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Días atrás se dio a conocer la situación de una adolescente que huyendo llegó a la comisaría de la mujer de El Bolsón, descalza y con signos de abuso físico en su cuerpo; en un primer momento se sospechó de una situación de violencia intrafamiliar.
A la policía le llevó por lo menos tres entrevistas con la joven para dar cuenta de que era víctima de una red de trata.
No nos sorprende que en una localidad pequeña surjan este tipo de abusos. No nos olvidamos del “prostíbulo” que funcionaba en connivencia con el poder político local y la policía. Varias mujeres reconocieron que habían sido traídas y obligadas a prostituirse en ese hostel.
¿Qué acompañamiento tuvo la joven por parte de la justicia? Un nuevo Documento Nacional de Identidad y volver a ocultarla, esta vez tras la figura de testigo protegido.
Entonces, ¿a quién protege el sistema judicial? ¿De qué lado de la línea esta parada? ¿A favor de la víctima o del abusador? ¿Por qué no se expone el nombre de la familia que la mantenía en cautiverio?
Este sistema opresor que no tiene reparos en publicar la cara de aquel que robe un kilo de pan, hoy protege al victimario.
Luchar contra este negocio nos debe llevar a organizarnos en contra de la comercialización de las personas, enfrentando a este Estado capitalista.
