este aparato policial sospechado por sus acciones represivas e -insistimos- por su entrelazamiento con el delito. Respecto de los problemas de fondo, quiero decir lo siguiente: cuando se le retira la cáscara participacionista a esta ley, se observa la legitimación o legalización de un Estado policial en la ciudad; en una ciudad que ha registrado numerosísimos casos de gatillos fácil; en un país donde -como ha denunciado la CORREPI, desde 1983 hasta la actualidad- se han registrado más de 4.400 casos de gatillo fácil y la Policía Federal ocasionó alrededor de 450 de ellos. El artículo que se ha señalado referente a las manifestaciones públicas deja en una deliberada ambigüedad la supuesta equidad entre el derecho de las personas que circulan y el derecho de los manifestantes. En definitiva, deja en manos de las fuerzas represivas la posibilidad de actuar contra el derecho a movilizarse y a reclamar en un país sacudido por un feroz ajuste, por suspensiones, por despidos y por limitaciones del derecho al salario. Indudablemente, se legaliza la posibilidad de actuar contra ese derecho a movilizarse y a manifestarse. Además, quiero señalar la gravedad del artículo 83 porque legaliza la posibilidad de detener a las personas por razones de mera identificación y hacerlas permanecer en la comisaría durante 4 horas. Indudablemente, es la legalización de una arbitrariedad. En otro aspecto de la ley, se legaliza la privatización de la seguridad. Esto no solo tiene que ver con las normas dirigidas a la seguridad privada, sino que, a través de la figura de servicios complementarios, legaliza los adicionales. Este es el punto que ha permitido la formación de esta policía porteña.

El Gobierno de la Ciudad ha legalizado los adicionales. Es decir, el mecanismo a través del cual se desarrolla la corrupción al interior de la fuerza y se establece un sistema de sujeción a los mandos fundado en la coacción económica, que determina quién participa o no de los adicionales. Por otro lado, quiero expresar mi rechazo al artículo que prohíbe la agremiación, sindicalización y afiliación política de la fuerza. Pueden existir diversas opiniones y distintos fines o propósitos para la formación de sindicados o agremiaciones policiales. Hay sindicatos y agremiaciones que levantan posiciones reaccionarias o corporativas en relación a la defensa de su fuerza frente a cuestionamientos, incluso, por sus acciones represivas, que combatiremos, rechazaremos y denunciaremos sus fines, pero defendemos el derecho a la agremiación sindical y a la afiliación política, porque esa sindicalización puede también representar una rebelión contra sus mandos o un principio de disolución de este Estado. El Partido Obrero defiende la disolución de este Estado que, en su momento, implicará también una escisión de las fuerzas de seguridad, no en el sentido disolutorio y corrupto de hoy entre cajas y bandas, sino entre aquellos que decidan sumarse a las filas de los explotados y aquellos que decidan defender a sus jefes y a sus explotadores.

Finalmente, quiero decir que esta ley legaliza el estado policial, que es el resultado inevitable de un Estado que en la ciudad y en el país debe separar a la mayoría de población de una minoría social que defiende los intereses inmobiliarios, de los bancos, los narcolavadores. Estos intereses solo se pueden defender constituyendo un aparato estatal represivo especial, separado de la sociedad, enemigo de ella, con límites insalvables e inseparables en las relaciones sociales existentes. Solamente cuando la sociedad se reconcilie con ese Estado, a través de un gobierno de la mayoría trabajadora, tendremos una fuerza protectiva, del pueblo, de la ciudadanía, electa, responsable ante la mayoría de la población que, naturalmente, actuará en función de proteger a la mayoría del país contra aquella minoría que históricamente gobernó en contra de sus intereses. En función de esta apreciación de fondo, señora presidenta, voy a votar en contra de este proyecto de ley.

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