Catamarca: operativo de criminalización contra vecinos y luchadores de Andalgalá
Escribe Bruno Corzo
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Al día siguiente de la brutal represión en Choya, Andalgalá, contra vecinos y luchadores que se oponían a que se avanzara con el emprendimiento megaminero de Agua Rica, el gobierno del Frente de Todos que encabeza, Raúl Jalill montó desde muy temprano un operativo de justificación del accionar policial.
Por medio de una solicitada y el recorrido en todos los medios por parte de ministros y funcionarios se encargaron de presentar los hechos como un enfrentamiento contra grupos antimineros, e instalando la versión de que la policía fue víctima de una emboscada.
Mientras el gobierno daba rienda a esta campaña mediática, Andalgalá aparecía militarizada con una fuerte presencia policial en Andalgalá reforzada con grupos de infantería.
En ese mismo escenario, Karina Orquera, quien fuera detenida en la acción represiva en Choya, era indagada e imputada por atentado contra la autoridad en grado de coautoría y concurso real procurando crear un clima de intimidación sobre todos los pobladores de que cualquier acción de resistencia o de protesta a las pretensiones o atropellos de las mineras van a ser enfrentados con el Código Penal.
La imputación sobre Karina se suma a la de los 12 luchadores andalgalenses imputados en 2021 y en un marco general de criminalización contra luchadores sociales.
El gobierno de Jalill está dispuesto ir a fondo en su política anunciada en su discurso de apertura de las sesiones legislativas el pasado fin de semana. Allí ratificó la política de entrega de los recursos naturales al capital internacional minero como una política de estado. El llamado al diálogo y a la paz social, en sus términos, no es más que el corolario de una sistemática cooptación y estructuración de un aparato en favor de la explotación de Agua Rica.
La oposición patronal, por su parte, se encuentra disgregada. En Andalgalá el intendente de Juntos por el Cambio desenvuelve una demagogia impotente; mientras que en el senado provincial eluden fijar posición y delegan la tarea al poder judicial, que ya está operando contra los vecinos movilizados.
En contraste, desde distintos puntos de la provincia y del país se suscitaron acciones de solidaridad y lucha.
En la Capital catamarqueña durante la mañana del miércoles se produjeron concentraciones en la Plaza Central de vecinos, activistas y organizaciones sociales y políticas. Todo ello culminó con una asamblea en la que se resolvió nuevas medidas de lucha para el próximo sábado, con la realización de un festival solidario. Durante la jornada, llegaron pronunciamientos solidarios de distintas organizaciones gremiales y socio ambientales de distintas provincias, y una concentración en la ciudad de Buenos Aires.
Es imprescindible extender y profundizar la lucha en defensa de las libertades democráticas, el desprocesamiento y anulación de todas las imputaciones a los vecinos y luchadores, el retiro de todas las fuerzas de represión en Andalgala y las zonas mineras.
En ese marco es necesario avanzar en clarificar el contenido y perspectivas de la lucha antiminera. La lucha contra el saqueo de los recursos naturales y contra la contaminación del agua y el medioambiente que producen los emprendimientos de la megaminería a cielo abierto tiene que asociarse a la lucha contra el gobierno y el régimen político nacional y provincial. El impulso a la explotación megaminera está inscripto en los acuerdos con el FMI.
Un congreso de trabajadores, uniría, la defensa del agua y el clima, al conjunto de reivindicaciones que hoy motorizan las luchas de la clase obrera y la lucha piquetera en una lucha de conjunto y una salida política independiente: un gobierno de trabajadores.
