Escribe Ana Belinco
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Nueve militares retirados, en una comparecencia convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconocieron por primera vez y frente a los familiares de las víctimas de "los falsos positivos" durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El asesinato de civiles para pasarlos como bajas de combate era una forma sistemática de represión estatal. Las declaraciones estremecieron al pueblo colombiano, que viene de protagonizar una rebelión popular y una huelga general histórica contra el régimen.
"Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos", dijeron. "No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos, crímenes, asesinamos personas inocentes, campesinos. Lo que asesinamos fueron campesinos", declaró el ex militar Néstor Guillermo Gutiérrez.
La presión ejercida sobre las unidades del Ejército Nacional Colombiano para que se reportaran éxitos militares respondían a la necesidad del gobierno de Uribe de mostrar avances de su política represiva contra las FARC y otros grupos guerrilleros asentados en la selva. Se incentivaba a los oficiales con retribuciones de carácter económico, más días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. Tampoco los yanquis pueden ser ajenos a estas prácticas, ya que su injerencia militar en la represión interna de Colombia, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha sido enorme.
Para el Derecho Internacional Humanitario la situación cae bajo la figura de "crímenes de guerra" y "ejecuciones extrajudiciales" y para el Derecho Penal Colombiano bajo la figura de "homicidios en persona protegida". La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en febrero de 2021 que en Colombia, al menos 6.402 personas fueron víctimas de los llamados falsos positivos. Un verdadero genocida.
Uribe, cabeza de este plan sistemático, debe ir preso junto a los militares que lo ejecutaron. El pueblo colombiano, en 2021, ha protagonizado, pese a la enorme represión, una prolongada rebelión popular contra la política de hambre del uribista Iván Duque. Su lucha llevará a los asesinos a la cárcel.