Tiempo de lectura: 3 minutos
En medio de una crisis que sacude a la humanidad, el gobernador Morales el 12 de marzo emitió un decreto por el cual suspendía las clases por dos semanas en la provincia, y suspendió todos los eventos masivos públicos y privados por 60 días. Luego anunció el cierre de fronteras, la construcción de un “hospital de contingencia” y anunció en conferencia de prensa que iba a la reunión con el presidente para persuadirlo de que tome medidas “más profundas” para prevenir la propagación del virus (jujuyalmomento 18/3). En la reciente conferencia de prensa de AF, Morales compartió escenario junto a Perotti, Kiciloff y Larreta.
Antes del estallido de la crisis por el virus, en la provincia se acentuaba el vaciamiento de la salud, donde los hospitales no contaban con insumos básicos como alcohol, gasas y suero. Morales intentó armar un nicho de nuevos negocios con el sistema sanitario, cobrándoles aranceles a extranjeros y personas con obra social, y privatizando sectores rentables (alta complejidad). A esto se ha sumado que la provincia no ha cubierto las vacantes de enfermería que se produjeron estos últimos dos años, buscando meter una cuña de flexibilización laboral y que los enfermeros facturen como monotributistas.
Los límites de los anuncios de aislamiento
Las medidas, que buscan reducir al mínimo necesario la circulación y el aglomeramiento de personas, presentan una limitación insalvable: por un lado, no hay ningún plan para volcar todos los recursos económicos y humanos necesarios en materia sanitaria; por otro, el gobierno tampoco dice una palabra sobre cómo se va a garantizar el ingreso para poder soportar la cuarentena a todo un sector de trabajadores (privados, monotributistas y trabajadores informales). En Jujuy, aproximadamente la mitad de los trabajadores se encuentran en este estado, y un sector mayoritario de estos depende de un circuito comercial de cuentapropista de pequeña escala (vendedores ambulantes, de comida al paso, en la construcción, etc.). El gobierno, en lugar de garantizar los medios necesarios para sobrellevar el aislamiento salió a levantar los puestos ambulantes y reprimirlos.
En medio de la crisis y los anuncios por la instalación de hospitales de contingencia en la provincia, se produjo una movilización y reclamo por parte de enfermeros que reclaman el pase a planta y que se cubran todos los cargos vacantes en el estado. La creación de ocho centros de internación para casos de coronavirus supone inclusive ampliar el plantel de enfermeros, médicos y personal de maestranza.
El Ministerio de Salud anunció que invertirá 45 millones de pesos en insumos, pero este monto representa el 0,5% del presupuesto provincial. El anuncio del COE (Comité Operativo de Emergencia) plantea la posibilidad de tener 2.000 camas para atender pacientes infectados en varios puntos de la provincia. Sin embargo, la provincia no llega a contar ni 100 respiradores, y muchos están siendo utilizados por pacientes con otras patologías. Los enfermeros que van a cubrir los puestos en estos hospitales de campaña son reemplazantes y monotributistas, y ni siquiera están por tomar la cantidad necesaria de profesionales de la salud.
La policía ha perseguido y detenido a personas por no haber respetado la cuarentena, a pesar de que la mayoría de ellos eran trabajadores obligados a romper la cuarentena por las presiones de la patronal. El ministro de Seguridad de la provincia anunció que se habían producido 35 detenciones por “flagrancia” en el primer día de cuarentena nacional. Sin embargo, el gobierno no ha dado ninguna orden de controlar a las patronales que fuerzan a sus trabajadores a quebrar las medidas de aislamiento, so pena de perder el trabajo. Inclusive el emporio de Ledesma no permite a sus trabajadores en riesgo tomarse licencias pagas.
La violencia con la que ha actuado la policía de Morales en la cuarentena es una extensión de la que viene aplicando contra los reclamos obreros y populares. El gobierno explota esta situación para quebrar cualquier tipo de protesta obrera o reclamo contra las patronales que obligan a sus trabajadores a concurrir al trabajo arriesgando sus vidas o que directamente han optado por la vía de despidos o suspensiones sin pago de sueldos.
Una salida
El gobierno provincial ha tomado, de manera anticipada, medidas limitadas y que apuntan a reforzar un estado represivo en un cuadro de crisis que se viene arrastrando de hace rato. El gobierno ha vuelto a negar paritarias libres en la provincia como desde que asumió, la provincia se encuentra fuertemente endeudada y todos los proyectos oficiales naufragan (tren a La Quiaca, parque solar, etc).
Antes de la crisis del coronavirus, el gobierno tuvo que retroceder ante dos fenomenales movilizaciones populares: los docentes contra la grilla, y las movilizaciones contra los tarifazos en la energía. Un reforzamiento del aparato represivo para “asegurar” la cuarentena de los trabajadores apunta a buscar una desmovilización de los reclamos.
Sin embargo, en la medida que el gobierno no vuelque los recursos necesarios para reforzar el sistema de salud y las patronales no cumplan con la cuarentena para sus trabajadores, la tendencia será de incrementar las protestas y ninguna represión va a garantizar la correcta atención que esas protestas reclaman.
Morales busca explotar esta pandemia para apuntalar un gobierno que ya ha demostrado su fracaso. Este intento, por el contrario, encierra un choque mayor contra los trabajadores y explotados de la provincia
