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El 1 de agosto salió un comunicado que pretendió dar más precisiones sobre la jornada de 25 horas semanales.
En primer lugar plantea que durante 2022 y 2023 no se va a imponer en ninguna escuela sino que va a ser de carácter optativo. Sin embargo, deja en claro que la idea es ir avanzando en la quinta hora en las escuelas de jornada simple mientras no sea posible convertirlas en jornada completa.
Las escuelas que lo implementen lo llevarán adelante con maestras que acepten hacer esa hora adicional con su mismo grupo de alumnos y, en el caso que no acepten, la hora será cubierta mediante acto público por otro docente.
El planteo es tan perverso que la hora adicional se paga como módulo, separado del cargo, por lo cual no sirve para engrosar el tramo principal para la jubilación, pero si una docente acepta hacer esa hora adicional y pide licencia, el cargo que sale a acto público es de 25 horas, todo junto, sin posibilidad de desdoblar, estableciendo en los hechos una jornada obligatoria de 25 horas.
El comunicado sigue sin dar cuenta de que la mayoría de las maestras de grado, obligadas por la miseria salarial, trabaja doble cargo. Por lo cual, la quinta hora, optativa o no, viola toda la legislación nacional e internacional sobre derecho laboral, ya que implica una jornada de 10 horas de trabajo, pasando ampliamente el límite de 40 horas semanales. La sobrecarga laboral ya es hoy en día insoportable debido al sinfín de tareas administrativas que se suman a la labor pedagógica y a la falta de nombramientos. El objetivo que plantea el comunicado, “fortalecer el trabajo en el aula” quedaría tristemente malogrado llevado adelante por docentes explotados al límite. Más útil sería tener docentes bien pagos y que se nombren los preceptores de primaria que solo existen en las escuelas privadas pagados con subsidios del Estado.
En el contexto inflacionario, la retribución planteada para las 5 horas semanales adicionales es irrisoria: 20.000 para el docente, 26.000 para el director. Ni se paga como hora extra, ni compensa la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por los acuerdos paritarios acordados por debajo de la inflación durante este año. Implica, por lo tanto, trabajar más por menos. La propuesta, tiene pretensiones de extorsión frente al hambre salarial, pero es tan miserable que no califica ni para eso.
El documento tampoco explica quién va a limpiar las escuelas, si también van a extender la jornada de trabajo de los auxiliares, por lo que el reclamo debería ser mancomunado entre todos los trabajadores de la educación.
Los sindicatos docentes apoyan las medidas del gobierno, incluído el paquete de ajuste, mientras la inflación devora al salario.
Para este 10 de agosto, la CTERA llama a una jornada nacional de “protesta” obligada por la lucha que se está llevando a cabo en 10 provincias del país. Más que nunca se hace necesario una verdadera huelga nacional para conquistar todas las reivindicaciones.
Aprovechemos la jornada para ir contra la quinta hora en primaria, por una actualización salarial del 100% y un salario por un cargo igual a la canasta familiar.