El largo brazo de los servicios detrás del atentado

Escribe Pablo Busch

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La designación de los tres abogados de Gabriel Carrizo, imputado como jefe de "banda de los copitos" y cercano a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, promete cambiar el carácter de la carátula del atentado.

Gastón Marano, el primero de ellos, es asesor de un senador del PRO que ocupa un cargo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Seguridad. Se sumaron dos letrados más: Brenda Salva, quien es también asesora de una diputada del PRO, y Fernando Sicilia, defensor de Leandro Araque y Facundo Melo, integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba bajolas órdenes de Silvia Majdalani en la AFI durante el gobierno de Macri. Carrizo no reúne las condiciones financieras para pagar los honorarios que acostumbran a cobrar estos letrados.

Si el atentado ocurrió a espaldas de este aparato de Estado, queda claro que los ‘copitos’ eran un grupo manipulado para actos de provocación política. La función de esta asesoría letrada inaudita sería entonces que Carrizo no hable más de la cuenta, como tampoco el resto de “Revolución Federal”, ni involucre a la AFI, cuyo actual director, Agustín Rossi, había excluido por anticipado de cualquier responsabilidad. Como sea, la cuestión del atentado ha ingresado en el terreno de una conspiración de Estado. Estamos ahora ante un operativo de “control de daños”.

Los tres abogados asumen la defensa de Carrizo, cuando se reúnen cada vez más pruebas en contra de éste: en los chats difundidos una vez levantado el secreto de sumario, el emprendedor de los algodones de azúcar reconoce que el atentado estaba planificado para la siguiente semana y que Sabag Montiel se precipitó. Está probado que Carrizo le proveyó un arma calibre 22 a Sabag Montiel y que luego del atentado anunció que iban por el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Una de las abogadas que tomó la defensa de Carrizo, Brenda Salva, es asesora de la diputada por la provincia de San Luis del PRO, Karina Bachey. La abogada intentó desconocer las pruebas que en los chats comprometen a su defendido. Al respecto declaró a Radio AM 990 que "Carrizo sería un bocón, sin orientación política, que no tiene nada que ver con Revolución Federal”. Dijo que “Gabriel la conocía a Brenda y que si hubiera tenido algo que ver, lo primero que tendría que haber hecho es borrar todos los mensajes"

A la luz del volumen político-jurídico de la defensa legal de la banda, estas afirmaciones tienen una función distraccionista. O un sector del aparato del Estado y los servicios de Inteligencia tramó el asesinato de CFK o este grupo operativo manipulado por la AFI se cortó por la suya. Estamos hablando de la AFI del espionaje político y del que apuntó a los familiares del ARA San Juan. El sobreseímiento a Macri en este último caso entra de nuevo en cono de sospechas. ¿Quién le paga a los abogados? Si no es Carrizo, ¿a qué persona cercana le están haciendo el favor? El nombre de Nicolás Caputo ya se encuentra mencionado como cliente de un carpintero de Revolución Federal, que expedía mercadería de Buenos Aires a Neuquén.

Para algunos voceros del oficialismo, el ‘diálogo’ que Cristina propuso a Macri es también una operación de ‘control de daños’, porque si los funcionarios macristas empiezan a ser llamados a indagatoria por el atentado, podría desatarse una crisis similar, de dimensiones menores, que la que habría desatado la bala que no se introdujo en la recámara.