Los fusilamientos en Quemquemtrew, la lucha de clases y el FMI

El variopinto elenco de personajes involucrados en el homicidio de Elías Garay e intento de homicidio de Gonzalo Cabrera de la lof Quemquemtrew puso en evidencia una vez más la componenda de intereses entre terratenientes y sus políticos como así también el histórico rol que juegan los recursos naturales de la zona en la acumulación capitalista del Estado-Nación en Argentina -y, también, obviamente, en Chile. Las distintas fases de “integración” económica que les siguieron a la transformación de los territorios nacionales patagónicos en provincias estuvieron siempre pensadas en función de las grandes concentraciones industriales, y, por ende, urbanas. Este punto de partida es fundamental para entender el sicariato y la criminalización contra los mapuches en la actual etapa que vive el país, signada por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No nos encontramos ante una relación lineal e inmediata sino ante un escenario cuya complejidad no debe hacernos perder de vista el impasse en que se encuentran las clases dominantes para imponer un plan de conjunto a los sectores populares.

Teniendo en cuenta la tradición de impunidad que rodea los crímenes contra los mapuches en la zona, en el activismo llamó la atención que en menos de una semana se encontrase a los presuntos autores materiales de las ejecuciones en Quemquemtrew y se dictara la inmediata presión preventiva para ambos. Estamos hablando de Martín Feilberg y Diego Ravasio, dos subcontratistas de la familia Rocco, a quien el Estado provincial le otorgó la concesión de un terreno fiscal con facilidades irrisorias. Desde las primeras horas en que se conoció el crimen, la gobernación a cargo de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) se encargó de desvincular del asunto al COER, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la policía de Río Negro, quien se encontraba desde hacía más de 50 días sitiando a la comunidad a la altura del paraje Cuesta del Ternero, a pocos kilómetros de El Bolsón. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía a cargo de Betiana Cendón -a quien en la zona se la vincula sentimentalmente con Roberto Carlos Sánchez, Jefe del COER- y Francisco Arrien, fue la encargada de pedir con vehemencia la prisión preventiva de los acusados. ( https://politicaobrera.com/6001-prision-preventiva-para-los-acusados-de-asesinar-a-elias-garay-y-herir-a-gonzalo-cabrera-en-quemquemtrew)

Uno de los abogados de Ravasio es Estanislao Cazaux, quien además oficia como apoderado del Partido Justicialista rionegrino y a quien también se lo sindica como hombre de confianza de Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Por su parte, Ernesto Saavedra, uno de los abogados que representan a Feilberg, cuenta con un frondoso currículum -léase prontuario- antimapuche: fue despedido por racista por el Obispado de San Isidro, que no se destaca justamente por su práctica en defensa de los pueblos originarios -estuvo detrás, por ejemplo, del pedido de desalojo de la lof Lafquen Winkul Mapu, en cercanías de Bariloche. Además, entre otras vinculaciones turbias con las clases dominantes de la zona, Saavedra es abogado del propio Rocco.

En la mencionada audiencia, Ravasio y Feilberg manifestaron que en la tarde del 21 de noviembre se dirigieron al territorio recuperado por los mapuches a hacer un reconocimiento del lugar y a cazar, que fueron interceptados por un grupo de comuneros y se produjo una discusión y un forcejeo en el que resultó muerto casi en el acto Garay y herido de gravedad Cabrera, ambos por balas de plomo efectuadas desde una carabina calibre 22 que llevaban en su poder. Agregaron que sus contrincantes se encontraban armados aunque no denunciaron que hayan efectuado disparos, pese a que les habían asesinado a un compañero y el otro se desangraba mientras peleaba por su vida. Andrea Reile, abogada de la lof, negó categóricamente que los mapuches se encontrasen con armas (Prosa Urgente, 27/11/21). En una entrevista concedida al diario Río Negro, Saavedra señaló que durante esa jornada “Feilberg y Ravasio trabajaron todo el día, almorzaron arriba y después bajaron, a pedido de Rocco, para ver si quedaba madera dura en la zona de la ocupación mapuche” (30/11/21). A diferencia de lo que ocurrió en la audiencia, esta vez se lo vincula al propio Rocco en el contexto de la secuencia de los disparos.

Es interesante ensayar una caracterización aproximada de la condición social de los dos acusados. Ambos vendrían a ser algo así como “emprendedores”, es decir, sujetos sin un capital económico de envergadura pero que aspiran a ser empresarios de importancia. En la segunda mitad del siglo 19 en Patagonia -y, en especial, durante y a partir de la mal llamada “Campaña del Desierto”- ocurrió algo similar con este tipo de personajes a lo que en Estado Unidos con la “Conquista del Oeste”: estos “emprendedores” en muchos casos eran reclutados por el Estado y los grandes capitalistas desde los “bajos fondos” o de la pequeña burguesía venida a menos, -cuando no directamente eran lúmpenes, bandoleros o criminales-, y obviamente estaban dispuestos a todo -o a casi todo- con tal de cumplir sus objetivos. Lo que trascendió de Feilberg es que “integró algunas sociedades anónimas, una metalúrgica en 2013 (Forjar S.A.) y una financiera y exportadora en 2018 (TECMET ASISA S.A.). Aunque su presencia en el escenario del crimen la explicó como forestador asociado en un 50% con Rocco para explotar las plantaciones en pie y la quemada por los últimos incendios a través de San Simón S.R.L., inscripta hace dos años en Esquel” (El Cohete a la Luna, 28/11/21). Ravasio dijo que trabajaba para Feilberg pero además es referente del autodenominado grupo “Vecinos Promineros de Esquel” desde hace más de una década. En numerosas oportunidades dio entrevistas alentando a la megaminería en Chubut, que se encuentra prohibida por ley y, sobre todo, por la movilización popular: Vecinos de Esquel visitaron Mina Gualcamayo en San Juan. Otro dato no menor que trascendió -y que pudimos constatar- es que los acusados son personas reaccionarias, que en sus círculos cercanos proferían comentarios racistas contra los mapuches y se mofaban del activismo que lucha en defensa de sus derechos como trabajadores, medioambientales o de género.

Una etapa de rebeliones populares

El mundo, y en especial el continente americano, ingresó hace aproximadamente dos años a una etapa signada por rebeliones populares en respuesta a las políticas de ajuste contra las masas populares, ya sea por parte de gobiernos abiertamente de derecha como centroizquierdistas, en el marco de una crisis histórica del sistema capitalista. Este escenario convulsivo vivió un “amesetamiento” en los momentos más apremiantes por la pandemia de Covid-19 aunque ello no impidió, por ejemplo, enormes movilizaciones contra el racismo en la principal potencia mundial durante el año pasado, que le significó una derrota electoral a Donald Trump en su intento por ser reelecto presidente de Estados Unidos. Acá nomás, al otro lado de la cordillera, en Chile, se vive una de las expresiones más radicales de este proceso contra el régimen pinochetista aun perviviente. En ese proceso los mapuches no son actores de reparto sino más bien lo contrario: la causa mapuche, es decir, por un lado, la cuestión de la tierra, y, por el otro, -aunque no desligado- la de los pueblos originarios en la urbe, la proletarización del aborigen, está en el centro de la escena. De conjunto, la impugnación de las masas al pinochetismo no puede sino ser la impugnación al capitalismo chileno y su dependencia semicolonial del imperialismo estadounidense.

Este escenario no le es ajeno a la Argentina, que transita semanas decisivas de rosca política en las alturas de cara a un acuerdo con el FMI que implicará de mínima una devaluación del peso de al menos el 30% y la reactualización de las tarifas de los servicios públicos, y más en general se intentará una reconfiguración de conjunto contra las conquistas obreras y populares: contrarreformas previsionales y laborales. Este contexto encuentra al personal político de las clases dominantes en disputa sobre cómo descargar este plan antiobrero contra el pueblo. Así surgen distintos agrupamientos que buscan acuerdos para avanzar contra los sectores populares. Es el caso de Foro Consenso Bariloche, un aglomerado reaccionario que se reunió en agosto último, del que participaron, el exsenador Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras; el intendente anfitrión Gustavo Genusso, el de El Bolsón, Bruno Pogliano; el ex ministro de seguridad de Chubut, Federico Massoni, y el abogado Saavedra. En pocas palabras, fue un cónclave fascista antimapuche..

Al otro día del encuentro, Diego Frutos, uno de sus protagonistas, fingió un ataque mapuche en la zona del lago Mascardi. Según trascendió en algunos medios, la gobernadora Carreras no acompañó la impostura de su compañero de Foro. Este antecedente puede darnos una pista acerca del comportamiento del gobierno provincial respecto a los fusilamientos en Quemquemtrew, en la que se pretende desligar a la policía provincial, y con ello al Estado, de toda responsabilidad, siendo que fue la propia fiscal Cendón la que alentó el cerco policial en el territorio. Es probable que nos encontremos en una interna entre fascistas sobre cómo combatir a los mapuches: por un lado, la acción directa de los propietarios, por el otro el Estado que busca mantener el monopolio del uso de la fuerza. De todas formas, ambos recursos no son excluyentes: el sicariato contra aquellos que desafían los intereses de los terratenientes y empresarios de la zona, es moneda corriente al menos desde el genocidio que implicó la denominada “Campaña de Desierto”. Los referentes de Juntos Somos Río Negro también responsabilizan al Gobierno Nacional por supuestamente hacer la “vista gorda” ante la recuperación de tierras de los mapuches. Sin embargo, a comienzos de noviembre el propio Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, se reunió con un enviado del gobierno de Sebastián Piñera para coordinar acciones conjuntas entre ambos países, es decir, para profundizar la criminalización al pueblo mapuche.

El acuerdo con el FMI, además de buscar descargar la crisis sobre la espalda del pueblo trabajador, procura incentivar las inversiones extranjeras en los recursos naturales, es decir, profundizar la sumisión económica y política del país. La devastación del medioambiente es una de las principales consecuencias de estas políticas en la que se pretende darle mejores condiciones de explotación al extrativismo, es decir a la extracción en gran escala e intensidad de los recursos naturales, que son exportados sin ningún tipo de procesamiento de importancia que le imprima valor agregado.

La regresión en las condiciones de vida en que se encuentran los trabajadores y el resto del pueblo en Patagonia pegará un salto si se concreta el mentado acuerdo con el FMI. La criminalización al pueblo mapuche que lucha es también una advertencia al conjunto de la clase trabajadora de los capitalistas para los tiempos que transitamos. La reciente condena a César Arakaki y Daniel Ruiz por manifestarse contra la reforma previsional macrista en 2017 es una señal más en este sentido, compartida por ambos lados de la “grieta”. La horda nacionalista que agredió a quienes se manifestaron en El Bolsón por las ejecuciones en Quemquemtrew adelanta grandes choques sociales. La recuperación del territorio por pueblos originarios atenta contra intereses de terratenientes, mineros, petroleros, forestales y de demás capitalistas que presionan para un acuerdo con el FMI. La resistencia mapuche y obrera a estos planes debe dar lugar a una amplia deliberación entre los involucrados para oponerle una opción de poder propia.

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