Escriben Elena Florín y Myriam Álvarez
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A horas de cumplirse cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, ocurrido el 25 de noviembre del 2017, el domingo 21 fue asesinado Elías Garay, un joven mapuche de 29 años, y otro, Gonzalo Cabrera, se encuentra internado en grave estado. Ambos fueron atacados en Cuesta del Ternero por desconocidos que se encontraban “de caza” y fusilados a corta distancia.
Hasta ahora, se pudo determinar que el crimen fue cometido por dos individuos de civil que entraron al territorio recuperado por la Lof Quemquemtrew. El lugar se encontraba sitiado por fuerzas de seguridad, COER, Gendarmería y policía provincial. Es un enigma cómo pudieron traspasar los retenes, que fueron eficaces para impedir, durante 56 días, el ingreso de comida y abrigo a la comunidad. La familia de Cabrera y las organizaciones de derechos humanos reclaman garantías de seguridad para Gonzalo, testigo clave de los hechos.
Luego de la masacre, hubo protestas en Bariloche, en el Valle, en Trelew; y en El Bolsón hubo manifestaciones que reclamaron cárcel a los asesinos y dieron el apoyo a los pueblos originarios que enfrentan poderosos intereses capitalistas, tanto inmobiliarios como mineros y energéticos, amparados por el Estado. El gobierno ha delegado en Aníbal Fernández la coordinación represiva en la Patagonia con el gobierno chileno.
La comunidad mapuche apunta a los hermanos Rocco -específicamente a Rolando Rocco- amparados por funcionarios políticos y judiciales de distintas jurisdicciones (el extremo sur de la Patagonia). El estado le concedió por 90 años los territorios de la Lof Quemquemtrew, además de condonaciones de deuda y toda clase de subsidios y apoyos económicos. El choque entre esos intereses empresariales y las comunidades originarias es brutal.
El ex senador Miguel Pichetto, promotor del Foro Consenso Bariloche, es instigador de esta campaña antimapuche y defensor de los Lewis, Rocco y compañía. Por su parte, el intendente Bruno Pogliano denuncia a la Gendarmería, que responde al gobierno nacional, por haber liberado la zona durante la noche del domingo, cuando una horda de gauchos nacionalistas, alcoholizados, a caballo, atacaron, con rebenques, palos y cuchillos, a la población que hacía una vigilia en el hospital de ElBolsón donde estaba internado Cabrera. De esa barbarie, Pogliano -quien fuera contador del magnate Joe Lewis- se desresponsabiliza y acusa al gobierno nacional. Aníbal Fernández niega haber retirado a Gendarmería.
La Cámara de Turismo de El Bolsón y la de Bariloche presionan por “más seguridad”: léase represión.
Los trabajadores debemos movilizarnos en defensa de los pueblos originarios frente a la depredación capitalista.
Llamamos a la unidad para enfrentar la represión con la movilización. Organicemos un Congreso Obrero donde todos estos protagonistas resolvamos otro destino para las mayorías explotadas.