La Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (AMCHAM) quiere a Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), IDEA y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que agrupa a los representantes legales de las principales compañías del país- publicaron una solicitada donde reclaman “cumplir integralmente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura establecido por ley en 2006. El mismo bloque había presentado, en febrero pasado, un proyecto de ley para impulsar una reforma “que empodere a la Corte” (El Cronista, 8/2) y coloque a su presidente, Horacio Rosatti, al frente del Consejo.

El fallo supremo establecía la fecha límite del 15 de abril para que el Congreso dictara una nueva norma. Caso contrario -como ocurrió- ordenaba el restablecimiento de la ley anterior, que disponía una composición de 20 miembros, encabezada por el presidente de la Corte. Toda la atención se concentra ahora en lo que vaya a ocurrir el lunes próximo, a saber, si Rossatti tomará posesión del cargo o si el Consejo de la Magistratura entrará en un impasse, ya que el fallo ordena que, de retrotraerse a la ley anterior, los nuevos integrantes "iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea". Ya eligieron nuevos representantes los jueces y abogados; los académicos harán lo propio el lunes 18, pero el Congreso -que debería designar un nuevo integrante por cada cámara- no ha dado muestras de ningún avance. Tanto Massa como CFK han detenido el trámite, ya que depende de ambos en su condición de presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Por otra parte, un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, presentado por el FdT, que eleva a 17 su número de miembros, pero excluye a la presidencia de la Corte, tuvo media sanción del Senado, pero se ha empantanado en Diputados.

Se trata de un fallo irregular, ya que la Constitución no especifica el número de integrantes del Consejo ni tampoco establece la presidencia a manos de la Corte –solamente se refiere a “equilibrio entre la representación” de sus diferentes estamentos-.

El pronunciamiento de la Cámara de Comercio norteamericana pone al desnudo el nivel de injerencia que el Departamento de Estado se ha reservado para la Argentina, luego del acuerdo del FMI y del alineamiento del gobierno con la OTAN. El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de designar y revocar a los jueces; entre ellos, los del fuero federal, encargado de dirimir los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. En Comodoro Py, precisamente, se tramitan los expedientes contra Cristina Fernández y Mauricio Macri. Son, además, los tribunales donde se registra la mayor injerencia del lobby norteamericano. Este alimentó la “causa de los cuadernos” -que involucran al conjunto de la ´patria contratista´ y del establishment político y económico local- en la disputa por un lugar en el negocio de la obra pública, suerte de capítulo local de la trama Odebrecht. El kirchnerismo viene de fracasar en el intento por nombrar jueces afines en ese fuero –esa palanca quedaría en manos de Rosatti. El futuro de su líder carismática se ha ensombrecido y no sólo por su caída en las encuestas.

En las condiciones de crisis excepcional como la que atraviesa la Argentina, el arbitraje excepcional que se ha auto-designado la Corte plantea un “conflicto de poderes” y es un factor de aceleración de la crisis política. El gobierno Biden ha asumido su tutela y estrechado lazos con el ala ´norteamericana´ de la coalición de gobierno -Manzur, Béliz, Arguello, Massa-, como se manifiesta con creciente regularidad en todos los foros internacionales. El kirchnerismo no tiene nada que ofrecer. Es incapaz de articular un rumbo alternativo a la catástrofe que se avecina.

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