Una nueva muerte evitable en el hospital Borda

En la madrugada del 1 de diciembre, un paciente del Borda resultó muerto a manos de otro paciente que le propinó una golpiza mortal. En mayo del 2020, se había producido otro muerto, producto de un ataque de una jauría de perros sueltos que rondaba en las inmediaciones de la zona, en Barracas.

Falta de personal

Los distintos medios de comunicación que abordan el hecho, ponen de relieve la falta de personal de enfermería en el momento de los hechos. Importante, ya que la falta de personal en general y de enfermería en particular, es uno de los reclamos pilares del personal de Salud a lo largo de estos dos años de pandemia.

En el Borda se cubren con uno o dos enfermeros 5 servicios de internación con un promedio de 25 a 30 camas cada uno, es decir entre 125 y 150 pacientes para dos enfermeros. Por otra parte, sus trabajadores denuncian faltantes de medicación básica y materiales de trabajo en general. Esta situación no es una excepción, sino un reflejo de la realidad del sistema de salud público y su vaciamiento que viene de larga data y se agudizó con la pandemia.

Sin embargo, frente a una descompensación psíquica, en un hospital de Salud Mental, actúa un equipo interdisciplinario que aborda la situación. La falta de personal, no solo de enfermería, tiene consecuencias fatales.

Dónde poner el ojo

“Otra muerte por desidia”, titula el CELS en su publicación sobre lo acontecido. Dice que se trata de “un claro ejemplo de institución manicomial como lugar de desidia y abandono estatal”, y le reclama al estado no haber llevado adelante la creación de instituciones que los reemplacen como impulsa la ley de Salud Mental.

Esta ley plantea el cierre de los llamados manicomios, y su reemplazo por la creación de un sistema de dispositivos abiertos, que reduzca la internación al mínimo y enfoque el trabajo sobre la salud mental desde una perspectiva que lo integre socialmente con la perspectiva del respeto a los derechos humanos.

Pero la falta de personal no es responsabilidad del hospital psiquiátrico. Con la ley aprobada en 2014, y sin haber puesto un solo peso en el desarrollo del sistema de atención, el gobierno de la ciudad, en nombre de la ley, trabaja incesantemente por el cierre de los hospitales. No ha construido un solo dispositivo para la atención ambulante sino que ha tercerizado una enorme masa de recursos a efectores privados.

El gobierno porteño lo que pretende es una “refuncionalización” de los hospitales monovalentes de salud mental con el propósito de desarrollar un ajuste brutal y disponer de los terrenos que actualmente ocupan en el sur de la ciudad para favorecer negocios inmobiliarios.

Para la Izquierda Diario, “esta nueva muerte nos obliga a repensar las condiciones en la que se encuentran aquellos usuarios que están internados en los hospitales psiquiátricos públicos y en los recursos que se destinan a dicha población. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la real implementación de la misma no fue prioridad de ningún gobierno.” Para el PTS, en sintonía con el CELS, bastaría que algún gobierno aplique la ley.

Salud Mental

El estado de salud mental de la población ha dado un salto regresivo con la agudización de las contradicciones económicas y sociales que se desarrollaron bajo la pandemia. Esto se refleja en una creciente demanda y colapso de los efectores de salud mental, pero también en el impactante crecimiento de las adicciones en la juventud y la violencia intrafamiliar, producto de la intolerable opresión del régimen capitalista y la alienación de los trabajadores.

Los hospitales de salud mental, dispositivos de integración comunitaria y los distintos abordajes terapéuticos, deben ser considerados a la luz del colapso sanitario, el derrumbe social y económico del régimen capitalista que es incapaz de sostener las prestaciones más elementales de la población, como son el trabajo, los alimentos, la salud, la vivienda y la educación, factores que erosionan la salud mental.

Por otra parte, no se concibe a la salud mental de forma integral a la salud en general. El recorte presupuestario que anuncia el presupuesto 2022, de cara al acuerdo con el FMI, para salud mental, del 2,2 a 1,48% del presupuesto de salud general plantea el agravamiento de la situación.

Un programa de defensa de la salud en general y de la salud mental de la familia obrera debe estar ligada a la lucha política general contra el régimen social de conjunto, que garantice el acceso y calidad de la atención de los trabajadores.