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El avance sobre los planes sociales forma parte del “ordenamiento económico” que prevé el acuerdo con el FMI. Si bien Zabaleta congeló los nuevos ingresos al Potenciar Trabajo desde hace ocho meses, la conversión de los planes sociales en trabajo precario y en subsidios a las patronales ha fracasado.
Luego del discurso de CFK contra las organizaciones sociales, los medios anunciaron que "el Gobierno les saca 180.000 planes sociales a los piqueteros y se los traspasa a los intendentes y los gobernadores". Se trata de una iniciativa que comenzó a tomar forma con la asunción de Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social, y se aceleró con las declaraciones de CFK. Los 180.000 afectados serían aquellos que decidieron pasarse de su organización a otra, pero que el Ministerio reasignó a los intendentes. Desde el Polo Obrero Tendencia denunciamos desde el primer día el objetivo de convertirlos en mano de obra precarizada para los intendentes.
La “liga de gobernadores” del Frente de Todos que se reunió en el Chaco puso la mira en "transformar planes sociales en trabajo digno". El intendente macrista de Lanús, Néstor Grindetti, señaló, en una carta, que “la administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios, de esta manera se elimina la intermediación y el plan social llega de manera directa al vecino que lo necesita, como contrapartida debe realizarse una tarea para la comunidad. Cortar las calles no es más una opción”. El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, coincidió: “hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios”.
En este contexto, el presidente de Diputados, Sergio Massa, decidió reflotar su proyecto de ley, “un puente al empleo”, con el mismo objetivo de “convertir los planes en trabajo”. Por su parte, Emilio Monzó, diputado de Juntos por el Cambio, se lanzó al ruedo con un proyecto propio, idéntico al proyecto massista, titulado “Mejor Trabajo”. Se trata, en ambos casos, del otorgamiento de una serie de distintos “incentivos fiscales” a las empresas que contraten desocupados que cobran un plan social, sin que se les caiga el plan por un año. Los “incentivos” prevén la reducción de un 100% de las contribuciones patronales por dos años.
El hecho de que el proyecto original de Massa, presentado hace más de ocho meses, nunca fuera tratado en comisiones, revela que la iniciativa se veía inviable. Esto es así porque se entiende que la industria es incapaz de absorber toda esa mano de obra disponible (1,2 millones de personas), incluso en forma precarizada. Incluso se encuentra vigente desde 2021 el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que habilita la posibilidad de acceder a trabajos temporarios sin que ello implique la caída del plan. Aun así, según los medios, desde que comenzó a funcionar el Potenciar Trabajo solamente el 1,2% de quienes lo cobran llegaron alguna vez a conseguir un empleo formal.
El intento por reflotar el proyecto massista no obedece a que las expectativas sobre la situación económica sean mejores que las de hace ocho meses. Al proyecto original le fue agregado un artículo clave que habilita tanto a las gobernaciones como a las intendencias de todo el país a formar parte y beneficiarse de este proyecto. Lo mismo sucede con el proyecto presentado por el macrismo.
El mecanismo a través del cual esto se llevaría a cabo sería mediante la posibilidad de que estas instituciones estatales se conviertan en “entes ejecutores”. De esta manera, podrían pasar bajo su control una cantidad importante de los planes sociales que además de favorecerlos con “incentivos fiscales”, les ofrecería una masa de mano de obra barata para tareas que, de otra manera, llevarían a cabo trabajadores bajo convenio.
Salario universal
Nada asegura que este nuevo proyecto vaya a tener éxito. Por eso, un sector del kirchnerismo alineado con las organizaciones sociales tiene en carpeta otra iniciativa –la del “salario básico universal”. La impulsa desde hace tiempo Juan Grabois, del MTE. Contempla, para cerca de 7 millones de desocupados, un ingreso cercano a los $13.000, contraprestando “tareas comunitarias” o realizando “capacitaciones”. Un documento firmado por diputados del Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos, Patria Grande y la CCC, reclama al Frente de Todos el tratamiento parlamentario de manera urgente. El proyecto se encuentra cajoneado por el propio oficialismo.
Esta propuesta fue rechazada, en su momento, por el ahora saliente Ministro de Economía. El proyecto se encuentra en sintonía con el diagnóstico que Cristina Fernández hizo en el acto en la CTA, donde sostuvo que el número de planes sociales existentes es superior al de desocupados.
El agotamiento de la política oficial le plantea al gobierno la necesidad de un ajuste mayor. La movilización del 9 presentará una oportunidad para desplegar las consignas políticas adecuadas para la etapa. El Polo Obrero Tendencia se movilizará planteando la necesidad de un congreso obrero, una huelga general y un gobierno de trabajadores. Con esa misma perspectiva, convocamos a un gran congreso nacional abierto en Lanús para el 16 de julio.
