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Las idas y venidas en relación al impuesto a las ganancias y las distintas resoluciones que se aplican han transformado al impuesto al salario en un verdadero jeroglífico, debido a las distintas resoluciones emanadas fundamentalmente desde el gobierno de Macri y el actual gobierno nacional.
¿Cuántos son los trabajadores afectados por el impuesto al salario? Según los datos oficiales, en 2019 aportaron por Ganancias 2.139.396 trabajadores, pero en lo que va de 2022 la cifra se ha reducido a 944.019. Para el gobierno la disminución se debe al aumento del piso salarial a partir del cual se aplica el impuesto.
Las últimas modificaciones al impuesto arrancaron con una ley aprobada por el Congreso en abril de 2021, impulsada por Massa, y la elevación del piso y del Mínimo No Imponible. El salario más bajo alcanzado por Ganancias tuvo una primera actualización, en enero, cuando fue llevado a $175.000. Luego, fue actualizado varias veces desde entonces y actualmente alcanza $280.792. Sin embargo, como el Mínimo No Imponible y las escalas se actualizaron en menor porcentaje que el piso, todos los trabajadores que ingresan a pagar el impuesto lo hacen con la alícuota más alta. Desde junio, para definir si corresponde o no descontar Ganancias, las patronales toman el salario bruto del mes en cuestión y, además, la remuneración promedio del período que haya transcurrido a partir de ese sexto mes del año; si ambos números superan los $280.792, se tributa.
Este criterio dio como resultado que empleados jerárquicos, descontado el impuesto, acaban recibiendo en mano un salario inferior al de un operario que no es alcanzado por el gravamen. La cuestión del salario bruto no sería un problema porque casi ningún salario básico de convenio, en Argentina, supera el piso de los $280.792. El problema se presenta, sin embargo, en las grandes fabricas de la industria siderúrgica, petrolera, aceitera y aquellas que por su regímenes de trabajo tengan incorporadas las horas extra de forma cotidiana (es el caso del neumático, entre otras).
Las patronales se quejan por las ´distorsiones´ que introduce este complejo esquema. “Los supervisores terminan cobrando un salario muy parecido al de empleados que están bajo su control, dice el contador Mariano Ghirardotti, quien evalúa que los 'parches mal pensados' generan un escenario que 'atenta contra el buen ambiente laboral', porque las gerencias medias quedan disconformes y porque, por ejemplo, 'el rechazo a hacer horas extras [para no tributar] es un drama', más aún cuando los precios se comportan de tal forma que actualizar Ganancias dos veces al año resulta insuficiente” (La Nación, 18/9).
La burocracia sindical mira para otro lado frente al impuesto al salario y en las grandes plantas las comisiones internas han tenido que recurrir a acuerdos por fábrica, como una forma de sortear aunque sea solo parcialmente el yugo de “ganancias”. En una fracción minoritaria de la clase obrera, se establecieron algunos sistemas de compensación por Ganancias, con acuerdos de bonos no remunerativos en aceiteras y siderúrgicas, o con pago de horas extra por encima del 100 % que compensan solo muy parcialmente los descuentos; luego viene la letra chica de la liquidación que afecta en forma distinta a solteros y casados, donde juegan también otros factores incluidos en las nuevas reglamentaciones que, en esencia, no alteran el carácter confiscatorio del salario.
Ninguna de estas medidas parciales evita que una parte del salario se lo lleve el impuesto. El gobierno, de acuerdo a la inflación, debía colocar el Mínimo No Imponible en $320.000, pero en pos de aumentar la recaudación no lo hizo.
Es una necesidad de toda la clase obrera que se elimine definitivamente el impuesto al salario; la abolición de los impuestos directos e indirectos al salario; aplicar un impuesto progresivo a las grandes fortunas; establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; la aplicación del 82% móvil; el cobro del salario familiar a todos los trabajadores, la eliminación de la precarización, mediante el control de las contrataciones por parte de las comisiones internas, y un plan de obras para emplear a la totalidad de los trabajadores desocupados.
Una tarea que debe ser arrancada con una huelga general que recomponga los salarios y elimine el impuesto.
