Moratoria: la radiografía de la desocupación y el trabajo en negro

El gobierno tendría en carpeta el envío de una nueva ley de moratoria que alcanzaría a los trabajadores próximos a jubilarse que no cuentan con los 30 años de aportes. La ley actual vence en julio. Las moratorias responden a las condiciones de precariedad laboral y desempleo que golpean con fuerza creciente a los trabajadores que se encuentran pronto a jubilarse. Entre las mujeres de 55 a 59 años, 9 de cada 10 no cuentan con los años de aportes necesarios para iniciar el trámite jubilatorio. En el caso de los hombres de 60 a 64 años, la estadística indica que 7 de cada 10 sufre los mismos problemas (Clarín, 18/02).

Esta situación explosiva obliga al gobierno a pensar en una nueva ley que ´incluya´ a los desarropados por el sistema. La ley de moratoria actual había sido introducida como una ley emergencial para permitir el acceso a una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que no reunían -ni reunirán- las condiciones para jubilarse. El cuadro social no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado desde entonces, dando cuenta de un avance de la informalidad y el desempleo. Se calcula que 2 millones de trabajadores próximos a jubilarse no cuentan con los aportes necesarios. Esta situación es el resultado de la destrucción de los derechos laborales que han reducido de manera creciente las cargas sociales aportadas por las patronales junto con la flexibilización de las condiciones de trabajo y el enorme crecimiento de la desocupación que afecta a más de 4 millones de personas.

La alternativa actual para estos trabajadores es esperar a los 65 años para ingresar al régimen de PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), la cual consiste en un aporte que no mide la contribución, es decir, es equivalente para quien aportó 0 años que para quien haya aportado 25. Y solamente representa un 80% del ya devaluado piso jubilatorio - $26.104 desde marzo.

La nueva moratoria no coloca ningún elemento para atacar de fondo este problema sino que introduce un nuevo parche para atender a una masa creciente de trabajadores que no pueden acceder a su jubilación. En los hechos, se va imponiendo la generalización de una pensión asistencial a la vejez, que ha sido el planteo del FMI durante estos últimos años.

El gobierno ya ha anticipado, por eso, que la presente moratoria no contradice en nada el acuerdo con el FMI, buscando así evitar choques con “la grieta”. Lo cual es una verdad irrefutable, el fondo es desde hace tiempo un gran partidario de las asignaciones universales, es decir, que todos los adultos mayores tengan una pensión mínima asegurada. Esta ha sido la orientación del gobierno, que ha condenado de manera creciente a una base mayor de jubilados a una mísera pensión. Se van creando, de este modo, las condiciones para el desembarco de "fondos de capitalización" -remedo de las AFJP- orientado a quienes tengan condiciones de ahorro para intentar asegurarse un retiro más holgado.