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Días atrás se llevó a cabo en Rosario un “Encuentro Nacional de la Justicia Federal” al que asistieron todos los jueces federales del país, la Corte Suprema de la Nación en pleno e invitados como el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y otros representantes del Estado. La ciudad de Rosario fue elegida por llamar la atención acerca del despliegue de actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, y lo que muchos califican como un vaciamiento de la Justicia Federal en la Provincia. En estos términos, fue convocado para armar una tribuna contra el gobierno nacional.
En la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, el pasado 1° de Mayo, el gobernador reclamó la constitución de nuevos juzgados federales, mayor presupuesto y recursos humanos, en un mensaje dirigido directamente a Alberto Fernández. El Presidente había dispuesto una mayor presencia de fuerzas de seguridad nacionales en el territorio santafesino.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, reclamó que se designen los cargos vacantes de jueces federales, que se estima en un 50 por ciento, que achacó a la falta de “voluntad política”. Ambos lados de la ‘grieta’ tienen procesos judiciales por actos de corrupción, que procuran dilatar en el tiempo. Rosatti mediante un golpe de timón asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura para apurar designaciones que, sin embargo, han seguido empantanadas.
Este llamamiento debe ser leído como un emplazamiento de la Corte para encauzar una crisis terminal. La corrupción del narco ha infectado todos los estamentos del Estado –la policía, el poder judicial, el ejecutivo y la legislatura-. Armando Traferri, senador por el departamento de San Lorenzo, está acusado de ser parte de una asociación ilícita vinculada con el juego clandestino. Traferri es gobernador interino ante la ausencia de Perotti y la licencia de la vice.
Rosatti dijo además que “pocas veces se ha visto, como en este caso, la relación directa entre la calidad institucional o la falta de calidad institucional y la calidad de vida o la falta de calidad de vida de la gente”. Habló de un “Estado no consolidado”, carente de cohesión y de funcionamiento en todos los niveles. Señaló la necesidad de hacer “inteligencia democrática”. El mismo ex intendente de la capital de la provincia, Rosatti, aparenta creer que la eliminación del narcotráfico debe arrancar desde el Poder Judicial.
Rosatti ha añadido a la crisis de gobernabilidad, que reúne al default financiero, la desintegración del gobierno y la crisis de régimen, un colapso del mismo Estado. Martín Guzmán, el ministro de Economía, plantea resolverlo mediante el “equilibrio macroeconómico”; Alberto Fernández mediante el acatamiento al Poder Ejecutivo; los cristinistas mediante el desdoblamiento de las elecciones e incluso una reforma de la Constitución. Los macristas y el FMI depositan una salida en un cambio de gobierno en 2023/4, mientras los primeros se dividen, aunque no para reproducirse, y los segundos enfrentan una cadena de defaults (Sri Lanka, Pakistan, Ecuador) en medio de una guerra imperialista. La convocatoria judicial santafesina ha puesto al desnudo la completa impotencia del régimen político para evitar una catástrofe.
