Tucumán: los abusos del poder político y la lucha contra la impunidad

Esta semana Alperovich fue llamado a indagatoria, ya sin fueros, en la causa por abusos sexuales a su sobrina. Esta instancia se produce a 2 años y medio de la denuncia, donde se impuso la complicidad del senado, de la justicia y del propio PJ que se llamó al silencio. Como era de esperarse, negó los hechos y se presentó como víctima de una operación para desplazarlo del escenario político. El juez federal, Osvaldo Rappa, tiene 10 días para resolver si da lugar al procesamiento o no.

El destino de esta causa, por supuesto, no puede quedar en manos de la justicia que ya viene dando cuentas de la protección a Alperovich. Fueron tres los pedidos del llamado a indagatoria que realizaron los fiscales intervinientes. El movimiento de mujeres y de lucha contra la impunidad cuando se conoció la denuncia realizó distintas acciones de reclamo de justicia y mantiene las consignas en las calles. También se unió el reclamo a otros casos de abusos del poder político que hay en la provincia.

En este sentido, se encuentran denunciados por abusos Antonio Estofán, uno de los vocales de la Corte Suprema de Justicia; Ricardo Bussi, legislador e hijo del ex genocida, José Orellana ex diputado y actual intendente de la ciudad de Famaillá; el legislador y secretario general de FOTIA Roberto Palina, en este caso por abuso sexual infantil; y Rodolfo Burgos, funcionario de la universidad nacional de Tucumán y presidente del directorio de canal 10. Engrosan la lista con denuncias por violencia de género el concejal por la ciudad de Alberdi Bruno Romano y el intendente de Las Talitas Carlos Najar.

También se encuentra en curso el juicio por una violación grupal a Andrea, una joven del interior tucumano por parte del hijo de un ex legislador, ex intendente y actual funcionario provincial. Luego del abuso intentaron silenciarla ofreciéndole dinero y con distintas formas de hostigamiento. Como resultado de la fuerza de Andrea para sobreponerse y de su mamá que llevó adelante la lucha por justicia se llegó al juicio que está en sus instancias finales.

Todos estos casos se vienen denunciando mostrando que el denominador común es la impunidad no sólo de la justicia sino de todo el régimen político. Lo que prima es el silencio de las instituciones y la persecución a las víctimas. Esta semana se conoció el despido de la hija de la denunciante de Estofán, Solange Di Santis, quien se desempeñaba en recursos humanos del poder judicial. La acusan de desprestigiar a la institución en tanto se puso a la cabeza de la lucha por justicia para su mamá. Lupe, víctima de Bussi tuvo que pedir refugio ante la ONU en tanto recibe permanentes acciones de hostigamiento y su causa se encuentra cajoneada. La madre de la niña que sufrió abusos de parte de Burgos recurrió a medios nacionales ya que el caso no transcendía en los canales y periódicos provinciales.

Este escenario plantea la necesidad de profundizar la lucha contra los abusos del poder político y por justicia en cada una de las causas. Hay que poner en pie una campaña por el procesamiento a Alperovich, Burgos y el resto de los abusadores, por la reincorporación de Solange Di Santis en el poder judicial, por la protección a Lupe y el desafuero a Bussi y por el castigo y cárcel para Andrea en esta semana final del juicio. Como perspectiva está planteada la necesidad de desmantelar este régimen que como resultado de su descomposición y podredumbre avanza contra las mujeres y niñas.