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En medio de las grandes movilizaciones de desocupados, mientras se encuentran más de 30 mil compañeros y compañeras acampando en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno ha dado a conocer el nuevo índice de pobreza: un exorbitante 37,5%. Este número es levemente inferior al ofrecido en el informe del año pasado, cuando el cese de las restricciones económicas por la pandemia había dado lugar a un leve “rebote” de la actividad económica. Sin embargo, el nivel de pobreza se mantiene por encima de lo informado en 2019.
Estos altos niveles de pobreza, sin embargo, han venido acompañados con una baja, mucho más marcada, de los niveles de desocupación que estarían orillando el 7%. Lo que muestra, en primer lugar, que una mayor ocupación de la fuerza de trabajo no trae aparejada un descenso equivalente de la pobreza.
Ser un trabajador ocupado en la Argentina ha dejado de ser garantía hace muchos años de una estabilidad económica, siquiera una salida de la miseria. Los salarios hoy no llegan a cubrir en muchos gremios fabriles la canasta de pobreza. En la línea de 'desindexar' salarios y jubilaciones, el gobierno ha decretado un aumento del salario mínimo del 45% versus una inflación proyectada del 60-65%. Recién en diciembre próximo llegará a $47.000. Se acentúa nuevamente en desfasaje entre salario y costo de vida, cuando el salario mínimo debería ser equivalente al costo de la canasta familiar - incluida la vivienda.
Por otra parte, las estadísticas contabilizan como trabajadores “ocupados” a quienes cobran los planes sociales de $16.000 mensuales. Estos compañeros son puestos a suplir tareas de trabajadores municipales, auxiliares de escuelas, entre otros, sin convenio. Son más de 2 millones y medios de trabajadores empleados bajo este formato sobre una población económicamente activa de 13,5 millones de personas.
Las propias estadísticas a su turno se han encargado de podar el propio alcance de una canasta básica familiar, reducida a niveles de subsistencia. Una verdadera canasta familiar debería incluir al conjunto de las necesidades que hacen a la reproducción material y moral de una familia –gastos de salud, formativos y también culturales o recreativos.
La pobreza se ha convertido en un problema político estructural. Un 'escollo' contra el cual han chocado todos los intentos por avanzar a fondo en una 'normalización' económica y desmontar el régimen de emergencia que dará de la eclosión capitalista del 2001. Es el caso de las tarifas, cuando la guerra ha disparado los precios del gas y el petróleo por encima del 500%. En este escenario social, un tarifazo de semejante magnitud es simplemente inviable sin una reestructuración social de gran magnitud.
El empobrecimiento general de la población es un elemento disolvente del régimen político, como se expresa en la fragmentación y crisis de las coaliciones patronales.
Un régimen político agotado debe ser reemplazado bajo la dirección de la única clase social que pueda dar una salida a esta bancarrota - la clase obrera.
