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El levantamiento (de amplia difusión nacional) del paro de los recolectores de residuos en San Nicolás, encuadrados en Camioneros, no tiene que ver con ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores del lugar, pero dejó expuesta a todo el país una furiosa interna política entre los dos principales partidos patronales de la Argentina.
El trasfondo político del conflicto es un enfrentamiento público que mantienen el intendente Manuel Pessaglia -enrolado en el macrismo- con el gobierno de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Sergio Berni.
Los enfrentamientos políticos entre el intendente y el gobierno provincial se han hecho públicos en relación a la politica de seguridad en la entrega de patrulleros en la ciudad, de fondos de la cooparticipación a las ciudades y hasta por la politica a seguir frente a la empresa dominante de la ciudad (Siderar), de Techint. Pessaglia actúa en la ciudad como un vulgar peón de los Techint, al punto que intentó expropiar terrenos privados por reclamo de la gran acería.
A raíz de que un juez de San Nicolás ordenara la detención de dos sindicalistas de Camioneros procesados por un conflicto ocurrido en una empresa logística de San Pedro hace cuatro años, los Moyano impulsaron un paro por tiempo indeterminado en los recolectores a sabiendas de las implicancias políticas que tendría la medida. Para Moyano, el conflicto era una forma de denunciar a los jueces que dictaron la causa como verdaderos “peones políticos” del macrismo y del propio intendente.
La medida de fuerza afectó seriamente la vida de la ciudad. Fue ordenada desde la dirección de Camioneros sin asamblea alguna y también levantada sorpresivamente por una decisión de los Moyano, que acataron una conciliación obligatoria también sin ninguna consulta con los trabajadores. Durante el conflicto, a pesar de los reclamos del intendente, se negaron a intervenir tanto el gobernador como el ministro Berni y también hizo silencio el propio presidente.
La discusión de fondo del conflicto de San Nicolás es la pretensión de gobernar con el Código Penal, criminalizando la protesta y los piquetes, ya sean de desocupados como de ocupados. Esta línea no es privativa de la oposición de derecha, ya que el gobierno nacional también está produciendo o avalando detenciones de activistas en los últimos conflictos callejeros.
Nos pronunciamos por la inmediata libertad de todos los detenidos por conflictos sociales, sindicales o políticos, incluyendo a los dos dirigentes Camioneros por tratarse de un claro conflicto gremial. Frente a las políticas represivas -ya vengan del peronismo o del macrismo- consideramos que la única respuesta valida es profundizar las luchas.
