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El Partido Obrero adoptó tempranamente una clara posición frente al problema de las drogas. A fines de 1997, Pablo Rieznik escribió un texto (“El porrito de Calamaro”, en Prensa Obrera, 27/12/1997) en que se delimitaba de lo que llamó el “pajerismo intelectual”. Pablo polemizaba con José Pablo Feinman, quien reivindicaba el “derecho individual” a consumir lo que se le cante, y reclamaba la “regulación” estatal de las sustancias psicoactivas por el Estado.
PR señalaba que “«control estatal» del consumo de drogas no es otra cosa que un cuidadoso ‘descontrol’ de ese mismo consumo, y que lo que se trata es de ‘suprimir’ los poderes represivos, o sea destruir el Estado capitalista, y no atacar las ‘excusas’ que utiliza. Es la represión, advirtió, la que crea sus propias excusas, y no éstas las que habilitan o justifican la represión. De otro lado, insistía, el supuesto, de «sujetos libres», capaces de tomar decisiones fuera del contexto histórico, ignora la lucha por la supervivencia en una sociedad dividida en clases, en que una minoría explota a una inmensa mayoría, e ignora al Estado, con poderes para asegurar la reproducción de esas condiciones sociales. Otra cosa muy diferente es la defensa de los «derechos individuales», como arma política de lucha contra esas condiciones de explotación y opresión. Esa lucha no es expresión de «la (inexistente) autonomía de los sujetos», sino una acción colectiva dirigida a liquidar la raíz de los males y enfermedades sociales, entre ellas la esclavización a las drogas que no es otra cosa que la explotación del capital.
En Prensa Obrera, Desirée Macrini (“El prohibicionismo criminaliza y mata: abajo la Ley 23.737 de drogas de la dictadura”) admite, a su manera, el carácter contrarrevolucionario de la reivindicación de la ‘libertad’ para alcoholizarse y drogarse. “Ante el sufrimiento e injusticia diaria la mayoría recurrimos a algún tipo de sustancia o práctica para distendernos y aliviar la tensión o la angustia”. Más allá de la confusión entre consumo de sustancias y práctica, que involucra desde el deporte a cualquier otra afición, como programa político aboga por la autodestrucción personal.
“Lo revolucionario, insiste Macrini, es impulsar la regulación legal de la marihuana”, evitando referirse a los estupefacientes en general. Sólo reivindica la boleta de entrada a ellos. No especifica tampoco qué habría que regular. En todo caso sería una invasión a la intimidad individual, de modo que pasamos del ‘libre albedrío’ a la tutela estatal. Lo esencial, sin embargo, es otra cosa: Macrini describe el sufrimiento, la injusticia y la angustia pero no el estadio histórico de la descomposición capitalista. Las guerras y la destrucción del medio ambiente y del individuo social sólo pueden combatirse por medios revolucionarios colectivos.
Macrini reclama mayores impuestos a las bebidas alcohólicas para financiar la atención de los tratamientos de las personas adictas a las drogas y el alcohol. Como ya se escribió en otro artículo en estas páginas, Desirée pretende convertir a la sociedad en una Unidad de Terapia inmensa, ¡financiada por los propios contribuyentes!
A la inversa del texto de Macrini, un artículo de “opinión” de Federico Piccadaci pareciera reivindicar el patrimonio histórico del PO. Contradiciendo expresamente a Macrini, señala: “En este sentido, una tarea revolucionaria importante es luchar contra el consumo problemático de sustancias, luchar para que nuestrxs pibxs no tengan que drogarse para aguantar la vida, y para que tengan una verdadera perspectiva”. Como en otros asuntos de relevancia política, el aparato del PO ‘mira’ desde la tribuna lo que llama un “debate”, para medrar en la confusión y ocultar que apoya la permisividad con la droga.
Al abstraer el flagelo de la droga de las condiciones de explotación capitalista y, de otro lado, convocar al consumo ‘regulado’ de estupefacientes, estas posiciones traducen una firme línea de colaboración de clases; dicho con el mismo lenguaje de los señalados: una lucha de clases regulada. Absuelve a las organizaciones obreras, controladas por la burocracia, de la responsabilidad de no luchar contra el alcoholismo y la drogadicción. No denuncia que el aumento exponencial de estos flagelos son el resultado de un 50% de pobreza y un 30% de indigencia, en crecimiento. O sea, de una política sindical de sometimiento a las patronales y al FMI. Los ‘sufrimientos’ y las ‘angustias’, como una expresión colectiva, tienen un carácter político y deben ser atacados con la propaganda, la agitación y la organización revolucionarias.
