Cómo superamos las contradicciones de la “cuarentena” oficial

No pasaron 24 horas de la “cuarentena total” de Fernández y los gobernadores, y sus inconsistencias emergieron con toda su fuerza.

En la noche del viernes, el gobierno dictó un decreto correctivo, ampliando las actividades que quedarían exceptuadas del encierro masivo. En ellas incluyó a las industrias que, por sus características, “podrían sufrir daños en sus máquinas ante la interrupción de su funcionamiento”. Es claro que esta excepción abarca a toda la gran industria de procesos continuos, como la siderurgia, el aluminio, la química y la petroquímica, entre otras. Esta ‘flexibilización’ dejaría funcionando a una elevada representación de la industria.

Pero una interpretación amplia de ese mismo decreto podría extender su alcance a muchos otros establecimientos que se consideren perjudicados por las interrupciones. Cuando se señala que la producción de alimentos sería la única excepción a la cuarentena, no se tiene en cuenta el “arrastre” inevitable de esa industria hacia muchas otras, como ocurre con todo lo relacionado con envases de plástico, papel o vidrio. Luego, a sus respectivas impresiones flexográficas, y así sucesivamente (los alimentos no se venden “a granel”).

La industria de la alimentación, por su lado, engloba producciones prescindibles como las golosinas, lo cual afecta a Arcor, entre otras, que se declara primera productora internacional. Finalmente, entre los exceptuados figuran también las “actividades impostergables vinculadas al comercio exterior”, ello, después que una huelga de recibidores de granos –reclamando por la completa indefensión de sus trabajadores- paralizó a los puertos exportadores del sur de Santa Fe. Los dólares para el pago de la deuda están por encima de la vida de los trabajadores.

Los agujeros de la cuarentena industrial convierten a las excepciones en reglas y a las reglas en excepciones.

“Reconversión” de beneficios

La decisión de mantener activa a una parte sustancial del aparato industrial desnuda las limitaciones de la cuarentena oficial, que en cierto modo deja de ser tal, y pone en peligro la salud y la vida de millones de trabajadores. Como el capital inactivo representa una posibilidad de quiebras, el licenciamiento transitorio de la fuerza de trabajo es visto como una amenaza a lo que ha convenido en llamarse “la economía”. Se evita la cuarentena de los trabajadores, para resguardar la ‘salud’ del capital. La economía, en tiempos de pandemia, exige inversiones de otro tipo - para cuidados sanitarios, prevención, diagnóstico y finalmente el tratamiento de los casos más agudos. En este plano, la acción estatal y gubernamental corre muy por detrás. Mientras tanto, el DNU de Fernández que suspende el aporte jubilatorio, exonera de su compromiso a la patronal y, de paso cañazo, le regala a ella el aporte personal de los trabajadores. Los abogados laboralistas han denunciado este atropello.

La industria automotriz se encuentra reconvirtiendo algunas de sus plantas globales –como la Ferrari en Italia o la General Motors en Estados Unidos- para producir respiradores. Según informan los diarios, alguna de las paralizadas terminales argentinas se encontraría detrás del mismo plan. Son decisiones impulsadas por “ventanas” u oportunidades de negocios que avizoran los monopolios capitalistas, y que por lo tanto seguirán las leyes del mercado, en tiempos de pandemia, sin subordinación a la reglamentación estatal. Como un respirador exige una articulación tecnológica –tratativas y negociaciones entre varias empresas -, la industria que queda fuera de la cuarentena, y el personal laboral que la ocupa, se acrecienta desproporcionadamente.

Una reglamentación estatal debería establecer, en todas las industrias encargadas de producir para la salud y para el abastecimiento de la población, una jornada de trabajo de seis horas, en la que se observe la “distancia social” y todas las medidas de higiene, lo que implica establecer un cuarto turno laboral. Luego de esto, es necesario un control de los precios, lo que supone la apertura de las cuentas de las empresas. ¿O Alberto Fernández se refiere a alguna otra cosa cuando pide “transparencia”? El procedimiento es por demás sencillo, porque, por ejemplo, solamente dos empresas dominan el mercado de respiradores. Todo esto vale especialmente frente a la decisión de que los laboratorios privados sean instruidos en la labor de diagnóstico que desarrolla el Instituto Malbrán – sistemáticamente vaciado por todas las administraciones del Estado.

Los trabajadores

La cuarentena ha sido improvisada para aprovechar la cadena de feriados y días no laborables de finales de marzo – a la cual se ha desplazado la fecha conmemorativa de Malvinas. Los pronósticos para abril aseguran un incremento de las infecciones y enfermedades derivadas, lo que supone una extensión más completa de la cuarentena. El gobierno y sus amigos del macrismo no han dado mayores precisiones sobre esto -obsesionados por el temor a una “catástrofe social” y política. A esto responde el anuncio de un estado de sitio que anticipó la ministra de Seguridad y la militarización escenificada de la policía de la Provincia, por parte de Sergio Berni.

La burguesía no puede convocar al pueblo a una movilización en la esfera del trabajo y la educación, ni siquiera la salud, porque no ha convocado -en la dimensión planteada por la crisis- a médicos, paramédicos y estudiantes de medicina, lo que posibilitaría acabar con las jornadas abusivas, reducir la jornada de trabajo y establecer un cuarto turno laboral. Están ausentes las consignas y los llamamientos para que los trabajadores elaboren planes de acción, como corresponde a una gran emergencia, y no dejarla en manos exclusivas de la corrupta burocracia del Estado.

La intervención de los trabajadores en los establecimientos, reparticiones y fábricas, y más allá, es crucial. En Argentina, estas horas y días de cuarentena han sido el teatro de infinidad de conflictos entre la clase obrera, de un lado, y el Estado o las patronales, del otro. En todos estos choques, la defensa de la salud y la vida ha estado siempre del lado de los trabajadores.

Es el caso de los técnicos a domicilio de las telefónicas, que se han rebelado contra la obligación de visitar a clientes en posible cuarentena; el de los compañeros de los delivery con aplicación, que exigen implementos sanitarios y de prevención para no seguir trabajando en la completa indefensión; el de los jóvenes de los call centers, obligados a seguir trabajando en condiciones explosivas para defender la continuidad del capital financiero (seguros, reclamos de préstamos); ni qué decir de todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y técnicos que denuncian cotidianamente la falta de insumos y las condiciones laborales agobiantes. Es el caso de innumerables fábricas que exigen trabajar a distancia prudente, con turnos reducidos y en condiciones sanitarias adecuadas. Y finalmente, de los millones de trabajadores en negro y monotributistas, a quienes la cuarentena los condena a la absoluta falta de ingresos. La organización obrera en los lugares de trabajo, la coordinación de trabajadores y delegados incluso virtual entre diferentes establecimientos, con un programa que priorice la salud y la vida de los trabajadores, resulta imperiosa, más aún cuando la “cuarentena total” muestra sus límites para dar cuenta de la crisis. No hay otra vía que la centralización de los recursos y un plan industrial urgente que priorice la producción de los elementos de prevención y tratamiento para el virus, bajo la movilización y la dirección de la clase obrera.

Rescate del capital

En todo el mundo capitalista, la prioridad de los gobiernos es rescatar al capital: entre Estados Unidos, la UE, Japón y el Reino Unido, los Tesoros y la banca central han destinado alrededor de u$s10 billones, para hacer frente a lo que caracterizan como una “crisis de liquidez” internacional. Un retiro del mercado de semejante monto de dinero constituye algo muy diferente de un problema de liquidez – es un derrumbe social y político. Se prevé una caída de PBIs del 20% y más aún de empleo. La crisis política que se ha abierto (o, mejor, profundizado) en países como Brasil, EEUU, México, Italia y Chile, avanza en forma acelerada.

En Argentina, la perspectiva de un arreglo de deuda con los fondos internacionales y el FMI se ha deteriorado considerablemente, en especial porque los Fernández han seguido pagando los intereses de esa deuda, y en muchos casos el capital mismo, a costa de los recursos públicos. El temor oficial a una catástrofe social y política ha llevado a que el gobierno esté preparando, con enormes vacilaciones, lo que los agentes de las finanzas llaman una “oferta agresiva”, no pagar nada hasta final de 2024, acumulando más deuda para esa fecha. Sería un default no declarado, que se vale del Covid-19 como un último recurso. Un default en los marcos de la política económica actual tendría agujeros por donde se lo mire, porque los Fernández siguen empeñados en conseguir el apoyo político de la burguesía argentina y del capital internacional que opera en el país. Unos y otros son dueños de la mitad de la deuda pública. Para salir del derrumbe es necesario centralizar compulsivamente todos los recursos del país, en función de un plan social y económico único – integral – bajo la movilización y la dirección de los trabajadores.

Partido Obrero (Tendencia), Mesa Ejecutiva, 21 de marzo de 2020