Tiempo de lectura: 2 minutos
Fernández anunció ayer una presentación judicial para dar por terminadas las concesiones de los peajes del Acceso Oeste y Acceso Norte. Apunta a dejar sin efecto los contratos firmados por Macri en 2018, que dolariza las tarifas y extiende por otros diez años las concesiones para cobrar peaje. De acuerdo a esos contratos el peaje, ahora inferior a los cien pesos en las salida próximas a la Ciudad deberían aumentarse en casi un dos mil por ciento. La judicialización del tema podría derivar en indemnizaciones multimillonarias e incluso derivar a una jurisdicción extranjera. La inciativa, de todos modos, permitiría imputar a Iguacel, ex director de Vialidad, y a Macri y varios de sus exministros por “asociación ilícita”, entre ellos el ‘sonrisa’ Dietrich. Los estudios de abogados ya se preparan para un litigio que les rendirá honorarios extraordinarios.
Los contratos de Macri inauguraron la modalidad de la obra pública por medio del PPP –el sistema público privado. Por este régimen los concesionarios se endeudan, con financieras y bancos en condiciones abusivas, cuya contrapartida es el Tesoro nacional. Las licenciatarias recuperan la “inversión” por medio de tarifas dólar, o sea que el seguro contra la devaluación lo paga el usuario y, en última instancia, el Estado. Este sistema se ha desmoronado en todo el mundo, en primer lugar en Gran Bretaña, su plaza inaugural, y lo mismo ocurrió bajo la Argentina macrista. Los Fernández han respetado la renegociación del negociado entre el macrismo y las concesionarias durante tres años. Antes de esto, el peronismo votó en el Congreso el sistema PPP con los brazos en alto. La "asociación ilícita” tiene raíces profundas.
La devaluación macrista inviabilizó la PPP y los compromisos fueron renegociados con claúsulas muy perjudiciales para el Tesoro. La deuda generada por el desfasaje de los peajes con el dólar fue renegociada a un tasa del 8% de interés en dólares, libres de impuestos, sin descontar las inversiones no realizadas. Los macristas ‘explicaron’ que no había otra salida, poque la concesionaria española Albertis reclamaba 1250 millones de dólares y había iniciado acciones contra Argentina en el Banco Mundial. Esto lo hicieron los macristas que denuncian a la industria del juicio cuando se trata de reclamos laborales. Dietrich convalidó la dolarización de los contratos, permitiendo la indexación de los peajes por medio de un doble ajuste tarifario basado en la variación inflacionaria y en la evolución del tipo de cambio implícito en la cotización del llamado “dólar contado con liquidación”.
El mismo día que el gobierno anunció la intervención, los trabajadores levantaban las barreras de los peajes de la autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas del Corredor Atlántico y los trabajadores de las cabinas no les cobraban a los conductores en el marco de un paro por tiempo indeterminado decretado por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) de Facundo Moyano. La reconversión de los trabajadores de peaje en otras tareas, que el Moyano chico dijo que era ejemplar, ha fracasado según el mismo SUTPA. Facundo ya ha dicho en TN que es un decidido defensor de la reforma laboral y del PPP.
El escenario está abierto. No se sabe que opina Massa de esto, tampoco de si no se trata de una salida pactada con las concesionarias, a cambio de una feroz indemnización, que el gobierno pagará en bonos ‘duales’, a tasas de interés que han llegado al 120% anual.
