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Desde el fin de semana, las patronales del transporte han retomado el lockout: redujeron al 50% el servicio durante el día y no prestan más servicios en el turno noche. Esto ha descalabrado el ingreso del turno mañana y la salida del turno tarde de cientos de miles de trabajadores del AMBA. En las horas picos, en las paradas de colectivos se forman filas cada vez más extensas de trabajadores afectados por el lockout.
Las empresas reclaman una deuda de subsidios de alrededor 17 mil millones de pesos, de los cuales el 90% corresponde al Estado nacional y el 10% al gobierno bonaerense. La medida de fuerza patronal fue tomada por las empresas que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.). Durante la noche, solo una minoría de líneas no enroladas en estas cámaras siguió circulando.
El Ministerio de Transporte de la Nación convocó a las entidades para hoy, pero las compañías anticiparon que mantendrán el lockout de todos modos. El Gobierno interviene en el conflicto cediendo en toda la línea frente al reclamo patronal: viene de otorgarles el permiso para subir la tarifa 40% hace dos semanas. La semana pasada les pagó, para que levanten la medida, 2.100 millones de pesos a cuenta de la deuda. Todo esto no ha resuelto nada. Las multas que se labraron desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a algunas empresas -de $170.100- son irrisorias frente a la deuda que las patronales reclaman. Además de la deuda de 17 mil millones, exigen la suba del boleto a $150.
Las declaraciones de los representantes empresariales reflejan con claridad el carácter parasitario del sistema de transporte. Según José Troilo, presidente de la CEAP, el coste del servicio se sustenta apenas en un 13 % con lo que paga el pasajero al sacar su boleto. El 87% restante sale del Estado.
Las patronales también han involucrado a los trabajadores del transporte dentro de la extorsión, con varias de ellas dejando de pagar los aportes a las cargas sociales de los trabajadores de las líneas. Todo esto con el aval de la UTA, que actúa abiertamente como portavoz y lobbista del reclamo de subsidios para los capitalistas del transporte.
Los trabajadores, en primer lugar los del transporte, deben discutir un planteo que se cae de maduro: pago de los salarios en tiempo y forma, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, apertura de los libros contables bajo control obrero.
