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La situación del transporte público en Bariloche es insostenible. La concesionaria Mi Bus comete todo tipo de incumplimientos e irregularidades. Además de cobrar uno de los boletos más caros del país- 62 pesos el viaje mínimo- funciona con frecuencias de media hora y de una hora, como se había establecido durante la cuarentena. Violando todo sentido común y protocolo, viajamos apretados. Esto se agrava en plena temporada turística.
En una nueva conferencia de prensa, y a dos años de haber denunciado penalmente al intendente Gennuso por el sistema de transporte, la Multisectorial por el Transporte Público, representantes de Juntas Vecinales y vecinos autoconvocados anunciaron la convocatoria a una Asamblea Popular para el 11 de febrero a las 18 hora en el Centro Cívico. De la denuncia penal, ninguna novedad.
El tema que detonó esta nueva intervención popular es que el gobierno autorizó a la empresa a sustituir unidades circulantes por otras más antiguas. En 2016, la empresa se había comprometido por contrato a poner 100 colectivos en circulación. Nunca cumplió. Hoy circulan no más de 45 unidades y ahora, vetustas. La empresa aduce su endeudamiento con la carrocera Colcar, a quien le adquiriría las unidades por sistema de leasing (alquiler seguido de compra). Es decir, pagados con las ganancias obtenidas y no con capital inicial. Como no pudo pagar las unidades con la recaudación, ahora las devuelve. Circulan colectivos sin el logo de la empresa sino con uno que dice TUP, transporte urbano de pasajeros, lo que hace sospechar una pronta fuga de la empresa. Nadie sabe quién costea esas unidades no identificadas.
La bronca se acrecienta a partir de los millonarios subsidios que recibe la empresa por parte de los gobiernos nacional y provincial. Además, ¡el municipio le subsidia el combustible! Por esto la Multisectorial viene reclamando la apertura de los libros para constatar ingresos y egresos. La empresa tampoco paga en tiempo y forma los salarios de sus trabajadores y es la provincia quien adelanta el pago.
El acuerdo con el FMI que plantea la reducción de los subsidios afectará en forma directa el transporte en nuestra ciudad. Hoy con los subsidios que recibe mensualmente pagamos un boleto de 62 y ya están planteando que se iría a 95$.
El estado es cómplice directo del fraude del transporte. Primero con los subsidios, segundo por hacer la vista gorda a los incumplimientos, no ejercer ningún control ni exigir los balances anuales. El pueblo de Bariloche lo tiene bien claro.
Durante el 2021 hubo audiencias públicas por el aumento tarifario (no vinculantes). También se presentaron planes transformadores que nunca se implementaron. En febrero del 2021 la empresa presentó al ejecutivo la intención de rescindir el contrato. Por lo tanto, no sabemos a qué costo permanece el pésimo servicio que tenemos. Sí sabemos que no va más.
En la Asamblea Popular plantearemos la municipalización del servicio, pero bajo control de trabajadores y usuarios, no del equipo patronal que componen todas las instancias del estado barilochense. También la apertura de los libros.
Están convocados a participar los trabajadores que sufren otros graves problemas como la falta de agua y el impuestazo municipal que alcanza un 100 a 150% de aumento.
Será sin duda una asamblea preparatoria para las luchas que deberemos dar frente a las consecuencias del acuerdo con el FMI y la creciente crisis social que vive Bariloche.
